La tasa de homicidios de Venezuela alcanzó la cifra histórica de 90 por cada 100 mil habitantes.
Una de cada cinco personas que mueren asesinadas en América es un venezolano.
Una vez más, los venezolanos enfrentamos una ausencia total de información oficial sobre las cifras de homicidios proporcionadas por los organismos competentes del poder ejecutivo y judicial.
Después de doce años de censura oficial de la información sobre criminalidad, los investigadores de las siete universidades nacionales, públicas y privadas, que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), nos vemos en la obligación de ofrecer al país nuestro balance sobre la situación de violencia que ha vivido Venezuela en el año que culmina.
La situación de falta de información se ha convertido en una política de Estado que ciertamente no afecta únicamente a este aspecto de la vida social. Las universidades nacionales hemos levantado nuestra voz de protesta pues el gobierno nacional dejó de dar también cifras de pobreza, de inflación, escasez, contagio por enfermedades de trasmisión vectorial y de toda condición indicadora de las reales condiciones de vida de la población venezolana y que pudieran reflejar el fracaso gubernamental en su solución o control.
Pero las universidades nacionales nos sentimos también en la obligación con el país de proporcionar información alternativa con las herramientas y metodologías científicas que disponemos: estudios, encuestas, estimaciones, para cubrir el vacío que ha dejado la información oficial.
Metodología
En el Observatorio Venezolano de Violencia recurrimos, como en oportunidades anteriores, a la modelación estadística de tres series históricas; a saber, Homicidios, Casos de Resistencia a la Autoridad y las Averiguaciones de Muertes.
Los datos son los casos conocidos por la antigua PTJ y el actual CICPC, y compilados por estas instituciones anualmente.
Las series que disponemos abarcan datos desde 1990 hasta el año 2013 para las muertes violentas.
El concepto de muertes violentas que utilizamos se define como la suma de las muertes ocurridas bajo cada una de las tres categorías anteriores: homicidios legales, averiguaciones de muerte y resistencia a la autoridad.
La estadística oficial utiliza la categoría homicidios sólo para los casos (de una o varias víctimas) donde se abrió un expediente judicial por asesinato. Muchos otros casos, de miles de muertes violentas, de por ejemplo de personas fallecidas a causa de un disparo de arma de fuego, quedan fuera de esa categoría por tener una intención “indeterminada”.
En otros casos, miles también, donde la muerte ocurre a consecuencia de una acción del Estado, policial o militar, se clasifican y archivan como resistencia a la autoridad. Ciertamente, no todo caso de enfrentamiento con la autoridad termina en homicidio, ni toda muerte en averiguación tiene por qué ser el resultado de un acto violento, ¿cuántos son?, es imposible saberlo por la poca claridad de los datos y la censura, pero hay abundantes evidencias de ejecuciones de personas desarmadas, quizá presuntos delincuentes, que han sido filmadas por observadores casuales, y que luego son reportados como casos de resistencia a la autoridad.
En opinión del Observatorio Venezolano de Violencia, aun cuando la muerte sea el resultado de una acción legal ajustada al protocolo de uso proporcional de la fuerza, es una muerte violenta que debe ser contabilizada como tal, pues es el resultado del nivel de violencia existente en la sociedad.
Los coeficientes que fijan el número de muertes resultantes para las dos últimas categorías solamente se pueden establecer mediante aproximaciones subjetivas, más o menos consensuadas, entre los conocedores del entorno policial.
Hay que advertir que aun cuando los modelos ajustados son los “mejores” desde el punto de vista estadístico; vale señalar, aquellos que proporcionan el mejor ajuste a los datos y además aseguran el menor error de predicción, tal ejercicio ocurre asumiendo un ceteris paribus; es decir, que las condiciones determinantes del comportamiento pasado no han cambiado y se mantienen constantes.
Se comprende, por tanto, que en la medida en que el horizonte de predicción se alarga, el ejercicio de predicción es más incierto.
