En Venezuela el auge desmedido del delito obedece, según expertos en criminalística, a tres factores primordiales: la falta de una política integral efectiva en materia de seguridad ciudadana, el alto índice de impunidad y el colapso del sistema de justicia, elementos que han vuelto incontrolable la criminalidad y nos han llevado a figurar entre las naciones más violentas del mundo.
Según el abogado criminalista Javier Gorriño, el delito en Venezuela continúa en ascenso porque se ha pretendido controlar la inseguridad con planes u operativos puntuales que no atacan la raíz del problema. En su criterio, no se ha implementado una política pública que ataque en paralelo las distintas circunstancias que directa e indirectamente inciden en el aumento de la violencia y la criminalidad en el país.
Desde 1999 en Venezuela se han implementado 22 planes de seguridad ciudadana que no han arrojado resultados satisfactorios. Uno de ellos ha sido la Gran Misión A toda Vida Venezuela, creada por el fallecido presidente Hugo Chávez mediante el Decreto N 9.085, publicado en la Gaceta Oficial N 39.961 del 10 de julio de 2012.
Este programa fue concebido como una política pública de seguridad ciudadana integral y no como un simple plan. Entre sus objetivos se encuentra el «disminuir el índice de delitos», según señala la página web de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela; no obstante, las estadísticas dejan al descubierto los resultados: el 2012 culminó con saldo rojo al registrarse al menos 21.692 muertes violentas en todo el país, en el 2013 la cifra ascendió a 24.763 asesinatos y en el 2014, a 24.980, según cálculos de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
Estos números demuestran que las autoridades no han logrado controlar ni disminuir los niveles de criminalidad y que por el contrario, la tendencia es hacia la alza, pues desde 1995 se ha registrado un incremento sostenido de los asesinatos, según el Informe Global de Homicidios 2013, preparado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El segundo en la lista roja
En el 2014 el índice de asesinatos en Venezuela alcanzó las 82 muertes por cada 100 mil habitantes, según el informe alternativo sobre el derecho a la vida, presentado esta semana por las ONG Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y OVV ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual examinó al Estado venezolano con respecto a la implementación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, revisión que se llevó a cabo los días 29 y 30 de junio, en Ginebra, Suiza.
Cabe aclarar que el reporte fue dado a conocer por las ONG con el fin de proporcionar información complementaria a la presentada por el Estado venezolano, que en su rendición de cuentas argumentó, bajo la vocería de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que «en Venezuela el derecho a la vida es inviolable, es sagrado».
Para Ortega Díaz, la tasa calculada por LACSO y OVV «es exagerada» y «no se basa en cifras oficiales», las cuales han sido censuradas desde hace 11 años, según precisa el OVV en su informe anual del 2014.
Durante su intervención ante el órgano de la ONU, la fiscal general reveló que la estadística oficial del 2014 es de «62 homicidios por cada 100.000 habitantes», cifra que se ubica como el índice oficial más alto que se ha registrado en la historia de Venezuela, ya que equivale a 18.600 muertes violentas en un solo año. Vale acotar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica a la violencia como una «epidemia» cuando un país alcanza una tasa mínima de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes.
De acuerdo con el Informe Global de Homicidios 2013, el promedio mundial de asesinatos es de 6,2 por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de Venezuela es de 53,7 muertes violentas por cada 100mil/hab., lo que es igual a decir que al menos 16.702 personas perdieron la vida producto de la violencia criminal. En comparación con estos datos, la cifra aportada por Ortega Díaz es diez veces mayor al promedio mundial y supera en 11 puntos el índice reflejado en el documento de la ONU.
Similar resultado se desprende de un informe realizado por la OMS (WHO, 2014), el cual revela que Venezuela alcanzó una tasa de 57,6 muertes violentas por cada 100mil/hab., lo que se traduce en 17.259 asesinatos en un solo año. En ambos informes Venezuela ocupa el segundo lugar, después de Honduras, en la lista de países con la tasa de homicidios más alta del mundo.
