En Sebucán 151 familias viven amuralladas. Tras seis secuestros en dos años en el sector Parque Nacional decidieron pedir permiso a la Alcaldía de Sucre para cercar las calles Río Caribe, El Tigre, Julio Urbano, Río Caroní y Yaracuy. Este año no hubo secuestros, pero aún no pueden evitar los robos de motorizados. Sí, vivimos en una especie de fortaleza permisada, expresa Héctor Peña, miembro de la junta vecinal.
En Caracas, considerada una de las ciudades más inseguras del mundo, capital del segundo país con más homicidios de América Latina con una tasa de 57,6 muertes por 100.000 habitantes, según un informe de la ONU divulgado esta semana, los ciudadanos invierten dinero en autoprotegerse, en garantizar su derecho a la vida y resguardar sus propiedades.
Hace tres años, los vecinos de Sebucán presenciaron un intento de secuestro en un edificio de la zona. La víctima no logró llegar a su casa y casi estrelló el carro contra el portón de un edificio. El vigilante le abrió para que se resguardara. La escena de angustia sirvió para que reaccionaran:
Instalaron cámaras de seguridad, contrataron seis vigilantes, instalaron un botón de pánico con contacto directo con la policía y contrataron a José Villasana, experto en ciencias policiales y protección de instalaciones, para que hiciera un mapa de vulnerabilidad de la comunidad. La seguridad consume la mitad del presupuesto del condominio de esta comunidad, por el que cada familia paga 3.791 bolívares al mes.
Villasana explica que de cada 100 situaciones de riesgo que se producen en una residencia, 70 se resuelven con normas y procedimientos. El primer error, destaca, ³es ser reactivo y no preventivo en las comunidades². Señala que las debilidades suelen estar en el uso de sistemas de protección inadecuados, falta de colaboración de propietarios e inquilinos, e incumplimiento de las normativas de acceso. Recomienda colocar barreras para entrar, impedir la entrada de extraños a los domicilios, estar alertas ante extraños antes de entrar a la residencia y normar las mudanzas para que estén previamente notificadas.
El experto recomienda, previo análisis del riesgo, tener rejas, cercos eléctricos y garitas. En otros casos, alarmas, circuito cerrado de televisión y un servicio de vigilantes calificados para finalmente tener respuesta a emergencias. En manos del ciudadano está resguardar su seguridad Desde un galpón en Boleíta, Edgar Pereira, director de Sercop Seguridad, monitorea en nueve pantallas 86 residencias, varios hoteles y mercados en el país que contrataron sus servicios de botón de pánico y cámaras, dos de las nuevas estrategias de seguridad más demandadas. La empresa tiene en Caracas este servicio de alarma vecinal en 86 residencias, en las que los vecinos pueden activar con un repique del celular si observan alguna irregularidad en la zona. Por un costo de 5.000 a 7.000 bolívares mensuales, cuando ocurre algún incidente la empresa los contacta y envía a la policía más cercana, mientras que el resto de los residentes recibe un mensaje de texto alertando sobre lo que está sucediendo en el perímetro para que estén pendientes. Este año han recibido tres avisos que atender.
Cada usuario por 500 bolívares mensuales puede descargar una aplicación en su teléfono inteligente y activar el botón de pánico personalizado para pedir ayuda policial, ambulancias o grúas.
Hace dos semanas lograron frustrar un robo en un restaurante en El Marqués.
A las 2:00 am, siete delincuentes violentaron las puertas del local, que había contrato el servicio de sensores de movimiento y cámaras, dijo Pereira.
Vivir blindados. Hace dos años, miembros de una familia que prefirieron no identificarse, fueron víctimas de una extorsión telefónica. Les dijeron que supuestamente el colectivo Tupamaro necesitaba una colaboración. Les indicaron cuántos carros tenían, dónde quedaba el negocio y dónde vivían para luego decirles que una mujer acudiría en una camioneta blanca a buscar el dinero solicitado. La familia acudió al Core 5 y detectaron que la llamada se realizó desde una cárcel. Ese mismo año uno de los hijos fue secuestrado para robarle el carro y sus vecinos fueron robados. Ahora tienen cámaras de seguridad en su casa para verificar el perímetro antes de llegar y al salir de la residencia, cerco eléctrico y uno de sus carros está blindado.
Solo en Caracas se contabilizan 10 empresas que se dedican a blindar automóviles. Diego Bavio, dueño de la empresa Santa Cruz Blindados, explicó que al mes reciben llamadas de 40 personas. Para proteger del hampa común la empresa ofrece el blindaje del nivel 3, que puede soportar el disparo de una magnum 44 y de una 9 mm por un costo de 20.000 dólares (980.000 bolívares calculado a la tasa Sicad II). Para personas que trabajan en altos cargos del gobierno, diplomáticos o empresarios existe el blindaje en el nivel 4, por un costo de 60.000 dólares (2.940.000 bolívares calculado a tasa del Sicad II).
Este año, 4.862 carros robados y hurtados fueron pagados por empresas de seguros. Según datos de la Cámara de Aseguradoras de Venezuela, 30% del parque automotor del país (1.350.000 vehículos) cuenta con una póliza de riesgo. Además de asegurar los carros a todo riesgo con primas que varían desde 45.000 a 77.000 bolívares, la gente instala equipos de GPS, con el cual se puede encontrar el auto si fue robado y el dueño lo puede apagar a distancia.
Dani Vásquez, gerente de operaciones de la empresa Autotrack, tiene 2.000 clientes, de los cuales 80% son particulares que quieren evitar el robo de su vehículo y 20% son empresas que utilizan el sistema para el rastreo de flota. Al mes reciben 20 solicitudes de desactivación de los automóviles por hurtos. En los meses de noviembre, diciembre, enero y la época vacacionales la estadística aumenta a 40 desactivaciones en promedio.
Niños escoltados
En una escuela en El Hatillo 10 alumnos llevan escoltas. El colegio, donde conviven unas 900 familias, estableció como regla que el personal contratado no acceda al plantel con armas, por lo que regularmente solo los llevan hasta la entrada del centro educativo, explicó el director. Unos se van y vuelven a la hora de la salida y otros permanecen en el perímetro por si observan alguna irregularidad.
El servicio se ha vuelto frecuente, por la cual se establece el precio: por un escolta en horario escolar una familia puede pagar entre 13.000 y 15.000 bolívares mensuales.
Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Bolivariana de Escoltas, explicó que tienen 7.400 agremiados. «La familias confían en el escolta. Él se convierte en protector y orientador del padre. 80% de nuestros clientes nos pide estar armados», expresó.
Fuente: el-nacional.com