Seguridad y desarme: agenda pendiente / Pablo Fernández Blanco

La política de control de armas que se viene gestando y ejecutando desde el año 2011, bajo la batuta del expresidente Chávez y retomada por el presidente Maduro desde el inicio de su gestión, ha reportado avances importantes y positivos que nos orientan por el buen camino en esta materia. Valga a modo de ejemplo el número de armas incautadas y destruidas en estos dos últimos años (que superan las 180 mil), los controles al mercado de armas y municiones para particulares (que muestran sus resultados positivos en la afectación del mercado ilegal) o los incipientes resultados en la generación de condiciones para ir a procesos de desarme voluntario de bandas armadas juveniles (tema que era impensable hace muy pocos años atrás).
Sin embargo, la agenda pendiente para lograr el control total de las armas y municiones es importante y el esfuerzo para concretarla sigue siendo titánico. Nunca demás está recordar que transitar el camino hacia el desarme de la población implica enfrentar intereses de toda naturaleza, en lo económico primordialmente, pero también en lo político y cultural. Entre los aspectos a destacar que es necesario atender con celeridad me atrevo a mencionar los siguientes:
1. La recién aprobada Ley de Desarme y Control de Armas y Municiones. Debate en el cual se hace necesario reiterar que una ley que repita los errores de la ya existente sería un fraude al país. Por ello, es vital lograr que esta ley establezca criterios firmes para evitar que la información sobre las armas existentes o comercializables sea manejada unilateralmente cual «caja negra»; donde los portes de armas otorgados sean auditables; una ley que permita la debida articulación entre el órgano rector de las armas (la FANB) y el rector de la seguridad ciudadana (Mpprijp), en correcta interpretación de la Constitución de la República, la cual nunca puede leerse de manera fragmentada o acomodaticia.
2. Mantener bajo control del órgano rector de seguridad ciudadana los procesos de inutilización de armas incautadas, dando cumplimiento al decreto presidencial que así lo estipula desde octubre de 2012. Esto contribuye a cortar los circuitos de la corrupción que reciclan armas.
3. Agilizar la adquisición e instalación, a través de la empresa Cavim (y con fondos otorgados ya por la Gran Misión a Toda Vida Venezuela), de la maquinaria con tecnología para el marcaje láser de municiones. La serialización de las mismas contribuirá mucho a generar mayores y mejores controles.
4. Aprobar pronto una ley de amnistía para la entrega voluntaria de armas de fuego. Esta ley es requisito fundamental para poder avanzar a procesos de canje de armas en manos de la población civil, cuyos protocolos ya están elaborados.
5. Crear una secretaría permanente, adscrita a la vicepresidencia de la República, permitirá mantener un espacio de articulación interinstitucional y supervisión de la aplicación adecuada de la política de control de armas. Esto en vista de la multiplicidad de actores que intervienen en la materia y la complejidad de criterios existentes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.