Si hay algo que tiene en común América Latina es el alto nivel de violencia producto de actividades delictivas.
Al analizar la clasificación 2014 de las 50 ciudades más violentas del mundo, que elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., de México, sólo 7 urbes están fuera de América Latina y los 13 primeros lugares se ubican en la región.
Por otra parte, no todo son malas noticias. En el informe antes mencionado no aparece ninguna ciudad del Ecuador, Colombia ha logrado reducir la cifra de secuestros de 8 a 1 por día y Nicaragua es el cuarto país de América Latina y el primero de Centroamérica con la menor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, según el Informe Regional de Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Son ejemplos que la región puede arrojar resultados positivos, cuando se tratan de manera particular aspectos que tienen efectos en los indicadores. A continuación mencionaré algunos de los factores que toda nación debe considerar cuando se trata de combatir el delito y la violencia.
Instituciones sólidas y transparentes. La corrupción es un mal que corroe las instituciones públicas y privadas, lo que genera una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. En el estudio Corruption perceptions index 2014 elaborado por Transparencia Internacional, sobre 174 países entre los primeros 15 con mejores resultados de percepción sobre el sector público, no ubicaremos ninguno latinoamericano. Las instituciones del Estado deben transmitir solidez, lo que se traduce en autonomía para la toma de decisiones, nula relación operativa con el partido de gobierno en turno, transparencia, capacidad de gestión sustentada con recursos suficientes y la obligación de rendir cuentas de su gestión, la cual debe estar orientada hacia la cero tolerancia y cero impunidades, en un marco de respeto a los derechos humanos.
Sistema de justicia criminal. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en América Latina no llega al 25% el promedio de la población que confía plenamente en su sistema de justicia criminal. Según el informe “Por una América Latina más segura” 2014 de la Corporación Andina de Fomento, y en base a los datos levantados en 13 urbes latinoamericanas, en promedio sólo el 13,7 % percibe que el sistema judicial impone castigos justos, y sólo 6,4% que se otorgan sentencias de manera expedita.
Los sistemas de justicia necesitan una cantidad de funcionarios en proporción al número de casos que en promedio manejan en cada país. Por otra parte, deben contar con los recursos de tecnología e infraestructura que les permitan agilizar los tiempos de atención a la población. El recurso humano debe disponer de capacitaciones frecuentes y de alta calidad, así como evidenciar que efectivamente es posible hacer carrera dentro de las instituciones, ya que su permanencia en las mismas va a depender de los méritos de su gestión y no de influencias de carácter político partidista.
En lo que respecta a las cárceles y según el informe de la CAF antes mencionado, el nivel de ocupación más bajo para un país de América Latina es de un poco más del 100% en Argentina, hasta el más alto de aproximadamente un 325% en El Salvador. Por otra parte, el porcentaje de reclusos esperando juicio por varios años va desde un 15% para Nicaragua hasta un 85% en Bolivia aproximadamente.
Los centros penitenciarios no pueden seguir siendo hacinados depósitos de seres humanos. Se requiere la implementación efectiva de políticas que garanticen un entorno que respete los derechos humanos del reo, la seguridad de las instalaciones y la transparencia administrativa y operativa, que minimice los actos de corrupción que parecieran ser parte aceptada de la cultura de las prisiones.
Los funcionarios a cargo de dichas instalaciones no deben ser escogidos al azar. Se requiere centros de capacitación especializada donde lo ético, lo humano y lo técnico formen un balance en el contenido de formación.
Cuerpos policiales de avanzada. Es público que en casi toda América Latina la profesión de policía no está entre las primeras opciones a las que abordan los jóvenes. ¿Qué haría atractiva a los candidatos y más eficiente su gestión a esta profesión? Es necesaria la inversión en inmuebles que permitan al funcionario público y a su familia, disfrutar de un entorno sano y de calidad, fuera del medio donde permanecen los delincuentes que deben combatir. Beneficios tales como seguros consistentes con su actividad con amplias coberturas para atención hospitalaria, accidentes y vida deben revisarse y mejorarse. La participación permanente del funcionario en intercambios académicos con organizaciones nacionales e internacionales, consolidan su formación académica, amplían su visión como profesionales y les permiten conocer las mejores prácticas de sus pares.
Según el informe “Por una América Latina más segura” 2014 de la Corporación Andina de Fomento, el tiempo de respuesta de la policía después de una llamada telefónica en América Latina es en promedio de 35 minutos, más que suficientes para que el delincuente pueda escapar.
No es posible esperar de los cuerpos de seguridad públicos operaciones de calidad cuando el equipamiento en armas, municiones, sistemas de comunicaciones, transporte, infraestructura entre otros, incluye elementos escasos e incluso del siglo pasado. Debe contarse con recursos acordes a los delitos a combatir, para contar así con la ventaja operativa necesaria.
Por otra parte, se necesitan órganos contralores que garanticen la eficiencia y transparencia de la administración de los organismos de seguridad. En la medida que los resultados de los cuerpos policiales mejoran, se incrementa la confianza de los ciudadanos tan necesaria en la relación y comunicación permanentes, que deben existir entre ambos.
Inversión social de calidad. Como lo indica el Informe sobre Desarrollo Humano 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando en la etapa prenatal y de primera infancia del individuo, se le expone a un abandono temprano, una estimulación y nutrición deficientes sumado a la falta de atención prenatal y postnatal, se amplían las posibilidades de el joven se vea inmerso en actividades de violencia y conflictos. Por tanto, se hace necesario atender con recursos suficientes los aspectos de educación, salud y nutrición desde temprana edad a la población más vulnerable, lo que no siempre sucede. Como lo advierte el informe de la UNICEF “Estado Mundial de la Infancia”, en América Latina y el Caribe, en términos de tasas netas un 25% es la inasistencia de quienes se inscriben en la educación secundaria. El número de nacimientos por cada 1000 niñas adolescentes de 15 a 19 años es de 74 cuando la cifra a nivel mundial es de 50. Es mucho lo que tiene la región por hacer en lo social, que influirá positivamente en la seguridad.
Participación ciudadana. No necesitamos habitantes sino ciudadanos comprometidos entre otros con su entorno. ¿Queremos una ciudadanía participativa? Entonces los Estados deben ganar su confianza mediante la transparencia, la lucha a la corrupción y el fortalecimiento de instituciones orientadas hacia el éxito de su gestión en políticas públicas no improvisadas, evaluables, coherentes y con permanencia razonable en el tiempo.
Fuente: @alfredoyuncoza