Durante un secuestro, la familia vive condiciones diferentes a la toma de rehenes, pues desconoce el paradero del secuestrado y cuál es su situación. Está a expensas de los contactos de los secuestradores para obtener información.
Ante tales casos, la familia debe planificar cuáles van a ser sus pasos inmediatos, y una de sus primeras decisiones es llamar a un asesor de familia o de cabecera, experto en la materia, que esté dispuesto a ayudar unilateralmente. No necesariamente tiene que ser un policía, pero está obligado a conocer la situación de forma tal que su asesoramiento permita a los familiares manejar sus relaciones con los secuestradores, la policía y la prensa.
En general, servirá de orientador a los familiares en ciertos momentos y les determinará desde dónde y cómo hacer las cosas. Habrá de ayudarlos en todos los aspectos, inclusive con las relaciones interfamiliares que se deterioran mucho.
En la toma de rehenes o en una situación de rehenes se observa lo que está pasando. Los allegados saben que su familiar retenido está bien, porque las cámaras de los medios televisivos logran filmar el hecho, en el lugar de los acontecimientos.
Además, la familia llega a conocer las exigencias de los secuestradores. Esas peticiones, generalmente, no tienen relación con el dinero de la familia. Están más dirigidas a asuntos relacionados con el Gobierno, como la liberación de presos o las condiciones para poder huir. Los organismos que atienden esos casos son el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), el cual cuenta con un equipo antisecuestro, y la Fiscalía General de la República, como lo estipula el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).