Eduardo de Jesús Ferreira estaba sentado en la puerta de su casa leyendo cuando fue alcanzado por un balazo en la cabeza muriendo al instante. Tenía 10 años. El policía que disparó alegó confundir su Smartphone con un arma. Era la cuarta muerte de un residente de la favela Complexo do Alemão en menos de 24 horas. Varios policías también habían muerto los últimos días en confrontaciones con traficantes. Videos colgados en YouTube muestran a la policía nerviosa con las armas en la mano amenazando a los residentes de la favela.
Desgraciadamente, no son casos atípicos en Río de Janeiro. En Brasil, cada 10 minutos muere una persona asesinada, una media de 144 al día y la policía brasileña es autora de la muerte de 6 personas cada 24 horas. En los últimos cinco años han acabado con la vida de 11.000 personas, que equivalen a las mismas muertes por policías de Estados Unidos durante los últimos 30 años.
Esta violencia desmesurada es recíproca y también se cobra su parte en vidas de policías. Las estadísticas señalan que estos últimos 5 años se han asesinado a 1.770 policías, una media de un policía muerto cada 24 horas.
Las favelas de Río, posicionadas en algunos de los espacios más privilegiados de la ciudad aunque abandonadas durante décadas por el sistema, estaban sometidas a la economía del narco. En 2008, la Secretaría de Seguridad del estado de Río de Janeiro empezó a introducir las denominadas Unidades de Pacificación Policial (UPP) para llevar la presencia del estado a dichos territorios. Aparte de reforzar la presencia y la acción de la policía, el proyecto pretendía promover también el desarrollo social y económico en las favelas a través varios servicios sociales, aunque sus resultados no han sido del todo satisfactorios.
Robert Muggah, director de investigación del Instituto Igarapé describe los logros de la UPP: “la idea de poner a la policía de forma permanente en ciertas comunidades fue un cambio dramático en relación con el pasado que logró grandes resultados. A parte de una reducción del 65% de homicidios desde 2008, bajaron diferentes formas de violencia, como robos y secuestros”. Sin embargo, las expectativas que se generaron en el ámbito socioeconómico no se han cumplido: “El segundo objetivo de la UPP era cambiar la naturaleza de la actuación policial, de uno que era despiadado y represivo a uno más orientado a la comunidad y más interactivo con los residentes de la favela. Había muchas expectativas de que las pacificaciones resolverían todos los problemas de las favelas, tanto de seguridad pública como de generación de empleo y movilidad social. No podemos decir que las pacificaciones aportaron los grandes dividendos que se esperaba de ellas y la población se ha vuelto más escéptica”.
Este escepticismo se acentúa con la situación económica en las favelas. Uno de los efectos que tuvo expulsar a los narcotraficantes fue detener drásticamente el desarrollo económico. “Si algo tenían los narcos” nos comentaban varios de los residentes de las favelas que visitamos “es que celebraban a menudo y gastaban mucho dinero. Ahora muchos negocios de la comunidad están parados”.
Otro problema grave que limita el éxito de conciliación entre los residentes de las favelas y la policía es la propia formación de los policías. Muchos de ellos han sido entrenados para resolver temas de seguridad en un contexto de violencia, no para promover modelos de desarrollo en un contexto de paz: “No somos ONG y no podemos sustituir a las organizaciones que se dedican al desarrollo social” nos comentaban con cierta frustración varios policías entrevistados que trabajan en favelas, la mayoría pidiendo mantener el anonimato para evitar tensiones con sus superiores.
En este contexto de desconfianza y violencia entre la policía y los residentes de favelas, el Instituto Igarapé ha propuesto un sistema de Smart Policing, una aplicación Android que se descarga en los móviles de los policías que están patrullando y activa una cámara de vídeo que documenta los acontecimientos a los que se expone la policía. Las imágenes van encriptadas a una base de datos accesible a los altos mandos.
“El Smart Policing no sólo permite proteger a los residentes de abusos policiales” nos comenta Robert Muggah en su sede, “sino que también protege a la propia policía ya que cada vez con más frecuencia se filma las acciones de violencia de la policía contra la ciudadanía y enseguida suben los videos a YouTube, pero no incluyen los actos de provocación o las acciones que han provocado esas reacciones. Estos dispositivos aportan información más completa sobre los hechos y permiten aclarar los acontecimientos”.
El dispositivo en este sentido tiene tres objetivos principales: prevenir el abuso de poder y limitar la corrupción policial; mejorar la relación entre las autoridades y la comunidad; y proteger a oficiales acusados injustamente. Actualmente, los dispositivos de Smart Policing se están llevando a cabo como proyectos pilotos en ciudades como Río de Janeiro, Cape Town y Johannesburgo. El Departamento gubernamental del Reino Unido para el desarrollo internacional (DFID en sus siglas en inglés) está apoyando la segunda fase de su implementación y Google Ideas ha ofrecido apoyo técnico y estratégico.
Aunque este tipo de dispositivo tecnológico puede ayudar, todos parecen estar de acuerdo que es menester invertir en la mejora de la selección, capacitación y supervisión de policías para minimizar las malas prácticas. Además, para que la UPP sea un proceso irreversible y se convierta en una referencia que inspire la reforma de las políticas de seguridad pública en las ciudades, tendrá que priorizar el desarrollo de programas sociales y económicos para que existan alternativas viables y los “huérfanos del narcotráfico” puedan reincorporarse a la economía formal. Retos nada desestimables para un país que a pesar de su progreso económico, sigue siendo uno de los más desiguales del mundo.
Fuente: seguridadenamerica.com.mx