El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha considerado que a través de la iniciativa adoptada dentro del pacto contra el terrorismo yihadista, firmado este pasado lunes, «vamos a tener unas de las legislaciones, sino la más avanzada de Europa, sin duda una de las más avanzadas en materia de lucha contra el terrorismo internacional». Ha destacado que se ha marcado «un hito» y que se trata de un acuerdo «histórico».
Martínez, que ha participado en el acto ‘España más segura’ junto al presidente de los ‘populares’ malagueños y portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha señalado que en el Estado de Derecho «sólo hay una herramienta contra el terrorismo, la más eficaz, que es la ley, y eso es lo que vamos a hacer» y ha señalado que el pacto alcanzado «marca un momento importante de unidad para actualizar el compromiso de los demócratas frente al terrorismo y renovar las herramientas para combatirlo».
Así, ha defendido que había que impulsar una reforma del Código Penal para contemplar la figura del adoctrinamiento pasivo, «el que voluntariamente quiere ser un terrorista y se mete en los foros y en las redes para aprender a manejar armas, a manejar explosivos y actuar en algún momento», así como tipificar el delito «de aquellos que se desplazan a un territorio extranjero para adiestrarse o ponerse al servicio de una organización terrorista».
El secretario de Estado ha señalado que esto ha sido «fruto del consenso y sin renunciar a ninguna de nuestras convicciones, incluyendo, porque era parte de nuestro compromiso electoral, la prisión permanente revisable», que se refiere a quienes «han cometido los delitos más atroces, por supuesto terrorismo, pero también asesinatos con víctimas menores de 16 años y delitos de asesinato después de agresiones sexuales».
Ha señalado que en esos casos se cumplirán «penas de prisión a la altura del gravísimo mal que han cometido con sus delitos». «En eso España va a estar en sintonía con todos los países de la Unión Europea», ha manifestado.
Aparte de la respuesta penal al terrorismo yihadista, ha detallado otras medidas como el plan de lucha contra la radicalización violenta, apuntando que «hay que evitar que quienes pueden convertirse en terroristas lleguen a hacerlo y cortar por tanto la cadena de radicalización», trabajando en «estrecha» relación con las comunidades musulmanas.
«Eso es el contenido del pacto, eso es lo que marca la diferencia entre quienes sabemos combatir al terrorismo con la unidad y los grandes pilares del Estado de Derecho, la ley, la democracia y el consenso de las fuerzas políticas y la actuación de jueces, fiscales y las Fuerzas de Seguridad», ha señalado Martínez, quien ha incidido en que este pasado lunes fue «un magnífico momento para nuestra democracia en la lucha contra el terrorismo», con firma de dicho pacto.
Ha asegurado que «el mal llamado Estado Islámico» es «preocupante» y una «amenaza real» y, junto a Al Qaeda, «cruel y también fanática», son «dos multinacionales del terror que tratan de hacer daño a través de una serie de franquicias en todo el mundo y de individuos en solitario fanatizados, adiestrados, que son capaces de hacer lo que vimos hace unos días en París y hemos visto en tantos rincones del mundo».
Pero, para Martínez, «el Gobierno ha hecho los deberes y los ha hecho a tiempo no reaccionando a la enorme alarma, sino desde hace muchos meses», con, entre otras medidas, la participación en foros europeos «liderando» iniciativas, como la propuesta del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de modificar la decisión marco en materia de terrorismo para incluir nuevas conductas, la necesidad de contar con un único sistema antiterrorista común e impulsando medidas como el registro de datos de pasajeros «a pesar de que algunos basados no sé en qué piensan que vulneran nuestra privacidad».
Ha indicado que otros países tienen un número de desplazados a lugares de conflicto, como Siria o Irak, muy superior a España, pero eso «no nos ha llevado a caer en una especie de apatía» en cuanto a la lucha contra este terrorismo.
En su intervención sobre terrorismo, también se ha referido a ETA, que, aunque está «en retroceso», deja «un calendario macabro, porque todos los días del año podríamos celebrar el homenaje a una víctima de la banda». Al respecto, ha destacado que esta materia ha sido objeto de «una profunda dedicación» por parte del Gobierno desde la premisa marcada por el presidente, Mariano Rajoy, «y es que con ETA y sus terroristas no habría transiciones ni transacciones».
«Sólo hay un destino para ETA que es su desaparición definitiva y sólo un destino para los terroristas: su detención, puesta a disposición judicial, condena y cumplimiento de esas penas», ha indicado Martínez, quien ha precisado que ha habido 131 arrestados en lo que va de legislatura.
Asimismo, también ha destacado la atención a las víctimas del terrorismo ofrecida por el Ejecutivo central, indicando que 204 víctimas han visto reconocidas por primera vez sus derechos a ser indemnizadas, 497 solicitudes se están tramitando y han sido 97 millones de euros los dedicados a esta materia.
Pero, «cuando ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho y se encuentra en estado comatoso, agónico, precisamente porque ha habido unidad y democracia», ha indicado que «es necesario cuidar el relato, que nadie imponga ni dentro ni fuera un relato manipulado, adulterado o falso de lo que ETA significó. Una banda de asesinos en serie, de fanáticos que hicieron un gran daño a nuestro país».
Así, ha señalado que «para que nunca se olvide y no exista otra visión del pasado» está el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, impulsado por el Gobierno; y otras iniciativas como la primera carta europea de derecho de las víctimas.
Dentro de ese «cuidar el relato», el secretario de Estado de Seguridad ha destacado el trabajo hecho para «combatir con toda la contundencia, en la ley, en los tribunales y en la acción policial, la apología y la humillación a las víctimas».
Al respecto, ha indicado que por esto «hacía falta tomar algunas decisiones en el ámbito legislativo» para evitar «algo tan incomprensible y tan repugnante e intolerable como que quienes han sido condenados por terrorismo puedan luego convertirse en profesores de nuestros hijos».
«Eso no lo entiende nadie y es contrario al más elemental sentido de la justicia», ha dicho, por lo que ha defendido que la reforma del Código Penal consensuada «incorpora una nueva pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión docente para quienes hayan sido condenados por delitos de terrorismo que se impondrá a partir del cumplimiento de sus condenas».
Por su parte, Bendodo ha destacado que ese «gran pacto» lo es en un doble sentido. Por un lado, por la «firmeza contra una crisis de seguridad como la que supone el terrorismo internacional» y, por otro, «por la capacidad de consenso para ofrecer una respuesta y un mensaje de unidad».
Fuente: laopiniondemalaga.es