Política equivocada
Según el criminalista Javier Gorriño, hay tres aspectos fundamentales que debe contener toda política criminal integral: la prevención del delito, la represión e investigación criminal y el tratamiento penitenciario. No obstante, asegura que en Venezuela existen deficiencias en los tres renglones.
De acuerdo con criterios de la ONU, la prevención del delito tiene dos vertientes: una social y otra, situacional. La primera -afirma Gorriño- está encaminada a rescatar a los jóvenes antes de que se inicien en el mundo del delito. «Lo que se trata de evitar es el abandono de la escolaridad, pues en esa situación comienzan a ejecutar pequeños actos de vandalismo y poco a poco se van acercando a las pandillas».
Al parecer esta tarea es cada vez más difícil, especialmente en las zonas populares, porque en la actualidad varias bandas criminales buscan a menores de edad para enlistarlos en sus filas. El criminalista Fermín Mármol García cita como ejemplo el caso de la megabanda que opera en el eje Barlovento, cuyos miembros reclutan a jóvenes de la localidad para fortalecer sus actividades delictivas.
Por otro lado, Mármol García indica que muchas de las bandas que operan en el país están integradas por menores de 25 años de edad.
El segundo tipo de prevención es la situacional, cuya finalidad es reducir al mínimo las posibilidades de actuación de los delincuentes. Gorriño indica que es aquí donde la presencia policial y los distintos operativos de seguridad cobran especial importancia. Sin embargo, en Venezuela existe un importante déficit policial.
La escasez en el pie de fuerza se extiende a todos los cuerpos policiales del país, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en parte como consecuencia del éxodo masivo de los funcionarios hacia las empresas privadas, donde ganan el doble del salario de un policía prestando servicios como escoltas o guardaespaldas, precisa el director general de la Policía Municipal de Sucre, comisario Manuel Enrique Furelos.
Según el estándar internacional establecido por la ONU, en un país debe haber cuatro policías por cada 1.000 habitantes. Bajo este criterio, en Venezuela se necesitarían al menos 120 mil efectivos para cubrir las necesidades de seguridad de todo el país las 24 horas del día los 365 días del año; no obstante, la nómina policial de la nación asciende 104 mil funcionarios, pero de ellos solo 80 mil están operativos, asevera Mármol García. Por tanto existe un déficit de al menos 40 mil funcionarios.
En el caso del municipio Sucre, que cuenta con la barriada más grande de toda Venezuela (Petare), el déficit policial se sitúa en 60%, aproximadamente. «El pie de fuerza de Sucre debería ser de 2.000 funcionarios, pero solo hay 790 operativos, y así están todas las policías», asevera el comisario Furelos en una entrevista exclusiva para El Universal.
Extraoficialmente se pudo conocer que en el Municipio Libertador, localidad con uno de los índices de criminalidad más altos del país, la nómina policial cuenta con al menos 1.700 funcionarios, de los cuales alrededor de 500 estarían operativos. El Universal trató de corroborar esta cifra con alguna autoridad de la Policía de Caracas, sin embargo, la entrevista no fue concedida. Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo con 122 homicidios por 100.000 habitantes, según el informe de la ONU anteriormente citado.
Déficit en todo
El segundo aspecto de una política integral para combatir el delito es la represión y la investigación criminal. Este renglón se ve igualmente afectado por un déficit presupuestario, tecnológico y de personal.
En lo que respecta a la represión situacional, el déficit policial, aunado al limitado poder de fuego de los cuerpos policiales estadales y municipales, ha incidido directamente en el auge de la criminalidad, asegura Gorriño.
Los efectivos policiales deben enfrentar a los delincuentes en condiciones de desventaja, ya que solo pueden usar una pistola 9 mm y una escopeta de calibre 12 mm por cada 10 funcionarios, según lo establece la resolución N 17.350 del Ministerio de Defensa del 13/02/2011.
