Ciudad de México.- La iniciativa de la reforma en seguridad y justicia que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el jueves pasado llegó la noche de este lunes al Senado mexicano, donde este martes será recibida formalmente por el pleno y turnada a comisiones para su análisis.
El documento plantea reformar siete artículos de la Constitución –21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123–, por lo que para ser aprobado necesitará de mayoría calificada (los votos de dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión).
La propuesta, difundida a los medios, tiene tres objetivos fundamentales: 1) definir el esquema de mando único policial en las entidades federativas, 2) facultar al Congreso para expedir leyes generales en materia penal, y 3) establecer la posibilidad de que el gobierno federal asuma la dirección de un municipio cuando haya indicios de que fue infiltrado por la delincuencia.
En cuanto al primer punto, se plantea que la seguridad pública sea una tarea exclusiva de las autoridades federales y estatales, lo que implicaría quitar esa labor a los municipios y que sus policías dejaran de existir.
La iniciativa señala al respecto que esto es necesario porque las corporaciones municipales no tienen la capacidad de proteger a los ciudadanos y las entidades federativas están en mejores condiciones de hacerlo.
«Las policías municipales son en su mayoría corporaciones que carecen de recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar correctamente sus funciones o incluso para desarrollar un despliegue territorial eficaz. El 86% de estas corporaciones municipales cuenta con menos de 100 elementos», indica el documento.
«Las policías municipales no han sido una opción institucional viable para atender las necesidades de seguridad en gran parte del país», agrega.
El antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón (2006-2012), presentó al Congreso una propuesta similar en materia de mando único policial, pero sus planteamientos no lograron el apoyo suficiente para concretarse.
En cuanto al segundo tema, la iniciativa de Peña Nieto busca otorgar al Poder Legislativo la facultad de elaborar leyes generales con la tipificación de los delitos que puedan ocurrir en el país –dejando a las entidades la posibilidad de legislar sobre conductas no incluidas en esa legislación general–, así como una norma que distribuya las competencias penales entre autoridades federales y locales.
Por último, se busca establecer que cuando la Fiscalía General de la República –que sustituirá a la actual Procuraduría General de la República (PGR)– encuentre «indicios suficientes» sobre la infiltración del crimen en un municipio, pueda informar a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que ambas soliciten al Senado que permita a la Federación asumir temporalmente el control de la localidad en cuestión.
Estas propuestas forman parte de las 14 medidas que Peña Nieto anunció el jueves pasado para evitar que se repitan crímenes como el del caso Ayotzinapa, como se conoce a la desaparición de 43 estudiantes de esa localidad de Guerrero presuntamente a manos de policías municipales de Iguala y de Cocula aliados con criminales.
Al presentar estos planteamientos, Peña Nieto pidió el apoyo del Congreso, aunque todavía no está claro qué ruta seguirán estas iniciativas ni qué tan rápidamente se procesarán.
Líderes del Poder Legislativo se reunieron en privado este lunes para discutir el tema y, al término del encuentro, informaron a medios que de momento acordaron «trabajar intensamente» en el análisis de estas ideas, antes del cierre del periodo ordinario de sesiones previsto para el 15 de diciembre.
Fuente: seguridadenamerica.com.mx