Caso Bayón: muchas preguntas sin responder

«En el estado Bolívar hay bandas delictivas que están haciendo lo que les da la gana en el territorio, valiéndose del uso de un color determinado y de armas largas, amedrentando y extorsionando no solo a empresarios sino a los trabajadores (…) son grupos de personas que se hacen llamar sindicatos, que en realidad son bandas armadas (…) que se dedican a la extorsión tanto en la construcción como en otras actividades económicas de la región».
Esas palabras, en realidad una grave y dura denuncia, no son de algún dirigente político opositor, como podría parecer, sino que fueron pronunciadas por el mismísimo ministro de Interior, Justicia y Paz, mayo general Miguel Rodríguez Torres, el 24 de enero de éste mismo año con ocasión de una visita suya al estado Bolívar para reunirse con alcaldes, el gobernador y otras autoridades a propósito de la revisión de la situación de criminalidad y las medidas de uno de los planes de seguridad del gobierno.
En Guayana el tema no era sorprendente, es harto conocido y ha sido denunciado mil veces, aunque muchos lo tratan con prudencia comprensible, justo porque tales bandas armadas actúan «como les da la gana» (Ramírez Torres dixit) y han tenido total impunidad.
Lo asombroso fue que lo dijera, tan claro y directo, un poderoso ministro del gobierno, justo el responsable del tema e incluso muchos pensaron que era un reto directo a las principales autoridades gubernamentales de la región.
Se podía esperar que a partir de allí se produjeran acciones para desmantelar esos grupos que actúan en ámbitos como la industria de la construcción, las empresas básicas y la minería del oro en la zona sur y oeste del estado Bolívar.
Al día siguiente, Correo del Caroní, el único diario que destacó como noticia principal las palabras del ministro, publicó un balance a partir de las cifras recopiladas por el Observatorio Venezolano de Violencia en las que destaca que el estado Bolívar es el primero en muertes por sicariato con 59 homicidios de ese tipo en 2013, un promedio de cinco por mes vinculados a la industria de la construcción. No obstante, pasado el escándalo noticioso, no ocurrió nada.
No se tomó acción alguna ni el ministro volvió con el tema. El gobernador y los alcaldes guardaron discreto silencio. Diputados y dirigentes opositores reclamaron medidas. El diputado Andrés Velásquez, de los pocos que ha sido persistente con el asunto, señaló al gobernador Francisco Rangel Gómez como corresponsable de lenidad ante esos grupos e incluso señaló algunos nombres, entre los cuales estaba alguien cuyo apodo era «Gordo Bayón».
UN ASESINATO A SANGRE FRÍA La noche de este lunes 2 de junio, cerca de las 8:30 pm, Yorman Pedro Márquez Rodríguez, alias «Gordo Bayón», sale del palacio de Miraflores poco antes de terminar una reunión de muchas horas entre dirigentes del sindicato Sutiss y altos funcionarios del gobierno donde se intenta finiquitar el contrato colectivo, que ya lleva 4 años vencido y casi dos años en discusión, cosa que ha ocasionado paros y protestas en la siderúrgica.
El «Gordo Bayón» no es dirigente del sindicato de Sidor y no ha sido incorporado a esas reuniones por la junta directiva de este organismo gremial. Lo está por «ordenes de arriba», como ya ha ocurrido en anteriores conflictos laborales, pese a que tiene varios juicios abiertos, uno de ellos por homicidio, con medidas cautelares y prohibición de salir del territorio del estado Bolívar.
Toma un mototaxi junto a otros acompañantes. Los testigos relatarían luego que en la intersección de la avenida Lecuna con el Paseo Colón el vehículo habría sido interceptado, según la reseña publicada en Correo del Caroni, con firma del periodista German Dam, «por los tripulantes de dos camionetas oscuras y un vehículo pequeño azul. Le dijeron al mototaxista que se parara y bajara al pasajero… luego le dijeron que siguiera su camino. En eso comenzaron los tiros».
