Superlaboratorio de fiscalía declara guerra a la impunidad

En la Unidad Criminalística del Ministerio Público le revisan hasta el alma a cualquier funcionario policial o militar investigado por cualquier delito que implique la vulneración de algún derecho fundamental, como por ejemplo haberle dado muerte a un preso o golpear, torturar o vejar a cualquier ciudadano.
Pero también pueden descubrir a un violador en serie. Así trate de esconderse debajo de las piedras para burlar la justicia, tal como le pasó a Pedro Jesús Benítez Rojas, un enfermero de 46 años que acaba de ser condenado a 17 años de prisión porque violó a dos pacientes en el Hospital Militar Nelson Sayago Mora de Nueva Esparta.
Desde el año 2000, Benítez Rojas venía abusando de mujeres-pacientes después de doparlas. Por eso había logrado escabullirse de la justicia. Hasta que en enero pasado una paciente se despertó en pleno abuso. La ropa interior de la abusada fue llevada al Laboratorio Biológico de la Unidad Criminalística, donde analizaron los fluidos y se determinó que provenían de la misma persona que en el año 2000 había violado a otra paciente. Fue tanta la contundencia de esa prueba, que a Benítez Rojas no le quedó más remedio que admitir los hechos.
Y para explicarnos cómo 42 científicos hacen esas investigaciones, el Ministerio Público invitó a Últimas Noticias a conocer la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, fundada en marzo de 2010 por la fiscal general Luisa Ortega Díaz. En la puerta nos esperó el jefe de la Unidad, Jesús Suárez, y luego se incorporó Rocío Gásperi, directora de Asesoría Técnico-Científica e Investigaciones de la Fiscalía.
El recorrido. Lo primero que visitamos fue el Área de Reconstrucción del Suceso. «Cuál ha sido el sitio de suceso que les ha llevado más trabajo», preguntamos. «El del caso Berendique», responde Erica Campos aludiendo al asesinato de Karen Berendique (19), la hija del cónsul chileno asesinada en marzo de 2012 en un barrio de Maracaibo (Zul).
Se hizo difícil reconstruir la escena de ese crimen porque fue modificada por los funcionarios del Cicpc responsables del asesinato. «Ese es el reto mas importante: reconstruir una escena que ha sido cambiada», apunta Suárez. A partir de ese trabajo, la Unidad logró precisar cuál de los 20 cicpc que estaban en ese operativo le disparó a la joven.
En el corazón de la Unidad Criminalística está el Área Físico-Química, donde sus cuatro expertos están en capacidad de trabajar cualquier muestra y determinar a partir de ello cómo se llevó a cabo un disparo, por ejemplo, según lo explicado por Dani Sánchez. Al frente está el Laboratorio Biológico, donde la médica Edy Molina nos enseña cómo se reactivan unas huellas dactilares y cómo restauran unos pulpejos para identificar algún cadáver. En un mesón, Molina abre el maletín de luces forenses. «Con esta luz fue que descubrimos los fluidos del violador en serie», apunta Suárez.
Rocío Gásperi nos conduce hasta el Área de Esterilización, donde procesan los tejidos extraídos a cadáveres exhumados. Sacó el ejemplo de los tres reclusos fallecidos en el Cicpc-El Rosal en mayo de 2010, que tras ser exhumados por la Unidad Criminalística se comprobó que murieron por múltiples golpes y no por abstinencia de drogas como originalmente lo dijo el entonces subdirector del Cicpc, Albis Pinto. Actualmente hay 6 funcionarios del Cicpc en juicio por ese caso.
La última exhumación hecha fue al cadáver de Luis Tarazona, un mototaxista de 21 años que murió presuntamente a causa de una golpiza propinada por guardias nacionales en Cabruta (Guá). «De eso aún no hay resultado», apunta Gásperi. «Pero sí te digo que a la Unidad le tienen mucho respeto porque sus investigaciones no están contaminadas y son objetivas»

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