Hoy en día, las empresas que operan en territorio comunitario como Google, Facebook o Appleson investigadas, llegado el caso, por las autoridades de protección de datos nacionales, lo que desata un sinfín de procedimientos en diferentes países de la Unión. Google, por ejemplo, ya ha experimentado investigaciones simultáneas en varios países comunitarios.
El caso es que la Comisión Europea había propuesto que, en el futuro, estas empresas sólo tuvieran que hacer frente a una autoridad, la del país donde estuviera su sede europea o negocio principal. Y un organismo europeo de protección de datos podría adoptar decisiones jurídicamente vinculantes en caso en los que la autoridad nacional fuese cuestionada por organismos supervisores de la privacidad de otros países.
Sin embargo, el Consejo de Ministros de la UE ha terminado acordando que este mecanismo sólo tome cartas en asuntos importantes de carácter transfronterizo. E, incluso en esos supuestos,otras autoridades interesadas podrían participar en la toma de decisiones y oponerse a la directriz del organismo. Se ha puesto de nuevo en evidencia una vez más las reticencias de algunos países a perder jurisdicción nacional.
De confirmarse este último movimiento político en Europa se abriría un proceso muy decepcionante, señala la Coalición de la Industria de Protección de Datos (the Industry Coalition for Data Protection, en su siglas inglesas) en un comunicado de prensa.
El plan propuesto sería más complicado que el actual, y daría lugar a cargas administrativas innecesarias, incluso a decisiones tardías, para todas las partes interesadas, según este grupo que reúne a 18 asociaciones y representa a empresas europeas e internacionales, como Google, Microsoft, Facebook, Apple y Yahoo.
La norma, sin embargo, aún podrían cambiar antes de que el Consejo llegue a una decisión sobre la norma completa, ya que el plan no excluye la posibilidad de mejorar el texto antes de junio, cuando está previsto que se alcance un acuerdo sobre las reformas. Aún quedará después su ratificación por parte de la Comisión y el Parlamento Europeo, quienes deben dar el sí definitivo para que se convierta en ley.
Fuente: pcworld.es
