Tradicionalmente se ha considerado que las acciones policiales efectivas son aquellas que implican el uso de altos niveles de fuerza. Sin embargo, la función prioritaria de la policía, el único ente con el monopolio del uso legítimo de la violencia, es garantizar el funcionamiento seguro de las sociedades democráticas. Para lograr esta meta de forma eficiente es necesario mantener el balance entre la efectividad y la legitimidad de los cuerpos policiales, es decir, que los ciudadanos confíen plenamente en sus fuerzas de seguridad y que estas cumplan sus funciones con integridad.
En América Latina, uno de los principales problemas de seguridad ciudadana está relacionado con la débil legitimidad de su sistema de justicia (incluyendo los niveles judicial, penitenciario y policial), según explica Daniel Ortega, director de evaluación de impacto en CAF en un reciente artículo. La confianza hacia los cuerpos policiales de la región es muy baja y esto tiene consecuencias diversas que impiden que las instituciones de seguridad cumplan su rol adecuadamente.
Una débil legitimidad de estas instituciones públicas implica, entre otras consecuencias, registros criminales poco confiables, generados por bajas tasas de reporte. De igual manera, los ciudadanos tienden a exigir menos de los entes policiales,e incluso se dan casos donde las organizaciones criminales reemplazan la función de la policía y actúan como garantes de la paz en algunas comunidades.
Para aplacar esta situación, que responde a múltiples causas, deben desarrollarse acciones centradas en mejorar la actuación de los cuerpos policiales. En la actualidad, existen en la región algunos esfuerzos de entrenamiento policial que han evidenciado impactos positivos. Son quizás estos programas el punto de partida para generar reformas que permitan aumentar la legitimidad sin comprometer la efectividad, ayudando así a erradicar la cultura de violencia que erosiona las bases democráticas de cualquier sociedad.
Fuente: caf.com