La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo por la crisis del sistema de justicia venezolano, propuesto por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, que encomendó a la Comisión de Política Interior la elaboración de un plan de emergencia judicial, que legisle para mejorar la situación del sistema de justicia, del penitenciario, de la seguridad ciudadana; que inste a la depuración de los cuerpos policiales, y atienda los concursos de jueces, fiscales y defensores públicos para evitar la impunidad y la politización del sistema de justicia.
El diputado Juan Miguel Matheus (MUD) propuso la creación de un observatorio de impunidad y violencia que forme parte de la comisión y que se adelante una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Matheus inició el debate sobre la crisis del sistema de justicia en Venezuela justo después de que la fiscal Luisa Ortega Díaz presentó el informe anual del MP ante el hemiciclo. El diputado cuestionó todas las cifras de la funcionaria: mientras la fiscal aseguró que los homicidios en 2015 fueron 17.768, el parlamentario afirmó que ascendieron a 27.875.
“En el país hay 91 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio mundial es de 6,2. Cada 18 minutos muere un venezolano por causas violentas. 83% de las muertes violentas se dan en los sectores más populares. A esta revolución no le importan los pobres, solo el poder”, señaló.
Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior, fue quien propuso el plan de emergencia: “Es necesario, porque cuando a alguien lo van a matar no le preguntan si tiene en la cartera un carnet del PSUV”.
El diputado Edwin Rojas (PSUV) rechazó el proyecto y propuso, al igual que la fiscal, una reforma del Código Penal y del Código Orgánico Procesal Penal. Aseveró que en la cuarta república se cometían crímenes que quedaban impunes.
“Quieren la ley de amnistía para sacar de la cárcel a delincuentes. En la agenda está sacar a Leopoldo López de la cárcel, pero no acabar con la criminalidad”, señaló.
Solórzano le recordó al oficialismo que la AN bajo su control reformó el Código Penal en dos oportunidades y el COPP en seis, sin solucionar el problema.
Fiscalía. Ortega Díaz afirmó que la lucha contra el narcotráfico y la corrupción son las prioridades del MP. Dijo que el año pasado 21.127 personas fueron presentadas ante la justicia por delitos sancionados en la Ley contra las Drogas y detalló que entre esas personas se acusó a 11.195.
Aseveró que investigaron a 7.859 personas por casos de corrupción, se imputaron a 3.566 y se acusó a 3.119. Afirmó que se ha investigado a Corpoelec por la contratación de una empresa española a la que se le pagó en divisas por proyectos que no se hicieron. “Por este hecho hemos solicitado la repatriación de los dineros que se encuentran depositados en bancos de Andorra”, indicó.
La fiscal aseveró que también se investiga al ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Rafael Esquivel, a quien se le congelaron las cuentas bancarias. “No es cierto que se haya solicitado su extradición, no se va a solicitar”, aclaró.
Afirmó que también se congelaron las cuentas bancarias de la ex ministra de Salud Eugenia Sader.
Ortega Díaz precisó que hay 1.796 imputados por el uso ilícito de divisas, entre los que se encuentran 1.450 acusados.
Afirmó que el MP siempre ha actuado para mantener la vigencia de los derechos humanos y que, por violaciones de ese tipo, en 2015 se imputó a 1.312 funcionarios y se acusó a 959. “Se encuentran privados de libertad 132, de los cuales 97 están condenados. Se acusó a 29 funcionarios por el delito de tortura y a 513 por trataos crueles, inhumanos y degradantes”, agregó.
“98% de impunidad en casos de derechos humanos”, se leía en un cartel de protesta en la curul de Ismael García (MUD).
La fiscal admitió que en Venezuela la tasa de homicidios fue de 58,1 por cada 100.000 habitantes en 2015. “Vivimos un grave problema de violencia delictiva. 17.768 personas perdieron la vida por homicidios. Se abrieron 15.924 investigaciones y se solicitaron 4.400 órdenes de captura. No se puede endilgar a un solo organismo la responsabilidad de la impunidad”, aseveró.
Frontera. La AN también aprobó un acuerdo en el que rechaza acusaciones contra los militares venezolanos por organismos del gobierno colombiano (luego de un supuesto enfrentamiento que involucró a militares venezolanos y policías colombianos en la frontera el 31 de enero). El texto, propuesto por la MUD, pide al Ejecutivo que se pronuncie sobre la investigación de los hechos.
Enrique Aristeguieta se reunió con el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, para entregarle un documento en el que le pide que se investigue la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro.
Proyecto de enmienda
“No es una enmienda contra el presidente, sino para restablecer la estabilidad del país”, aseguró el dirigente de La Causa R Andrés Velásquez en la entrega del proyecto de modificación de los artículos 160, 174, 230 y 264 de la Constitución para permitir que se recorte el período presidencial a cuatro años y se establezca la reelección solo por una vez.
Agregó que el proyecto también considera reducir de 12 a 6 años el servicio de los magistrados del TSJ, para facilitar el proceso de sustitución una vez que cumplan sus funciones. También que el período de alcaldes y gobernadores se lleve a 4 años, con 2 reelecciones.
“Venezuela podría estar al borde de un estallido social, y nada de eso es lo que quieren los venezolanos”, advirtió.
Calcula que en máximo dos meses se inicie la discusión en el Parlamento. Agregó que la enmienda cuenta con el visto bueno del presidente de la AN, Henry Ramos Allup, Vente Venezuela, UNT y Voluntad Popular.
Velásquez afirmó que si se aprueba la enmienda, habría elecciones presidenciales en diciembre.
Fuente: el-nacional.com