Persuasión televisada

          Cabe recordar que cuando hay varios secuestradores, existe la posibilidad de que pueden comenzar a entregarse a las autoridades de uno en uno, comenzando por el más temeroso. En tal sentido, los medios de comunicación juegan un papel importante, sobre todo la televisión porque transmite lo que ocurre en vivo.

          En el caso de Terrazas del Avila, cuando el negociador logró que uno de los delincuentes se entregara, el llamado Hernancito, hubo que protegerlo. Al fiscal se le presentaron problemas con algunos funcionarios policiales, a quienes apartó a empujones. “El está bajo la protección del Ministerio Público, y no lo tocan”, hubo que repetir. Este despliegue de protección también era para que el otro delincuente, quién aún estaba con los rehenes, viera por televisión que se le decía la verdad y redujese su agresividad.

         La sociedad civil tiende su dedo acusador contra la Fiscalía porque tiene la sensación de que se respetan más los derechos humanos (DD.HH.) de los delincuentes que los suyos. Lamentablemente, en realidad existe esa distorsión. Como fiscal del Ministerio Público y miembro honorario de Amnistía Internacional, aclaramos que los derechos humanos tienen un límite, un alcance y una extensión.

       En Venezuela existen personas y organizaciones del Gobierno y no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos porque obtienen fines políticos, y a veces incluso económicos. Han generado un desfase de los DD.HH., desvirtuando su esencia pues no son ilimitados: empiezan y terminan donde empieza el derecho del otro.

          Se habla sobre los DD.HH. del delincuente, pero pocos se preocupan por los de la víctima. Nadie menciona la Ley de Redención de la Pena que establece un fondo de compensación de asistencia a la víctima de delitos. Entonces, ¿por qué no se pone en práctica si está en el texto de la ley? ¿Tienen más derechos los delincuentes que las víctimas? Siendo el delincuente quien causó el daño, mientras dure su reclusión tiene que cumplir sentencia por ese daño. En prisión, el trabajo es una obligación. También lo beneficia, porque si trabaja y estudia se le aplica una disminución de la pena. Pero el dinero que recibe, producto de su trabajo, debería destinarse para compensar parcialmente el daño causado, porque la pena no se refiere únicamente a la reclusión.

          Esa es una lucha que abarca a la Fiscalía General de la República, al Ministerio de Interior y Justicia y a muchas personas. Pese a los opositores, existe voluntad para mejorar esta situación y poner en práctica la Ley de la Redención de la Pena.

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