De acuerdo a ese relato, basado en informes de investigadores, que el periodista pudo conocer, «los homicidas portaban subametralladoras y ejecutaron a Yorman Pedro en plena vía pública».
TANTAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS El caso ha encontrado hasta ahora un radical silencio de las autoridades.
Nadie declara y mucho menos aclara, pero las preguntas brotan no solo entre periodistas sino entre dirigentes sindicales, trabajadores y la gente «de la calle».
No pocos medios en Guayana minimizan el caso. Los dirigentes sindicales verdaderos de Sutiss no declaran.
¬¿Por qué participaba en las reuniones para definir el contrato colectivo entre Sutiss y Sidor si no es funcionario de esa empresa ni tampoco integrante del sindicato? ¬¿Cómo lograba salir de Puerto Ordaz a Miraflores pese a tener prohibición de hacerlo por parte de dos tribunales? Una prohibición proviene del Tribunal 3° de Control por estar imputado en un triple homicidio ocurrido en el barrio Vista Alegre de San Félix en 2012 y otra prohibición del 2° de Control por haber sido capturado por la policía con porte de arma de fuego en 2013.
¬El día que los dirigentes sindicales de Sutiss viajaron a Caracas para iniciar las reuniones en Miraflores con los representantes de CVG, de Sidor y del gobierno, lo hicieron junto a funcionarios de Sidor, en un avión de la Fuerza Armada Nacional. De acuerdo a las versiones de los sindicalistas, aparentemente por órdenes del general Javier Sarmiento, que aún era presidente de Sidor, se le prohibió al «Gordo Bayón» y a otros acompañantes de él, que abordaran el avión, presuntamente para cumplir las órdenes de los tribunales. Sin embargo, el hoy fallecido terminó viajando a Caracas, no se sabe si en otro avión oficial o en vuelo de aerolíneas.
¿Por órdenes de quién en el gobierno? ¬Cerca de dos años atrás, durante una de tantas protestas de trabajadores tercerizados de Sidor que en esa ocasión trancaron avenidas y los portones durante varios días, se produjo una mediación del gobernador Rangel Gómez, quien a través de terceros convenció a estos trabajadores en conflicto para que un grupo que los representara viajara a Caracas a reunirse en la vicepresidencia con Elías Jaua y negociar soluciones a sus reclamos.
Ellos aceptaron, y cuando llegaron al hangar de la gobernación, en la terminal del aeropuerto de Ciudad Bolívar, el 1 de agosto de 2012, donde estaba el propio gobernador, para abordar el avión puesto a disposición por el ejecutivo regional, encontraron al «Gordo Bayón», supuestamente invitado por la gobernación, esperándolos para ir con ellos «como mediador», aunque nada tenía que ver con el conflicto y ya tenía una de las dos prohibiciones de salida del estado Bolívar.
¿Por qué? ¿Cuál era el rol que le asignaba el gobierno? ¿Qué privilegios tenía que estaban por encima de medidas judiciales? ¬¿No está obligado el presidente Nicolás Maduro a explicar la presencia de esta persona ¬hoy fallecida¬ en reuniones en Miraflores y quién o quiénes de su gobierno lo incluyen en esas discusiones y para qué? ¿De cuál naturaleza son las relaciones del gobierno con las bandas que actúan en el ámbito laboral y minero del estado Bolívar? Obviamente, se espera que el Cicpc aclare las circunstancias del asesinato y detenga a los responsables para que sean castigados de acuerdo a la Ley.
¬El diputado Andrés Velásquez reclamó ayer que el gobierno explique por qué incluía al «gordo Bayón» en esas reuniones, por qué le daba hospedaje en el hotel Alba Caracas, por qué pasaban por encima de las decisiones de los tribunales. También reclama de los dos tribunales involucrados por qué se permitían éstas violaciones a sus decisiones.

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