Para enfrentar el problema de los secuestros, debe existir una infraestructura basada en los siguientes aspectos:
1.- Definición de una política de Estado con énfasis en la
NO-RENDICIÓN a las exigencias del secuestrador.
2.- Establecer como objetivo de la intervención de los organismos de seguridad la resolución del conflicto con el menor daño humano y físico.
3.- Comprender que la intervención de los organismos de seguridad no garantiza “cero daños”.
4.- Asignación de recursos por parte del Estado para desarrollar y para actualizar contínuamente sus habilidades en esta materia.
5.- Desarrollo de habilidades complementarias en materia de: negociación; comunicación entre los diferentes organismos de seguridad; investigación; inteligencia; rápida y eficiente capacidad de respuesta; coordinación con los organismos de salud, bomberos, alcaldías, Defensa Civil, empresas telefónicas y empresas de electricidad, entre otros; conocimientos en el manejo de explosivos.
Los componentes principales en la toma de rehenes abarcan la negociación, la Unidad Especial Antisecuestro y la autoridad.
En tales casos, se aspira a resolver el conflicto mediante la negociación. La experiencia indica que la Unidad Especial Antisecuestro intervendrá únicamente cuando exista una situación de alto riesgo (comienza el asesinato de secuestrados o la amenaza de un daño mayor), surge una oportunidad de intervenir con la fuerza y culminar el conflicto y/o la autoridad autoriza la intervención mediante la fuerza.
Hay que tener presente que la autoridad no es un cargo honorífico y que debe ser una persona con habilidades interpersonales, conocimientos del tema y habilidad de tomar decisiones bajo presión. Además, debe contar con el respaldo oficial para la toma de decisiones, conocer las fortalezas y las debilidades de los organismos de seguridad y estar disponible y ubicable inmediatamente.