En términos generales el delito y la violencia que la misma conlleva, han tenido un incremento constante en la región de América Latina.
Los costos directos de la dicha actividad, generalmente se identifican entre otros con aquellos que se refieren a aspectos legales, rehabilitación, personales o de familia, prevención y de atención institucional. Desde el punto de vista económico, el desarrollo del delito en Latinoamérica podría representar en promedio un 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Por otra parte, existen los llamados costos indirectos o intangibles, representados por el subdesarrollo personal, costos de oportunidad, temor, recursos no percibidos, angustias, cambio de las rutinas, alteración de los procesos de avance o desarrollo individual o grupal, falta de confianza, entre otros. Estos costos que de forma preliminar, no necesariamente son tangibles o cuantificables tienen un importante impacto negativo en los ciudadanos.
Sobre las consecuencias indirectas es interesante considerar la reciente publicación «Costos indirectos del delito: evidencia de América Latina» (Mauricio Olavarría y Roberto Guerrero), el cual forma parte de la obra «Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe», del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Allí se incluyen datos e información relevantes, tal como los efectos de la violencia doméstica no sólo sobre la víctima directa de la agresión sino en el grupo familiar. Por ejemplo, se incrementan los gastos por atenciones médicas para tratar trastornos psicosociales y fisiológicos, primordialmente en las mujeres. Los niveles de anemia se incrementan en promedio de un 12% entre las mujeres víctimas y por otra parte, las probabilidades de divorcio se sitúan en un 108%. Como es de esperar, este tipo de violencia incide negativamente en la psiquis de los hijos e incluso en su desarrollo físico desde temprana edad. Al disminuir la frecuencia mínima requerida de atención prenatal, se incrementa la probabilidad de tener una composición corporal deficiente a largo plazo, enfermedades gastrointestinales y bajo peso. Sobre éste último factor, hay estudios que demuestran como madres expuestas durante su primer trimestre de embarazo a ambientes violentos específicamente a homicidios, tienen más hijos prematuros o con un peso por debajo del estimado. La violencia doméstica afecta al núcleo familiar de forma tal, que disminuye las posibilidades de desarrollo y su aporte productivo a la sociedad.
Otro caso de estudio es la migración de la población a otros sectores, provocada por la violencia del negocio de las drogas. Esta actividad delictiva al enraizarse en un área, no sólo incrementa la sensación de inseguridad sino que incide en la reducción del mercado laboral formal y en el valor de los inmuebles en general, creando distorsiones en las economías. Cuando este fenómeno ocurre a familias de ingresos suficientes, las mismas tienen la posibilidad de optar por inmuebles en otras zonas y/o con mayores medidas de protección, lo que crea cierta tranquilidad ante la delincuencia. Pero cuando ocurre a familias con bajos ingresos los impactos son mayores. Estudios indican que un incremento del 100% de la tasa de homicidios, puede generar en las viviendas de bajo costo una disminución promedio de su valor en un 1,1%, fenómeno que no ocurre con las zonas residenciales. La diferencia entre ambos grupos socioeconómicos en cuanto al impacto de la tasa de homicidios en valores de inmuebles, puede ser en promedio un 73% mayor para los sectores de menores ingresos. Cuando la tasa de homicidios se incrementa y mantiene en el tiempo por ejemplo en un 150%, el valor de inmuebles para vivienda en sectores desfavorecidos económicamente, ha llegado a disminuir hasta en un 40%.
Como puede evidenciarse, la violencia no sólo crea un patrón de migración, sino que afecta el valor de los inmuebles, lo que para muchos es su patrimonio más importante.
En cuanto al campo laboral, cuando la violencia es generada por el tráfico de drogas, se han producido disminuciones de un 2,5% en la población que trabaja, un 1,5% de incremento en el desempleo, una reducción del 0,5% del autoempleo y del 0,4% de propietarios de negocios. Si la violencia se mantiene e incrementa en el tiempo, influye en quienes desarrollan actividades económicas en cuanto a evaluar reubicaciones, inversiones y oferta de ocupación formal.
Los costos indirectos de la violencia afectan al ciudadano y derivan en todo su entorno económico, laboral, familiar, escolar y social en general. Por la magnitud de sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, es imperativa la participación activa y continua de los Estados en franca e integral alianza con otros actores de la sociedad, a fin de sentar las bases de solución que permitan elevar la calidad de vida de la población.
