La propuesta
En días pasados, Pedro José Arenas, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), intentó explicar a La Silla Vacía la propuesta que algunos “drogólogos” han revivido a propósito del proceso de paz y que consiste en que el Estado, en vez de erradicar los cultivos, compre la hoja de coca mientras se logran cosechas alternativas que mejoren la vida de los campesinos.
Es evidente que quienes defienden esta idea desconocen el comercio primario de la coca. Posiblemente han leído sobre el tema pero no entienden que el problema no podrá resolverse desde un escritorio, sino desde las duras realidades del campo colombiano. También es claro que el artículo al respecto que publicó El Espectador fue un intento de un reportero/columnista/académico por ver si había alguien que mordiera el anzuelo.
La realidad
 Erradicación manual de cultivos de coca. Foto: Centro de Memoria Paz y Reconciliación |
Durante 15 años tuve la oportunidad de dirigir investigaciones de campo donde se visitaron múltiples zonas productoras de coca en Colombia. El propósito de los estudios era entender las razones y procesos detrás del cultivo, los productores y el comercio de la materia prima (hoja, pasta y base de coca, así como látex de amapola).
Las cifras que presentaré más adelante corresponden a estimativos conservadores sobre los rendimientos de los cultivos de coca de los departamentos estudiados entre 1995 y 2010. Por supuesto que la situación de hoy puede ser diferente, pero podría afirmar sin mucha duda que la productividad ha venido en aumento: tanto el ritmo de erradicación como la introducción de semillas mejoradas han hecho más eficientes a los cultivadores.
Aunque los agrónomos nos enseñan que hay solo tres variedades de coca, para los analistas es evidente que el narcotráfico ha desarrollado variedades resistentes a plagas, a la sequía, al exceso de lluvia, al glifosfato y a otras amenazas. Lograr cualquiera de estas características tiene un alto valor para el traficante, y además deben incluirse variables como la cantidad de alcaloide que produce la hoja, la cantidad de químicos requeridos para extraerlo o el tiempo necesario para la maduración de la hoja.
Pero aun entonces no hay variedades resistentes a todo .Y todo avance tiene un costo.
Los trabajos de campo nos indican que una hectárea de coca produce en promedio unos 2.550 kilos de hoja al año (con tres cosechas al año, aunque hay regiones donde son posibles cuatro). Este número varía por región y según los esfuerzos de erradicación que allí se den; por ejemplo en Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño y Putumayo, donde se dieron grandes esfuerzos de fumigación aérea, los rendimientos disminuyeron hasta ceca de una tonelada por año. Sin embargo en la Costa Pacífica, Córdoba, Magdalena medio, Norte de Santander, Sucre y Vichada, las mismas matas producían 3.000 kilos por año y hasta más. De modo pues que los esfuerzos de intervención química sirvieron para algo: no erradicaron el cultivo pero redujeron los rendimientos de manera sustancial.
Una propuesta incosteable
 Policía Nacional incauta de 1311 kilos de cocaína en Cartagena. Foto: Policía Nacional de Colombia |
Aceptando un promedio nacional de 2.550 kilos de hoja/hectárea/año, ¿cuál sería el costo de la propuesta de los “drogólogos”?
Una primera dificultad para encontrar la respuesta es saber cuántas hectáreas de hoja de coca hay en Colombia. A partir de la información disponible, la única certeza es que estamos entre un mínimo de 69.800 hectáreas (estimativo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos y el gobierno Santos) y un máximo de 112.000 hectáreas (estimativo de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, la CIA, la DEA y el gobierno norteamericano). Para efectos de análisis, tomemos el valor promedio es decir, supongamos que existen 90.900 hectáreas (aunque esta sea una cifra tan arbitraria como las otras dos).
Sobre la base anterior puede decirse que cada año en Colombia se están produciendo alrededor de 231.000 toneladas de hoja de coca.