Las bandas criminales, en cambio, cuentan con armamento de alto calibre tales como fusiles (rusos AK-47) y granadas. Tal fue el caso que se presentó el pasado 5 de junio, cuando cinco Policaracas resultaron heridos producto de la explosión de una granada lanzada por unos antisociales durante un enfrentamiento en la Cota 905, en la Parroquia El Paraíso del municipio Libertador.
Mármol García explica que las armas de guerra son de uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por tanto, no duda que parte del armamento utilizado por los delincuentes provenga de los parques de armas de las FANB, por la vía de la corrupción. Tampoco descarta que llegue a manos del hampa por vía del contrabando o del mundo ilegal de las drogas.
En lo relativo a la investigación criminal, el déficit de policías dedicados exclusivamente a esta área asciende a 300%, según cifras manejadas por Mármol García. El experto comenta que el estándar internacional en este renglón es de un funcionario por cada 1.000 habitantes; en tal sentido, en Venezuela se necesitan al menos 30 mil hombres dedicados a la investigación criminal, ya sea a la lectura de pesquisas o a las ciencias forenses y criminalísticas.
El déficit del talento humano también se extiende al sistema de justicia, el cual «colapsó» desde hace varios años, según Mármol García. La misma opinión es compartida por el criminalista Javier Gorriño, quien considera que el Ministerio Público y los tribunales de la República no se dan abasto ni cuentan con los recursos necesarios para procesar, investigar y condenar a las personas al mismo ritmo en que se comenten los delitos.
El tercer y último aspecto de una política criminal integral está referido al sistema penitenciario, que también colapsó desde hace 20 años, afirma Gorriño. El especialista advierte que el sistema carcelario continúa funcionando con la misma infraestructura y logística que hace años, pese a que la población reclusa ha crecido considerablemente, al punto de que todos los penales del país están sobrepoblados.
Según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), durante el primer semestre del 2014 el índice de hacinamiento carcelario se ubicó en 190% con una población reclusa de 55.007 personas en un espacio creado solo para 19 mil.
Planes improvisados
En los últimos 16 años el rector de la seguridad en el Estado ha cambiado 15 veces. Cada ministro que llega al despacho de Interior y Justicia lleva su propio equipo de trabajo, realiza su propia interpretación del tema e implementa sus propios planes. Es por ello que -a juicio de Mármol García- no existe continuidad en las políticas públicas para controlar el delito.
A lo anterior se agrega que varios de los planes puestos en marcha por el Ejecutivo nacional «son improvisados», en criterio del especialista. Un ejemplo de ello es el Plan Ruta Segura, implementado a mediados del 2008. El operativo consistió en ubicar a dos funcionarios de la Guardia Nacional, armados con FAL, dentro de las unidades de transporte público para resguardar la seguridad de conductores y pasajeros. Sin embargo, no duró más de dos semanas porque hasta a los efectivos les robaron las armas.
Territorio de impunidad
Otro plan que en criterio de todos los entrevistados nunca debió ser implementado es el Plan Nacional de Paz y Convivencia, cuyo objetivo es establecer «zonas de paz» con el fin de permitir que los delincuentes pudiesen regenerarse.
Según el Informe Misiones Transparentes: A Toda Vida Venezuela 2014, elaborado por la ONG Transparencia Venezuela, una de las estrategias centrales de este plan -anunciado en febrero de 2014- fue prohibir la presencia de organismos de seguridad del Estado en estas zonas, «por lo que cede espacio a actores no-estatales armados, la mayoría claramente asociados a actos delictivos y al crimen organizado».
Entre las críticas a esta estrategia está el hecho que no ataca la impunidad, que según el informe de Memoria y Cuenta del Ministerio Público para el 2014, se ubica en promedio en 98,3%.
El documento de la ONG señala de igual forma, que existen denuncias respecto a que las llamadas «zonas de paz» se han convertido en zonas de refugio de la delincuencia, donde las bandas criminales actúan libremente. Entre los casos más emblemáticos, se han señalado Barlovento y los Valles del Tuy.
Fuente: eluniversal.com