@alfredoyuncoza
Los costos directos de la dicha actividad, generalmente se identifican entre otros con aquellos que se refieren a aspectos legales, rehabilitación, personales o de familia, prevención y de atención institucional. Desde el punto de vista económico, el desarrollo del delito en Latinoamérica podría representar en promedio un 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Por otra parte, existen los llamados costos indirectos o intangibles, representados por el subdesarrollo personal, costos de oportunidad, temor, recursos no percibidos, angustias, cambio de las rutinas, alteración de los procesos de avance o desarrollo individual o grupal, falta de confianza, entre otros. Estos costos que de forma preliminar, no necesariamente son tangibles o cuantificables tienen un importante impacto negativo en los ciudadanos.
Sobre las consecuencias indirectas es interesante considerar la reciente publicación «Costos indirectos del delito: evidencia de América Latina» (Mauricio Olavarría y Roberto Guerrero), el cual forma parte de la obra «Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe», del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Allí se incluyen datos e información relevantes, tal como los efectos de la violencia doméstica no sólo sobre la víctima directa de la agresión sino en el grupo familiar. Por ejemplo, se incrementan los gastos por atenciones médicas para tratar trastornos psicosociales y fisiológicos, primordialmente en las mujeres. Los niveles de anemia se incrementan en promedio de un 12% entre las mujeres víctimas y por otra parte, las probabilidades de divorcio se sitúan en un 108%. Como es de esperar, este tipo de violencia incide negativamente en la psiquis de los hijos e incluso en su desarrollo físico desde temprana edad. Al disminuir la frecuencia mínima requerida de atención prenatal, se incrementa la probabilidad de tener una composición corporal deficiente a largo plazo, enfermedades gastrointestinales y bajo peso. Sobre éste último factor, hay estudios que demuestran como madres expuestas durante su primer trimestre de embarazo a ambientes violentos específicamente a homicidios, tienen más hijos prematuros o con un peso por debajo del estimado. La violencia doméstica afecta al núcleo familiar de forma tal, que disminuye las posibilidades de desarrollo y su aporte productivo a la sociedad.
Otro caso de estudio es la migración de la población a otros sectores, provocada por la violencia del negocio de las drogas. Esta actividad delictiva al enraizarse en un área, no sólo incrementa la sensación de inseguridad sino que incide en la reducción del mercado laboral formal y en el valor de los inmuebles en general, creando distorsiones en las economías. Cuando este fenómeno ocurre a familias de ingresos suficientes, las mismas tienen la posibilidad de optar por inmuebles en otras zonas y/o con mayores medidas de protección, lo que crea cierta tranquilidad ante la delincuencia. Pero cuando ocurre a familias con bajos ingresos los impactos son mayores. Estudios indican que un incremento del 100% de la tasa de homicidios, puede generar en las viviendas de bajo costo una disminución promedio de su valor en un 1,1%, fenómeno que no ocurre con las zonas residenciales. La diferencia entre ambos grupos socioeconómicos en cuanto al impacto de la tasa de homicidios en valores de inmuebles, puede ser en promedio un 73% mayor para los sectores de menores ingresos. Cuando la tasa de homicidios se incrementa y mantiene en el tiempo por ejemplo en un 150%, el valor de inmuebles para vivienda en sectores desfavorecidos económicamente, ha llegado a disminuir hasta en un 40%.
Como puede evidenciarse, la violencia no sólo crea un patrón de migración, sino que afecta el valor de los inmuebles, lo que para muchos es su patrimonio más importante.
En cuanto al campo laboral, cuando la violencia es generada por el tráfico de drogas, se han producido disminuciones de un 2,5% en la población que trabaja, un 1,5% de incremento en el desempleo, una reducción del 0,5% del autoempleo y del 0,4% de propietarios de negocios. Si la violencia se mantiene e incrementa en el tiempo, influye en quienes desarrollan actividades económicas en cuanto a evaluar reubicaciones, inversiones y oferta de ocupación formal.
Los costos indirectos de la violencia afectan al ciudadano y derivan en todo su entorno económico, laboral, familiar, escolar y social en general. Por la magnitud de sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, es imperativa la participación activa y continua de los Estados en franca e integral alianza con otros actores de la sociedad, a fin de sentar las bases de solución que permitan elevar la calidad de vida de la población.
@alfredoyuncoza