Las estadísticas de las actividades delictivas de un país son una indispensable herramienta para saber objetivamente «dónde estamos», cuáles son las tendencias criminales predominantes, los resultados de las políticas públicas de seguridad, qué tipo de acciones deben activarse u oportunidades de mejora son detectadas.
Su utilidad incluso se multiplica dependiendo del nivel de detalle de los datos. A nivel de ciudades, urbanizaciones y cuadrantes, permiten a las comunidades establecer de manera más eficiente y coordinada, sistemas de prevención. Una vez que se conocen los resultados de sus gestiones, son un elemento motivador que incentiva la participación de nuevos actores y el desarrollo de nuevos proyectos.
Los indicadores de seguridad son de interés incluso para las organizaciones que tienen en mente desarrollar proyectos de inversión. No es secreto que la actualización de los datos, su transparencia y confiabilidad, son factores que se toman en cuenta a la hora de tomar decisiones, en cuanto a asignar recursos entre un país u otro de alto riesgo.
En Venezuela como en otras partes del mundo, cuando cada año termina una de las cifras que se desea conocer, son las relacionadas con la delincuencia en sus más importantes manifestaciones. Aunque dichos indicadores podrían ser de conocimiento público con por ejemplo una frecuencia mensual, en nuestro país no es así.
De hecho se carece de un mecanismo de consulta, donde los diferentes entes del Estado relacionados directamente con la delincuencia, puedan presentar sus estadísticas por períodos previamente determinados, las variaciones y proyecciones.
Esto ha traído como consecuencia que los ciudadanos solo conozcan los datos que ofrecen algunas organizaciones no gubernamentales, las cuales llevan adelante diversas iniciativas de investigación de diferente alcance geográfico y tipo de delitos.
América Latina es una región reconocida por los altísimos índices de delincuencia que destacan entre los mayores del mundo. Las consecuencias sociales, económicas y políticas van en aumento y el ocultar o por lo menos no manejar indicadores del delito de forma eficiente, agrava el tema.
Laura Jaitman es titular de un Doctorado en Economía de la Universidad Collage de Londres, y especialista en economía del crimen, economía política y evaluación de políticas. Es editora y coautora de contenidos del estudio «Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe», publicada en el 2015 por el Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual hay interesantes enfoques sobre los sistemas estadísticos y la delincuencia en nuestra región.
Parte de lo que allí destaca es la debilidad en cuanto a cantidad y calidad de datos sobre la delincuencia. En consecuencia, afecta el análisis y prevención eficaz del delito al incidir negativamente en los procesos de recopilación, procesamiento y difusión de la información.
Por otra parte los sistemas de estadística sobre la delincuencia, presentan amplias brechas comparativas versus sistemas estadísticos ideales. Esta afirmación se basa en cuatro aspectos.
En la región los sistemas estadísticos no usan definiciones, conceptos y clasificaciones comunes, lo que no facilita una clara expresión y menos aún la integración.
Los sistemas no producen información detallada, con una periodicidad definida y con amplias posibilidades de accesibilidad a los usuarios. Como mínimo se estima que un sistema de estadística sobre el delito debería considerar datos sobre la seguridad ciudadana, así como de las respuestas del sistema de justicia penal.
Como tercer aspecto se menciona la imparcialidad política, la cual no está presente. Al considerar que el tema de la delincuencia es de alta preocupación por la gran mayoría de los ciudadanos, y que el eficiente manejo del problema sirve para evaluar la gestión de los gobiernos, no es extraño que en algunos casos se oculte o distorsione la información.
Como último factor, los estados no asignan los recursos necesarios lo que sumado a la falta de capacitación, se convierten en trabas para una gestión eficiente. Por otra parte, en la mayoría de los casos las unidades encargadas de los sistemas estadísticos están asignadas a diversos organismos y niveles gubernamentales, lo que no facilita una planificación y tareas coordinadas.
Los estados en América Latina y Venezuela no es excepción, necesitan tomar conciencia de la importancia de los sistemas de estadísticas, como una de las herramientas para la prevención y el combate al delito. Deben realizarse esfuerzos eficientes para obtener, disponer y compartir, datos precisos, confiables y de calidad.
