Muchos juristas argentinos miran con envidia el proceso en Brasil, donde una investigación judicial impulsada por varios corruptos acogidos a la figura del arrepentido ha puesto del revés a la clase política y empresarial con el caso Lava Jato y otros. “No es que me dé envidia Brasil. Pero para luchar contra la corrupción en Argentina hay que cambiar leyes, hay que organizar un sistema, no es el heroísmo de un juez. Brasil tiene , Argentina no”, señalaba en una reciente entrevista a EL PAÍS Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema.
El Congreso le ha hecho caso. Argentina, que ha acelerado en los últimos meses varias causas de presunta corrupción vinculadas al kirchnerismo, impulsa ahora una ley del arrepentido similar a la brasileña precisamente para buscar que algunos corruptos delaten a sus cómplices y se pueda abrir un proceso que acabe con varias personas en la cárcel por delitos vinculados al desvío de dinero público, algo que en este país no ha sucedido ni siquiera en los momentos más escandalosos de la corrupción menemista. “No vamos a tener un proceso como el de Brasil porque allí toda la clase política ha quedado afectada y aquí tenemos un presidente que acaba de asumir y solo hay casos de corrupción en el otro lado, pero sí creemos que va a ser importante para mejorar la lucha contra la corrupción”, explica a EL PAÍS Gabriela Michetti, vicepresidenta de Argentina.
Otros miembros del Ejecutivo señalan en privado que confían en que algunos de los encarcelados en las últimas semanas se vuelquen contra la cúpula del kirchnerismo. En Paraguay acaba de ser detenido el prófugo más buscado de Argentina, el narco Ibar Esteban Pérez Corradi, que ha lanzado varios mensajes indirectos de que estaría dispuesto a implicar a miembros del anterior gobierno en el tráfico de efedrina.
La ley ya está lista para su aprobación a toda velocidad en el Congreso. Está impulsada por el Gobierno, pero cuenta con el apoyo de una parte de la oposición, la más alejada del kirchnerismo, liderada por Sergio Massa, con lo que no debería tener problemas para ser aprobada rápidamente. El Gobierno ha acelerado su tramitación con una intención muy clara: que pueda servir cuanto antes para que varios detenidos por presunta corrupción cercanos al kirchnerismo se animen a delatar a sus cómplices e incluso lancen acusaciones más arriba.
El sueño del Ejecutivo, que ha logrado un gran respiro político por el último escándalo de corrupción del kirchnerismo que le ha dejado muy tocado, consiste en que alguno de ellos acuse directamente al núcleo duro de los Kirchner y en especial a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que aún en horas bajas sigue siendo un rival político importante para el macrismo.
La corrupción se ha convertido en un asunto central de la política argentina después del escándalo generado por el caso López, que estalló cuando el ex secretario de obras públicas con el kirchnerismo, José López, fue detenido mientras intentaba ocultar nueve millones de dólares en un convento. No es el único kirchnerista en prisión en este momento que podría confesar e implicar a otros dirigentes, en especial a Julio De Vido, el exministro de Planificación, que sigue siendo diputado y se defiende con uñas y dientes apelando a la presunción de inocencia. De Vido niega incluso sus propias palabras. Hace unos meses dijo que López era “su mano derecha en materia de obra pública”. Ahora corrige: “eso era un discurso. No era mi mano derecha. Yo no tenía mano derecha, no había viceministro. López era uno más de los cinco secretarios”. Otro de esos cinco, Ricardo Jaime, de Transportes, también está encarcelado por corrupción en la compra de trenes en mal estado a España y Portugal. Pero De Vido no se siente responsable y aguanta con el apoyo del kirchnerismo, que se quedó en minoría en el Parlamento al intentar impedir que el Congreso autorizara el allanamiento de su domicilio para avanzar en la investigación.
Argentina ya tiene legalmente la figura del arrepentido pero para casos de narcotráfico, terrorismo y explotación de personas, aunque no se han logrado muchos avances. Ahora la extiende a la corrupción pero siempre que el implicado aporte información relevante que pueda hacer avanzar una causa. Una de las personas clave que podría acogerse, además de López, atrapado in fraganti con nueve millones de dólares, es Lázaro Báez, un empresario de la construcción que se hizo millonario con las obras públicas que le entregaron los Kirchner y ahora está en prisión. Lleva dos meses y medio encarcelado y de momento ha decidido no hablar. Pero esta ley podría ayudarle a cambiar de idea.
Fuente: seguridadenamerica.com.mx