El procedimiento de búsqueda de los mejores modelos de predicción consideró la clase de los modelos de suavizamiento exponencial y los modelos autorregresivos de promedios móviles integrados (ARIMA), resultando un modelo ARIMA (0,1,0) para la serie de Homicidios, un modelo simple para la serie de casos de Resistencia a la Autoridad y el modelo de suavizado exponencial de Brown para la serie de casos de Averiguaciones de Muertes.
Para los cálculos de este año, se tomaron en consideración para su inclusión como muertes violentas el 100% de los casos establecidos como homicidios, el 60% de los casos establecidos como averiguación de muerte y el 95% de los casos de resistencia a la autoridad.
Esto último por considerar que la respuesta de la acción policial-militar del 2015 fue particularmente violenta, tanto en las acciones aisladas como con las realizadas en el contexto de la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), y que la gran mayoría de esos casos eran muertes violentas resultado de acciones legales o ilegales.
Resultados
Los estimados del Observatorio Venezolano de Violencia son que para el final del año 2015 tendremos en el país 27.875 muertes violentas para una tasa de 90 fallecidos por cada cien mil habitantes.
Esta tasa pudiera colocar a Venezuela como el país más violento de América, luego de conocer las cifras de Honduras y El Salvador, pues Honduras -que el año pasado se encontraba en ese primer lugar- ha tenido un descenso importante en el número de homicidios; pero El Salvador ha sufrido un incremento importante, que lo pudiera colocar con una tasa igual o superior a la de Venezuela.
Salvo Venezuela y El Salvador, la tendencia de toda la región ha sido a la estabilidad o disminución en el número de homicidios.
Brasil mantiene estable su tasa aunque varía en la distribución territorial la violencia, disminuyendo en el sur e incrementándose en el nordeste.
Colombia ha tenido unas reducciones sostenidas por una década y con una disminución histórica en las ciudades importantes del país.
México disminuye los homicidios, luego de unos años de incremento a partir de 2008, y mantiene grandes diferencias territoriales, con ciudades muy seguras al sur y muy peligrosas al norte.
Esas variaciones nos permiten estimar que para fines del año 2015 se habrán cometido en América Latina y el Caribe un total de 145.000 homicidios, de los cuales Venezuela aporta el 19%.
Es decir, que uno de cada cinco homicidios que se cometen en la región lo padece un venezolano. O dicho de otro modo, de cada diez víctimas de homicidios de la región, dos son venezolanos, tres son brasileños, uno es colombiano y otro mexicano; y los tres restantes se dividen entre todos los demás 40 países y unidades político-territoriales del subcontinente que registra la UNODC1.
Discusión
El incremento de la violencia en el año 2015 ha acompañado el deterioro general de las condiciones de vida de la población venezolana: el empobrecimiento, la escasez, la inflación, el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y asalariados, la disminución de la disponibilidad y variedad de alimentos y medicamentos, la debilidad creciente de los servicios de salud y educación, el incremento del miedo y la pérdida del espacio público.
La violencia se ha incrementado en el país por ausencia y exceso de Estado. Por ausencia de la protección de las personas y del castigo de los delincuentes; en exceso por el incremento de controles y regulaciones que han llevado al incremento de los abusos de los encargados de su aplicación y al surgimiento de mercados y conductas paralegales o ilegales.
Durante estos años el OVV ha procurado ofrecer cifras realistas aunque conservadoras de la situación de violencia e inseguridad en el país. Esas estimaciones luego han sido confirmadas por los datos o encuestas oficiales, las cuales en varias oportunidades han resultado ser peores que nuestros cálculos.
Ése es el caso de las cifras correspondientes al año 2012 que el OVV en su momento calculó como de 21.630 y una tasa de 73 por cada 100mil/h.
