En los regímenes democráticos las fuerzas policiales tienen el papel central de combatir la inseguridad, mientras que en los autoritarios emplean a las fuerzas armadas para esta labor. Esta es una conclusión compartida por expertos en la materia, como los generales retirados Miguel Aparicio y Enrique Prieto, y la presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y es también una opinión resaltante en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicado en el año 2009.
Invertir los papeles -tal como pretende el presidente Nicolás Maduro, según se desprende de sus declaraciones del sábado sobre sacar el Ejército a la calle para combatir la delincuencia- es un error, pues tradicionalmente las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, que corresponde a la fuerza policial civil, afi rman los expertos.
Argumentan que la medida de delegar responsabilidades en la FANB en materia de seguridad ciudadana, en lugar de reducir la inseguridad, podría traer como consecuencia la intimidación de la población.
«La FAN no puede combatir la delincuencia con armas de guerra, pues la inseguridad hay que atacarla con la prevención.
Cuando se desborda a la policía en desórdenes públicos es cuando la fuerza armada actúa por mandato constitucional y según lo establecido en el Reglamento de Servicio y Guarnición.
Si está en la calle es para intimidar», sostiene Aparicio.
San Miguel afi rma que hay una clara criminalización de la protesta puesta en marcha por el gobierno de Maduro. «Este despliegue selectivo de la FANB en unas áreas y la Policía Nacional en otras es claramente una bisagra orientada a la línea de intimidar. Los estándares internacionales hemisféricos establecidos por la CIDH hablan de la inconsistencia e inaplicabilidad de la fuerza armada en el control del orden público», enfatiza.
Con ella coincide el general retirado Enrique Prieto, que opina que Maduro pretende utilizar la FAN como una guardia pretoriana.
«Quieren poner a la FANB en la calle para amedrentar a los ciudadanos que protesten, no para atacar el hampa», asegura.
En peligro los derechos humanos.
El informe de la CIDH aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna, pues acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos. «Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas, ya que son dos instituciones substancialmente diferentes. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general es acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos», así se especifi ca en el capítulo «La intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana» del informe.
San Miguel advierte que hay una equivocada interpretación de la seguridad de la nación, que no ha terminado de entender el Gobierno.
«El principal plan al que debería orientarse el Gobierno es al del control de armas y municiones. Mientras no exista una política precisa, que hable del armamento en Venezuela, seguiremos con la cifra escandalosa de 50 muertos diarios en Caracas», agrega la experta en el área militar.
La labor de la FANB se encuentra claramente establecida en los artículos 324, 328 y 330 de la Constitución Nacional.
Miguel Aparicio plantea que en lugar de tratar de intimidar a la población lo que debería hacer Maduro es buscar el diálogo y asesorarse bien: «Debe dejar de estar pendiente de Henrique Capriles y ocuparse de la inseguridad».
