Señalan que Ley de Desarme del 2002 era inaplicable

El martes la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme, norma en la que se trabajó por más de año y medio. Venezuela ya contaba con legislación relativamente reciente (2002), pero la misma era poco aplicable, según parlamentarios oficialistas, de allí que se decidió elaborar otro texto.
El diputado Freddy Bernal (PSUV- Distrito Capital), quien fue uno de los que encabezó el proyecto, explicó que el texto que se encontraba vigente hasta el 4 de junio «era muy tecnicista» por lo cual no tuvo la posibilidad de ponerse en práctica. «No tenía que ver con la realidad venezolana, lamentablemente era inaplicable».
Aunque la nueva Ley también incorpora elementos técnicos, Bernal señaló que los mismos permiten puntualizar y con ello aplicar el texto. «Por ejemplo, no existía el término arma rudimentaria. Al no existir cuando se mataba o robaba a alguien no había una ley que aplicarle porque lo que no está en la Ley no se transforma en delito».
Asimismo, el parlamentario agregó que ahora se detallan las partes de las armas. Por lo tanto, aquellas personas que incurran en delito al fabricar, comercializar o poseer parte de armas hay elementos dentro de la Ley para aplicarles. «La Ley anterior era muy vulnerable porque no permitía aplicársela a nadie», comentó Bernal.
Otros aspectos que se incorporaron a la Ley para el Control de Armas, Municiones y para el Desarme son la severidad de las penas así como las penas accesorias. «Las penas se aumentaron para realmente causar un impacto en el que quiera delinquir», dijo Bernal.
Por ejemplo, recordó que antes sólo existía una pena de tres años por porte ilícito de armas, por lo cual se aplicaba una medida cautelar y la persona quedaba libre. Ahora la pena por este mismo delito es de siete años, «por lo tanto la persona que porte ilícitamente armas va a ir a la cárcel».
En cuanto a las penas accesorias indicó que en el caso de que de infracción sea cometida por un funcionario público se aumenta la pena. Lo mismo ocurre en los casos de que se trate de policías o militares.
Por su parte, Elvis Amoroso, (PSUV-Aragua) presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, añadió que la Ley incorpora la marcación de armas y municiones, con lo cual se podrá hacer seguimiento al origen del delito. «Se va a saber quién compró esas balas, quién ocasionó el delito con esa arma. La intención es siempre llegar al responsable», comentó.
También destacó la entrega de armas de forma voluntaria y el registro de las mismas. «Es una tranquilidad para el Estado tener esta ley, que va a garantizar al presidente Maduro la plataforma para seguir con el esfuerzo del Plan Patria Segura que está buscando darle la seguridad al pueblo», dijo.
No obstante, ambos indicaron que la Ley por sí sola no resolverá la criminalidad, pero sí lo ven como un elemento fundamental para contribuir a su solución.

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