El triunfo del presidente Juan Carlos Varela en el 2014 generó grandes expectativas en el pueblo panameño en materia de seguridad, debido a la falta de políticas públicas integrales. Rescatar y reestructurar las instituciones de seguridad era una tarea fundamental, para garantizar la tranquilidad ciudadana.
El presidente tomó acciones. Nombró como ministro del ramo a un exdirector de la extinta PTJ, con previa experiencia en la lucha contra la criminalidad, para producir políticas, estrategias y decisiones operativas de seguridad sobre una base integral, multidimensional y de amplia participación institucional y ciudadana.
Además, el nuevo Gobierno se propuso fortalecer a la Fuerza Pública. Designó Comisionados de Policía al frente del Consejo de Seguridad Nacional, la PN, el SPI y la UAF. Ya en Senafront, SENAN y Migración lo estaban. Incluso, designó oficiales en Aduanas y en el Sistema Penitenciario. El ‘Plan Barrios Seguros con más oportunidades y Mano Firme’ fue puesto en marcha. Se priorizó la prevención de la violencia y se incorporaron especialistas en la solución.
Lamentablemente, al año de Gobierno, la inseguridad continúa siendo la segunda preocupación ciudadana. A pesar de disminuir las estadísticas criminales, la percepción y la sensación de temor que se siente indican lo contrario y obligan a una evaluación profunda de las políticas desarrolladas. Las autoridades parecen no darse cuenta.
El Gobierno anterior convirtió a los pandilleros en los emblemas de la violencia, en las principales amenazas a la seguridad y focalizó la política de seguridad en función de su persecución selectiva. El nuevo ministro de Seguridad redujo el tema de la prevención casi exclusivamente a la atención de las pandillas y a la atracción de pandilleros a un programa de incorporación laboral que los apartara de las bandas criminales.
Esta decisión presumía que, ‘sumando’ y aislando a los pandilleros, se reducirían sustancialmente los problemas de inseguridad. Comprar pandilleros y ofrecerles empleo a cambio de declinar su actividad delictiva, no parece ser una solución integral y seria a la inseguridad, sin realmente brindar a esos jóvenes una oportunidad real de mejorar su vida y alejarlos de la criminalidad. Es un chantaje disimulado.
El narcotráfico, las armas de fuego y las pandillas son una triada de graves generadores de violencia. Pero es discutible que las pandillas sean responsables de la mayoría de los delitos en Panamá. El pandillerismo es solo una fracción del problema. Reducirlo es un buen objetivo, pero el proceso de reinserción es incompleto y frágil, porque no basta el subsidio o una fuente de empleo, sin atender la problemática de su conducta antisocial a través de educación, prevención y disminución de la inequidad social.
El programa ‘Barrios Seguros’ no ha llenado las expectativas, a pesar del esfuerzo realizado. Se reconocen sus bondades pero su enfoque es incompleto. Según estadísticas del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Panamá en el 2014 tuvo un índice de 16.3 homicidios por cada cien mil habitantes al año. Una epidemia dentro de una subregión pandémica. Esta medición se hace al final de cada año. Decir en junio de 2015 que dicho índice ha sido reducido a 8, no es más que una inaceptable manipulación de las estadísticas.
Justo es reconocer que en el primer trimestre de 2015 se cometieron 1820 delitos menos que en 2014. No obstante, la sociedad aún percibe una criminalidad rampante y una mayor violencia con más saña. Los delitos de violencia doméstica y femicidio aumentaron en este período. El temor y la inseguridad siguen presentes, afectando la vida normal de los panameños.
El gasto en seguridad en Panamá en el 2014 fue alrededor de mil millones de balboas, equivalente a un 2 % del PIB, el más alto en la región centroamericana, cuyo promedio solo alcanzó la cifra del 0.9 %, según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL).
Durante el Gobierno anterior el amiguismo y las prácticas políticas, en la Policía Nacional principalmente, produjeron ascensos y aumentos salariales sin cumplir los requisitos reglamentarios y de Ley. También hubo destituciones por persecuciones políticas. Ahora, los jefes y oficiales deben generar un compromiso profesional y la mística institucional para enfrentar el futuro.
El escenario actual reclama una visión integral frente a la fortaleza del crimen organizado en nuestro país. Es menester incrementar la presencia policial comunitaria en los barrios, así como la certeza del castigo a infractores, mediante la correcta administración de justicia y del proceso de rehabilitación realizado por un sistema penitenciario eficaz. Ese es el gran reto.
Fuente: laestrella.com.pa