Pero dado que el comercio de la hoja de coca está milimétricamente manejado por las organizaciones criminales y los grupos insurgentes, esta cifra nos dice poco. Hay que tener en cuenta que la unidad de medición y contabilidad en el campo no es la tonelada sino la arroba, que equivale a unos 12, 5 kilos, según la variedad de coca procesada. Para estimar cuántos gramos de pasta o de base podrán extraer, los compradores calculan cuántas arrobas de hoja se pican al iniciar el proceso y cuál es su variedad. Hay variedades de hoja que producen entre 16 y 18 gramos de base de coca por arroba de hoja, mientras que hay otras que producen entre 22 y 26 gramos por arroba.
A las 231.000 toneladas de hoja se llega multiplicando las 90.900 hectáreas por 2.550 kilos/hectárea/año. Siguiendo con la operación, no es descabellado estimar que de una arroba de hoja deben estarse extrayendo unos 24 gramos de base (la conversión de base a cocaína es de uno a uno), lo cual permite proyectar una producción de unas 445 toneladas métricas de cocaína comercial con entre 75 y 77 por ciento de pureza (las publicaciones oficiales hablan de cocaína 100 por ciento, lo que no parece válido porque una sustancia con ese nivel de pureza causaría la muerte del usuario).
Si las 445 toneladas se venden en Colombia a un promedio de US$ 3.000 por kilo, esto implica que, a la tasa de cambio actual, la cocaína vale unos 3,8 billones de pesos (1.275 millones de dólares), pero la hoja con la que se fabricó tiene un valor de unos 490.000 millones de pesos (166 millones de dólares) es decir, solo el 13 por ciento del valor final.
En 2010 el precio de la arroba de hoja (con productividad de unos 22 gramos) era de 40.000 pesos en Cauca y Nariño, mientras que, en la misma región, la hoja que solo produce 18 gramos no pasaba de 33.000 pesos. Haciendo la conversión, el gramo de pasta de cocaína se estaba pagando a 1.825 pesos (1,8 millones el kilo) y el campesino no asumía el riesgo del procesamiento.
En aquel entonces todos quedaban contentos: a escala local, los comerciantes, al comprar la hoja establecían un precio según el tipo de hoja que estaba directamente relacionado con su contenido de alcaloides. Además, al comprar la hoja el traficante garantizaba la pureza de la pasta y base, y al industrializar el proceso usaba insumos más puros y mejores, posiblemente aumentando uno o dos gramos en el proceso y elevando así sus márgenes.
Pero en el momento mismo en que el Estado entre a comprar toda la hoja de coca, la producción entera va a ser de la más cara: 22 gramos (esto porque el Estado tendría que procesar coca para poder discriminar entre distintas variedades). Por consiguiente deberá disponer de no menos de 490.000 millones al año para la compra – sin incluir los costos de recolección y destrucción de las 231.000 toneladas de hoja-.
Esto nos lleva a mirar otro aspecto: el del crimen organizado. Seguramente el narcotraficante no se va a quedar quieto y aumentará el precio que paga por la hoja. En última instancia él tiene un mayor margen de maniobra que el gobierno.
Malas políticas
Por todo esto la propuesta discutida no es una política seria ni realista, aunque sí populista.
En el mejor de los casos, los usos comerciales de la hoja y sus derivados son apenas marginales, y los costos de la idea pueden aumentar exponencialmente en muy corto plazo – muchísimos campesinos se pasarían a la coca-. Esta es Colombia, no Bolivia o Perú, y la idea no tiene ni pies ni cabeza.
Algunos funcionarios del gobierno dicen que el número de hectáreas es irrelevante, así como lo son el rendimiento o la concentración de alcaloide, pero “quien desconoce la historia está condenado a repetirla”. Tras 25 años de desarrollo alternativo hemos visto aumentar la superficie con cultivos de coca en Colombia. Cada gobierno reinventa la rueda y cada burócrata se va para su casa con la documentación debajo de su brazo.
Muchas políticas públicas fracasan, pero las de drogas son quizás la peores porque de ellas todos sacan tajada: el comerciante del pueblo, el muchacho que se presta como comprador (“chichipato”), el policía que se enfrenta con la disyuntiva “plata o plomo”, el político local que no defiende al campesino sino al que le financie su campaña, las elites regionales que se limitan a pedir más carreteras sin notar que con esto los cultivos se desplazan pero no desaparecen, y los políticos nacionales que se reparten los contratos del Estado.
Fuente: razonpublica.com