El presidente Ollanta Humala Tasso anunciará, en su mensaje del 28 de julio, los primeros decretos legislativos sobre seguridad ciudadana, adoptados al amparo de las facultades delegadas por el Congreso de la República, informó el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén Olaya.
“El señor Presidente de la República, en el mensaje del 28 de julio, va a implementar las primeras medidas en materia de seguridad ciudadana, las va a hacer públicas, y esos decretos también serán aprobados por la misma fecha”, afirmó. En declaraciones a la Agencia Andina, el titular de Justicia sostuvo que las primeras medidas están referidas al sicariato, la flagrancia y los menores infractores.
Refirió que se va a independizar el delito de sicariato, que será sancionado con penas muy severas para sus infractores, sin beneficios penitenciarios y con el agravantes por la utilización de armas de guerra, menores de edad, número de sicarios y número de víctimas también.
Centro juvenil
“Tenemos bastante confianza que con estas nuevas medidas vamos a tener una herramienta muy persuasiva. El sicario lo va a pensar dos veces, no habrá beneficios penitenciarios y, por el contrario, habrá penas muy severas y una serie de agravantes”, afirmó.
Sobre este tema, el ministro informó que se está incrementando de 6 a 10 la pena de reclusión en un centro juvenil para los menores de edad, pero solo para aquellos que hayan cometidos delitos muy graves, por ejemplo, sicariato.
Ampliar las penas
“Estamos agravando las penas para los menores. Actualmente, un menor puede ser condenado hasta seis años, pretendemos ampliar esas penas hasta los 10 años. Cumplida la mayoría de edad, abandonan el centro juvenil y pasan a cumplir su pena a un penal”, anotó. Adrianzén descartó que este incremento exprese un filosofía punitiva del Gobierno contra una población vulnerable, como son los jóvenes.
Por el contrario, refirió que el Gobierno es garante de los derechos fundamentales de los jóvenes, pero debe entenderse que se ha llegado a un estado tal de violencia por parte de delincuentes juveniles que es necesario que el Estado defienda a su población con penas más severas. Expresó que estas medidas buscan mejorar la seguridad ciudadana.
Jueces y fiscales
Indicó que de nada sirve aumentar las penas, si los jueces y fiscales van a dejar libres a los delincuentes. Por esa razón, se ha aprovechado la delegación de facultades para hacer cambios a la ley de flagrancia, dictada hace nueve años. Puso como ejemplo el caso del joven Adriano Pozo Arias (25), quien arrastró de los cabellos a su enamorada en un hotel de Ayacucho, y pese a tener el video con estas terribles imágenes, la fiscal inicialmente no pidió su detención y ahora se encuentra prófugo.
Pero, además, señaló la poca efectividad que ha tenido la ley de flagrancia, pues en una década de vigencia hay menos de 300 sentenciados con esta legislación. Por eso, dijo, los fiscales y jueces consideraban insuficiente esta herramienta, razón por la cual se ha decidido mejorarla, para que no se vuelvan a repetir situaciones como la de Ayacucho.
Fuente: elperuano.com.pe