El programa Contacto de Canal 13 emitió, en su episodio del domingo 14 de junio, un reportaje que abordó las detenciones ciudadanas, fenómeno que ha venido visibilizándose paulatinamente cada día más debido, en gran medida, a la masificación de la tecnología móvil al alcance de casi todas las personas.
Aun cuando en los hechos resulta fácil comprender a qué nos referimos, resultaría difícil definirla de modo más o menos preciso. Convengamos, sólo para los efectos del presente texto, que se trata de la captura de un sujeto que efectúan personas, que pueden ser tanto víctimas como testigos, luego de la comisión de un hecho que reviste caracteres de delito. Hasta aquí no existe nada reprochable en términos jurídicos, puesto que la ley autoriza a detener a una persona en caso de delitos flagrantes, pero para el solo efecto de ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente. Sin embargo, las detenciones ciudadanas, tal como las vimos en el aludido reportaje y otros videos disponibles en la web, van mucho más allá que eso, dado que incorporan un nuevo componente no establecido ni permitido por la ley: la violencia contra el sujeto.
Es una garantía constitucional para cualquier persona que habite en el territorio de la República, incluso para quien acaba de cometer un delito, que se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo a su respecto, lo que se encuentra en plena sintonía con el derecho fundamental a la integridad física y psíquica de la persona. Por ende, actitudes conducentes a desnudar, golpear o simplemente humillar a través de ofensas injuriosas a viva voz al capturado, contravienen el tenor de las disposiciones de nuestro Texto Político.
Lo que a nuestro entender manifiestan estos hechos no se reduce exclusivamente a la buena voluntad de ciudadanos solidarios en orden a poner a disposición de la justicia a un individuo que ha cometido una conducta sancionada por la ley, sino que da cuenta de un comportamiento colectivo que evidencia un profundo descontento social imperante en el país no solo con la justicia, sino que también con la existencia de un amplio descrédito en instituciones fundamentales para la democracia, como los partidos políticos y el Congreso Nacional, o la baja confianza existente en el Poder Judicial.
En este orden de ideas, lo que a nuestro entender manifiestan estos hechos no se reduce exclusivamente a la buena voluntad de ciudadanos solidarios en orden a poner a disposición de la justicia a un individuo que ha cometido una conducta sancionada por la ley, sino que da cuenta de un comportamiento colectivo que evidencia un profundo descontento social imperante en el país no solo con la justicia, sino que también con la existencia de un amplio descrédito en instituciones fundamentales para la democracia, como los partidos políticos y el Congreso Nacional, o la baja confianza existente en el Poder Judicial. En este último caso, una de las ideas más evidentes es que la gente busca justicia material, esa que razón común del colectivo que captura al malhechor es rápida y tangible, y por lo tanto eficiente, por contrapartida a la justicia la formal, cuyo principio rector del debido proceso y la actuación de distintos intervinientes frente a un tribunal independiente, hacen que sea lenta, y en ocasiones poco o nada efectiva. Puede ser fácil pensar que justicia que tarda, no es justicia.
Es un principio básico de Derecho que las injusticias se resuelvan por medio de la Justicia. Por ello, las detenciones ciudadanas, aun cuando parecen gozar de legitimidad, no son solamente ilegales, sino que además, sintomáticas de otros flagelos sociales mucho más peligrosos: descrédito en las instituciones y sus autoridades, desconfianza en el otro, pérdida en el sentido de alteridad y contribución a la comunidad que debe necesariamente existir para la vida pacífica entre las personas que componen el cuerpo social.
Se trata, en resumen, de un fenómeno preocupante, al que aparentemente las autoridades no han destinado su debida observación. Nada vaticina que la reflexión sea sistemáticamente coordinada entre los incumbentes convocados: autoridades públicas de todos los Poderes del Estado, medios de comunicación y sociedad civil, por apuntar algunos. Esta dificultad se origina en la multiplicidad de actores, agendas e intereses de todos ellos. De otro lado, es evidente que nos referimos a un problema multifactorial, cuyas soluciones responden a esa misma naturaleza. Sería ingenuo pensar que se trata únicamente de un problema relativo a seguridad ciudadana. Están en juego conductas explicables desde las dimensiones sociales, políticas y económicas. Todo ello redunda en patrones de comportamiento incentivados por estímulos culturales de un determinado pueblo.
Finalmente, porque todas las iniciativas que puedan proponerse en principio nos conducen a la adopción de una gran medida: educación. De ello se sigue que cualquier cambio que pueda producirse a este respecto, tomará años –tal vez décadas– generar sus primeros efectos. La propuesta de reponer la educación cívica en los programas de estudios puede ser una buena instancia para la formación de ciudadanos responsables con la sociedad en la que viven. Sin embargo, el mejor modelo a seguir habría de estar dado por el ejemplo que den quienes tienen a su cuidado la comunidad, lo que en estos días parece estar absolutamente fuera de foco.
Fuente: elmostrador.cl