“Todos los días le pregunto: ¿lo tienes bien vigilado? ¿Estás seguro?”. El presidente Enrique Peña Nieto respondió así a León Krauze en marzo del 2014 y subrayaba que había instruido a sus colaboradores para que “nunca más vuelva a repetirse” la fuga de un capo de una cárcel de máxima seguridad. “Es una responsabilidad que tenemos a cuestas”, reconoció.
Pero Joaquín El Chapo Guzmán Loera escapó de El Altiplano, tras 15 meses en ese penal. Este evento evidencia la profunda crisis del sistema penitenciario federal, juzgó el gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu. Y pudo haberse evitado, si la administración del penal de máxima seguridad hubiera atendido los oficios girados desde Bucareli para urgir la ampliación de la red de videovigilancia al área de servicios especiales, el único punto ciego en todo el centro penitenciario.
Fueron peticiones que desatendió la dirección técnica de El Altiplano. Y que la noche del sábado 11, después de que se declarara la alerta roja por la fuga del capo sinaloense, provocaron un fuerte debate. Ahora, la procuradora Arely Gómez deberá investigar al respecto.
Después de la captura de El Chapo, Monte Alejandro Rubido relevó a Manuel Mondragón y Kalb al frente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Su ascenso coincidió con un profundo proceso de reestructuración del área de Prevención y Readaptación Social generado por su readscripción a la Secretaría de Gobernación ante la extinción de la SSPF.
El sistema penitenciario federal está conformado por las cárceles para mujeres Noroeste, El Zacatal y El Rehilete -donde está concentrada la población femenil-; los centros federales Norte y Noreste; los penales de Bugambilias, Morelos y El Aserradero, considerados de mínima seguridad, y además de Laguna del Toro, Puente Grande, El Rincón y El Altiplano, de máxima seguridad.
Al inicio del sexenio peñista quedaron presupuestados 10,000 millones de pesos para la construcción de ocho nuevos centros federales que fueron concesionados por la pasada administración a la Iniciativa Privada (IP), a través de contratos de prestación de servicios de largo plazo.
El comisionado de Prevención y Readaptación Social -órgano administrativo desconcentrado, adscrito a la CNSP- es el abogado quintanrroense Juan Ignacio Hernández Mora, quien fue designado en esa posición por su jefe, Monte Alejandro Rubido justo hace un año. Antes fungía como director de Vinculación y Seguimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En mayo del 2013, Hernández Mora dejó la Subprocuraduría General de Justicia del gobierno de Quintana Roo, encargado de la zona norte, con sede en Chetumal. Antes, fue secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Su mentor, en política, es el senador Félix González Canto, ex gobernador de Quintana Roo y cercano al secretario Miguel Ángel Osorio Chong.
El funcionario federal encargó la coordinación de los centros federales -entre los que se cuenta el penal del Altiplano- a la abogada Celina Oseguera Parra, quien hasta junio del año pasado estuvo al frente del sistema penitenciario en el Distrito Federal.
Oseguera Parra estuvo al frente del penal de Almoloya en el primer tramo del sexenio zedillista. Y justo entonces fue cuando Guzmán tuvo su primera estancia en esa cárcel de máxima seguridad, después fue trasladado a Puente Grande, de la que se evadió en el 2001. El responsable de la cárcel de máxima seguridad de la que logró fugarse El Chapo es el psicólogo Librado Carmona García.
Poco después de que Guzmán Loera fuera reaprehendido en Mazatlán, el presidente Enrique Peña Nieto concedió una entrevista a León Krauze. El presentador de Univisión en Los Ángeles le cuestionó -sin decir cuál era la fuente- sobre una encuesta, en la que 70% de los entrevistados creía que El Chapo volvería a escapar de prisión. “¿Usted se compromete a que eso no va a ocurrir?”, cerró.
“Es una obligación que tiene el Estado mexicano y más frente a lo que ocurrió en el pasado. Más que lamentable, sería algo verdaderamente imperdonable”, predijo el Ejecutivo federal.
EFECTOS SECUNDARIOS
APANTALLADOS. Han pasado 30 años del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena y su historia llegará a la pantalla grande, en primera instancia por el documental Operación Leyenda, de Arlette Garibay, pero también podría ser recreada en Hollywood en una coproducción de Charlie Sheen y Oliver Stone. Y más: después de haber entregado a cadenas de televisión de paga El Octavo Mandamiento -sobre la relaciones entre la prensa y el poder- o Capadocia, la casa productora de Epigmenio Ibarra ahora produce para Netflix una serie que retratará a la clase política mexicana. “Veremos una historia como House of Cards. Imagínate quién será la versión tropicalizada de Frank Underwood”, adelanta uno de los guionistas que participa en el proyecto que estaría lista el próximo año. Antes, al streaming llegará Club de Cuervos, una ficción sobre el mundo del futbol que dirige Gary Alazraki. Mientras, su padre Carlos y su amigo Francisco Martín Moreno ultiman el guión de un drama que tendría como protagonista a una poderosa lideresa sindical ahora en prisión. ¿Quién será?
MERMADOS. En México hay menos millonarios. De acuerdo con el World Wealth Report 2015 elaborado por Capgemini y RBC Wealth Management, el país azteca se ubicó en el lugar 21 entre los 25 países con más millonarios -aquellos que tienen una fortuna superior al millón de dólares-, con 125,000 en el 2014. En relación con el año anterior, descendió cuatro lugares y perdió 5,000 millonarios. ¡Órale!
Fuente: eleconomista.com.mx