La prosperidad de los pueblos si bien no es el único factor que incide en la seguridad ciudadana, si lo es de forma determinante. Es imposible pretender mantener por separado los términos seguridad y prosperidad, así como negar la estrecha relación entre los mismos.
Dentro de los protagonistas en el desarrollo económico de las naciones, las mujeres deben cumplir un papel de primer orden, lo que en muchos casos no sucede entre otras causas debido a que sus derechos no son respetados.
En todo el mundo y muy especialmente en nuestra región latinoamericana, en la misma medida que la mujer dispone de un amplio abanico de posibilidades de realización personal y profesional, los positivos impactos se reflejan en su núcleo familiar inmediato. No es secreto que parte importante de los generadores de violencia, son las familias fragmentadas donde las madres contra las mayores dificultades, son el único pilar generador de precarios ingresos y sustento.
En septiembre de este año el Banco Mundial presentó el informe «Mujer, Empresa y Derecho 2016», en el cual se reflejan entre otros, los siguientes datos: las mujeres enfrentan restricciones de acceso al empleo en 100 de 173 economías analizadas, en 18 economías no pueden obtener un empleo sin permiso del esposo, en 41 economías las mujeres tienen prohibiciones para trabajar en ciertos empleos en recintos industriales. En 59 países no existen leyes contra el acoso sexual en el trabajo. El 90 por ciento de las economías analizadas tiene por lo menos una ley discriminatoria hacia la mujer. Existen 18 economías que no presentan restricciones legales hacia la mujer en el ámbito laboral, entre las que destacan por nuestra región República Dominicana, Perú, Puerto Rico y México. En 46 economías aún no se han generado instrumentos legales que protejan a la mujer ante la violencia doméstica. En Latinoamérica este aspecto ha sido considerado por casi todos los países, pero el foco de atención debe ir hacia la aplicación.
El informe «Violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe», de la Organización Panamericana de la Salud (2013), indica que en una encuesta realizada en doce países latinoamericanos, el 53% de las mujeres habían sido víctimas en algún momento de violencia física o sexual por parte de su pareja. Algo también muy preocupante es que el porcentaje que solicitó ayuda institucional en esos casos era un máximo del 36%. ¿Desconfianza en las instituciones?
Está demostrado que un entorno familiar violento es el caldo de cultivo perfecto para desvirtuar lo que debe ser una feliz infancia y convertirse en un camino a la delincuencia. Los estilos de crianza y el ambiente familiar son actores que influyen en la evolución de habilidades cognitivas y no cognitivas (y propensión criminal) en niños y jóvenes, desde el nacimiento, la infancia y la adolescencia. Podría concluirse entonces, que al proteger a la mujer se protege a la familia, a los hijos, al futuro, a la seguridad ciudadana.
Otro documento que presenta interesante información es «Las mujeres, el trabajo y la economía: beneficios macroeconómicos de la igualdad de género», publicado en Septiembre del 2013 por el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, menciona que es más probable que las mujeres inviertan una mayor proporción del ingreso familiar que los hombres en la educación de sus hijos. Ya sabemos la íntima relación entre acceso a la educación y probabilidad de disminución del delito. Por tanto, entre mayor equidad de género para el acceso a puestos de trabajo, mayor probabilidad de incrementar el nivel de escolaridad familiar.
En los casos que las mujeres incurren en hechos delictivos, deben tener la misma atención y recursos para su recuperación y reinserción productiva a la sociedad. El «Informe mundial sobre las drogas 2015» de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), refleja que aunque uno de cada tres consumidores de drogas es mujer, solo uno de cada cinco consumidores de drogas que reciben tratamiento es mujer.
Las mujeres, que representan más del cincuenta por ciento de la población mundial, tienen el derecho de contribuir en el crecimiento económico de los pueblos. Pero para ello, los estados deben garantizar que se disponga de igualdad de condiciones en todos los ámbitos.
Una sociedad donde la mujer tiene como opción aportar de forma justa y en condiciones de igualdad a la prosperidad de su país, mantiene una familia sana y generadora de ciudadanos con sólidos valores, lo que incide positiva y directamente en los niveles de delito y seguridad.
@alfredoyuncoza