Las autoridades y los ciudadanos deben promover la generación de información sin maquillajes políticos, que al final promueven soluciones no acordes y nos alejan del conocimiento real sobre la delincuencia.
@alfredoyuncoza
Su utilidad incluso se multiplica dependiendo del nivel de detalle de los datos. A nivel de ciudades, urbanizaciones y cuadrantes, permiten a las comunidades establecer de manera más eficiente y coordinada, sistemas de prevención. Una vez que se conocen los resultados de sus gestiones, son un elemento motivador que incentiva la participación de nuevos actores y el desarrollo de nuevos proyectos.
Los indicadores de seguridad son de interés incluso para las organizaciones que tienen en mente desarrollar proyectos de inversión. No es secreto que la actualización de los datos, su transparencia y confiabilidad, son factores que se toman en cuenta a la hora de tomar decisiones, en cuanto a asignar recursos entre un país u otro de alto riesgo.
En Venezuela como en otras partes del mundo, cuando cada año termina una de las cifras que se desea conocer, son las relacionadas con la delincuencia en sus más importantes manifestaciones. Aunque dichos indicadores podrían ser de conocimiento público con por ejemplo una frecuencia mensual, en nuestro país no es así.
De hecho se carece de un mecanismo de consulta, donde los diferentes entes del Estado relacionados directamente con la delincuencia, puedan presentar sus estadísticas por períodos previamente determinados, las variaciones y proyecciones.
Esto ha traído como consecuencia que los ciudadanos solo conozcan los datos que ofrecen algunas organizaciones no gubernamentales, las cuales llevan adelante diversas iniciativas de investigación de diferente alcance geográfico y tipo de delitos.
América Latina es una región reconocida por los altísimos índices de delincuencia que destacan entre los mayores del mundo. Las consecuencias sociales, económicas y políticas van en aumento y el ocultar o por lo menos no manejar indicadores del delito de forma eficiente, agrava el tema.
Laura Jaitman es titular de un Doctorado en Economía de la Universidad Collage de Londres, y especialista en economía del crimen, economía política y evaluación de políticas. Es editora y coautora de contenidos del estudio «Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe», publicada en el 2015 por el Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual hay interesantes enfoques sobre los sistemas estadísticos y la delincuencia en nuestra región.
Parte de lo que allí destaca es la debilidad en cuanto a cantidad y calidad de datos sobre la delincuencia. En consecuencia, afecta el análisis y prevención eficaz del delito al incidir negativamente en los procesos de recopilación, procesamiento y difusión de la información.
Por otra parte los sistemas de estadística sobre la delincuencia, presentan amplias brechas comparativas versus sistemas estadísticos ideales. Esta afirmación se basa en cuatro aspectos.
En la región los sistemas estadísticos no usan definiciones, conceptos y clasificaciones comunes, lo que no facilita una clara expresión y menos aún la integración.
Los sistemas no producen información detallada, con una periodicidad definida y con amplias posibilidades de accesibilidad a los usuarios. Como mínimo se estima que un sistema de estadística sobre el delito debería considerar datos sobre la seguridad ciudadana, así como de las respuestas del sistema de justicia penal.
Como tercer aspecto se menciona la imparcialidad política, la cual no está presente. Al considerar que el tema de la delincuencia es de alta preocupación por la gran mayoría de los ciudadanos, y que el eficiente manejo del problema sirve para evaluar la gestión de los gobiernos, no es extraño que en algunos casos se oculte o distorsione la información.
Como último factor, los estados no asignan los recursos necesarios lo que sumado a la falta de capacitación, se convierten en trabas para una gestión eficiente. Por otra parte, en la mayoría de los casos las unidades encargadas de los sistemas estadísticos están asignadas a diversos organismos y niveles gubernamentales, lo que no facilita una planificación y tareas coordinadas.
Los estados en América Latina y Venezuela no es excepción, necesitan tomar conciencia de la importancia de los sistemas de estadísticas, como una de las herramientas para la prevención y el combate al delito. Deben realizarse esfuerzos eficientes para obtener, disponer y compartir, datos precisos, confiables y de calidad.
Las autoridades y los ciudadanos deben promover la generación de información sin maquillajes políticos, que al final promueven soluciones no acordes y nos alejan del conocimiento real sobre la delincuencia.
@alfredoyuncoza