El Plan Patria Segura, que se convierte en el número 21 implementado por el Gobierno en materia de seguridad ciudadana, se ha convertido en una total contradicción dentro del pensamiento «revolucionario».
Insistentemente se ha hablado de un nuevo modelo policial no represivo sino socialista formado en la UNES, sin embargo se manda al Ejército a la calle inicialmente en cuatro parroquias de Caracas y luego progresivamente en el resto del país, aunque los efectivos castrenses no han sido formados en «humanismo» sino para la guerra.
En principio, la decisión burla los principios consagrados en la Constitución, que establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil (artículo 332), y que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución organizada exclusivamente para garantizar la independencia y soberanía de la nación (artículo 328). En segundo lugar, tal como lo sostiene el miembro de la comisión de seguridad de la MUD Luis Izquiel, evidencia el fracaso de todas las reformas policiales iniciadas en Venezuela, incluyendo la formación de la Policía Nacional Bolivariana en 2009. Recuerda que Catia, por ejemplo, donde ya están desde ayer los efectivos castrenses, había sido la localidad piloto de la PNB. Además, la propia rectora de la UNES, según palabras de Izquiel, siempre habló en contra de la militarización de la seguridad ciudadana y a favor del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, «pero ahora que está en el gobierno calla», apunta.
TAPANDO EL FRACASO No es la primera ocasión en que se utilizan militares dentro de los paños calientes del gobierno ante el disparo del hampa. Izquiel recuerda el plan Dibise, que no tiene nada resuelto después de varios años; la Guardia del Pueblo, que sigue funcionando pero que tampoco ha dado frutos; y el Plan Ruta Segura, que prometía un guardia en cada autobús del país pero que duró 10 días porque los delincuentes les quitaban los FAL a los efectivos. La falta de seriedad de este gobierno, a juicio de Izquiel, se refleja también en la ausencia de rendición de cuentas de sus programas. Se pregunta qué pasó con A toda Vida Venezuela, que está por cumplir un año de funciones y que tiene medidas inmediatas sobre las cuales no se ha tenido resultado conocido. Advierte que pese a que se insista en decir que esta militarización de las calles es continuidad de la misión, esto es mentira. «Yo me he leído la misión de adelante para atrás y por ninguna parte aparece eso.
Lo que pasa es que no quieren reconocer que ese plan fracasó», asevera.
Los antecedentes de militares responsables de violaciones de derechos humanos, es otra de las razones preocupantes de este nuevo plan, según indica el abogado penalista Alonso Medina Roa, para quien no hay garantía de evitar abusos de soldados que no tienen ninguna formación en DDHH. «Lo que se busca es diseñar una política de seguridad represiva, desconociendo los esquemas criminológicos», afirma.
Hace algunos días, desde Provea se advertía que la militarización de las calles podía ser una manera de imprimir temor social para evitar protestas ciudadanas a la crisis económica.
