El diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), Eduardo Labrador, debatió con las juezas y los jueces de la región el proyecto de ley de seguridad y defensa ciudadana, que podría ser aprobada en agosto. En el Circuito Judicial del Zulia se reunieron unos 42 jueces, quienes escucharon el proyecto y presentaron propuestas para mejorar algunos artículos. «Queremos un instrumento que esté marcado dentro de la Constitución Bolivariana. Estamos contentos del nivel de participación y de los aportes que los diferentes sectores sociales le han aportado», expresó Labrador. La nueva norma de seguridad incluirá sanción para el acaparamiento, especulación y contrabando de alimentos. También prevé la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana Estadal, que unirá a todos los componentes de seguridad. El diputado señaló la importancia de los medios de comunicación en materia de seguridad, ya que pueden promover la paz social y la participación ciudadana. La presidenta del Circuito Judicial, Diliana Melean, agradeció la iniciativa de las diputadas y los diputados del CLEZ, quienes se encuentran consultando la ley con todos los sectores. «Es la primera vez que se trabaja de manera articulada entre el Poder Legislativo y Judicial. El objetivo es analizar y discutir la norma para tener un instrumento legal y dar respuestas a las exigencias del pueblo. DISCUTEN TRANSFERENCIA Mientras en Maracaibo se debatía la ley de seguridad, en la Guajira se presentaba el proyecto de ley de transferencia de servicios, actividades, bienes, recursos y obras del poder público estadal al Poder Popular, impulsada por la presidenta del CLEZ, Magdely Valbuena. En la actividad participaron los representantes del Poder Popular, Consejos Comunales, organizaciones sociales e instituciones de las parroquias que conforman las localidades de Mara, Guajira y Almirante Padilla. «La consulta popular sobre el proyecto de ley se orienta hacia un proyecto que se va nutriendo con todas las propuestas, para ir avanzando hacia su aprobación, una vez aprobada, el Ejecutivo regional podrá hacer transferencias a las comunidades, cumpliendo así con el principio de la participación protagónica y democrática», acotó la diputada.