El filtraje de los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción de Convivencia Ciudadana del año 2013, que el gobierno nacional realizó y censuró estrictamente, arrojó como resultado una cifra mayor de 22.782 víctimas y una tasa de 77,5 por cada 100 mil/h., muy superior a la ofrecida por el OVV en su momento.
Hay seis factores que desde el OVV estimamos explican el incremento de la violencia en Venezuela en el año 2015.
El primero factor es una mayor presencia del delito organizado. Si bien la organización del crimen puede, en un momento dado, hacer disminuir la violencia para favorecer sus negocios, ése no es el caso de Venezuela, donde las mafias y bandas criminales han seguido utilizando la violencia como herramienta para sustentar el incremento del control territorial y las actividades del tráfico de drogas, secuestro y extorsión de comerciantes y empresarios.
En segundo lugar, se ha observado un mayor deterioro de los cuerpos de seguridad del Estado. Los funcionarios continúan siendo víctimas de la violencia, cada semana mueren varios policías, sea en cumplimiento de sus funciones o como víctimas privadas, y a pesar del sacrificio de muchos policías honestos, los funcionarios no sienten que cuentan con el apoyo de sus superiores o de la sociedad, y perciben, además, que el futuro de sus ascensos y promociones están cada vez más politizados y dependen menos de su desempeño profesional. Estos factores, aunado al importante deterioro salarial que vive la sociedad, ha llevado a la renuncia o la pasividad de muchos funcionarios.
En tercer lugar, hemos observado un incremento de las respuestas privadas a la seguridad y la justicia. En Venezuela ha ocurrido un proceso de privatización de la seguridad, pues ante el abandono de la protección de las personas por el Estado, los individuos, comunidades o empresas, asumen las labores de seguridad privadamente: se arman, contratan vigilantes y guardaespaldas. Y ante la ausencia de castigo a los criminales, se procede a ejercerla por cuenta propia, y esto aplica tanto a los ciudadanos, que ejecutan linchamientos o contratan sicarios, como a los propios funcionarios policiales o militares, quienes han respondido con las ejecuciones extrajudiciales.
En cuarto lugar, hemos observado una militarización represiva de la seguridad, tanto en sus posiciones de mando como en el tipo de acción emprendida. Luego de años de un discurso oficial que condenaba la acción represiva de la policía y la calificaba como propia de los gobiernos de derecha, se procedió a la realización de los mismos operativos policiales y militares que tanto criticó y de la manera más aparatosa e ineficiente.
Las consecuencias de las llamadas OLP no apuntan hacia una disminución de la violencia en la sociedad, sino, al contrario, hacia su incremento.
En quinto lugar, observamos que el empobrecimiento de la sociedad, acompañado de la impunidad generalizada, ha significado un estímulo a diversas formas de delito, no necesariamente violentos, pero que abonan el terreno de los comportamientos transgresores de la norma social y la ley que luego serán causa de violencia.
En el Observatorio Venezolano de Violencia no creemos que la pobreza sea causa del delito o la violencia, pero el empobrecimiento rápido y sostenido, cuando ocurre en un contexto donde la ley se ha convertido en una sugerencia y el castigo no existe, se convierte en un factor criminógeno diferente.
Finalmente, consideramos que la destrucción institucional que continúa padeciendo el país es el factor explicativo más relevante del incremento sostenido de la violencia y el delito.
La institucionalidad de la sociedad, en tanto vida social basada en la confianza y regida por normas y leyes, se diluye cada vez más ante la arbitrariedad del poder y el predominio de las relaciones sociales basados en el uso de la fuerza y las armas.
Todos estos factores no son nuevos en el país y se puede argumentar que existen también en otros países de la región, sin embargo, la magnitud del deterioro que han alcanzado en Venezuela en estos años es tan grande, que quizá sea lo que explique por qué una sociedad que fue modelo de progreso social y convivencia pacífica, al finalizar el año 2015 sufra de las más altas tasas de criminalidad del mundo.
Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)