El oficial J. A. L. decidió pedir la baja en la policía del municipio Sucre para incorporarse a una empresa privada. A sus 26 años de edad, el hombre quería mejorar sus ingresos personales y disminuir el riesgo que implica el patrullaje motorizado por uno de los sectores más peligrosos del segundo país más violento del mundo.
Cuando apenas tenía tres años de servicio solicitó su desincorporación de la policía. Ahora, dice, gana el triple como escolta motorizado. Pero reconoce que su trabajo no está exento de peligros. De hecho, fue en esta nueva fase de su carrera cuando le dispararon para robarle la moto y el arma.
Así como ocurrió con este funcionario, solamente en ese cuerpo de policía municipal han solicitado la baja 480 agentes durante los últimos 3 años, de acuerdo con cifras suministradas por el ex director de seguridad de esa alcaldía Ángel Alvarado.
Algo similar sucede en Baruta, donde el pie de fuerza policial ha disminuido en 8% durante los últimos 2 años, según el director de seguridad de ese municipio Manuel Tangir.
Para este funcionario, se trata de una situación “crítica”, que puede traer consecuencias indeseadas en el futuro cercano.
Baruta y Sucre son los municipios caraqueños donde el déficit de agentes se percibe con mayor claridad. La carencia de funcionarios es tal que para llegar al mínimo exigido por el Ministerio de Relaciones Interiores (3 agentes por cada 1.000 habitantes) sería necesario quintuplicar el contingente actual del primer municipio, y multiplicar por 6,3 el del segundo. En El Hatillo la situación no es menos grave.
“Lo que ocurre actualmente no lo habíamos visto nunca. En este momento hay un éxodo masivo de agentes a la empresa privada. Es como la suma de todos los males. Los funcionarios no tenemos ni para comer”, expresó el director de una policía del Distrito Capital.
Demanda de servicios. El director de la fundación Aulas Abiertas, Roberto Rodríguez, indicó que si los funcionarios de todas las policías salieran a patrullar al mismo tiempo aún faltarían por lo menos 10.000 agentes por turno para llegar al estándar mínimo correspondiente a una ciudad con la población de Caracas.
La organización de Rodríguez imparte charlas sobre seguridad a comunidades y condominios con el respaldo de las alcaldías de Baruta y El Hatillo. Explicó que más de 10% de los uniformados en nómina realmente no están en las calles, pues se encuentran de vacaciones, en reposo médico o suspendidos por medidas disciplinarias o procesos penales.
“Pero estos funcionarios continúan cobrando y deben ser contados como parte del pie de fuerza hasta que los desincorporen definitivamente”, explicó.
Otra parte de las organizaciones policiales se dedica a trabajos administrativos y a la investigación de desviaciones internas, lo que antes se conocía como Inspectoría. Este personal forma parte de las estadísticas, pero no hace trabajo de calle.
Rodríguez afirmó que el gobierno central ordenó que la mayoría de los agentes de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana actúen en Libertador. El primer cuerpo solo envía algunos uniformados a las vías expresas de Sucre y Baruta. Por otra parte, los militares solo se ven de manera esporádica en El Hatillo.
Esa apreciación la confirma un reporte sobre “capacidad operativa” de la PNB emitido en agosto. El documento revela que todos los recursos de ese cuerpo para la región capital fueron concentrados en Libertador. Eso equivale a poco más de 8.180 uniformados. Los centros de coordinación policial de Petare y Ciudad Belén fueron dejados con personal mínimo.
La consecuencia es un desbalance en cuanto a la presencia policial en los distintos municipios capitalinos. En Libertador, además, operan contingentes de la Policía de Caracas y de la Guardia del Pueblo. Aun así, el déficit de uniformados es de por lo menos 93% en ese municipio, debido a la necesidad de prestar servicio a una población de más de 2 millones de habitantes.
Rodríguez indicó que el creciente déficit de policías hace prácticamente imposible la realización del esquema de “patrullaje inteligente”, que implica la presencia permanente de uniformados en pequeños circuitos trazados en toda la ciudad.
“No hay capacidad operativa para sustentar ese sistema. Toda la segmentación que se diseñó no implica que al final se supla la demanda de seguridad”, dijo.
El déficit de servicio policial se agudiza en las noches debido a que los funcionarios tienen prohibido utilizar sus motos para labores de patrullaje. Los recorridos deben hacerse solo con automóviles o camionetas. Para todo el casco central, por ejemplo, la Policía Nacional Bolivariana disponía en agosto de solo tres unidades.
Fuente: @javiermayorca www.el-nacional.com