No es un secreto que los índices de seguridad en Venezuela están descendiendo progresiva e indeteniblemente desde hace más de una década, a pesar de los veinticuatro planes que las autoridades han puesto en marcha para detener la criminalidad en el país.
Son varias las discusiones sobre la efectividad de estos planes y, más allá de juzgarlos políticamente, lo sustantivo radica en el objetivo principal de una política de seguridad, que en esencia puede considerarse como un sistema integral de acciones operando en sinergia para producir resultados tangibles, traducidos en la reducción de los delitos y la mejora progresiva de los indicadores, incluyendo la percepción del riesgo en la ciudadanía.
No nos cabe la menor duda que el Estado en todos sus niveles invierte cientos de millones de bolívares en seguridad.
Desde el pago de funcionarios policiales hasta el equipamiento para patrullaje y protección del ciudadano. Siendo así, vale preguntarse entonces: ¿Qué está fallando?, ¿Por qué no disminuyen las tasas de criminalidad? Y ¿Cuáles son las claves para revertir el deterioro?
Las más importantes causas del porqué fallan los planes radican en que ninguno de ellos ha abordado la perdida de constitucionalidad y el quiebre moral de la sociedad.
Es esta la primera paradoja; el Estado por un lado presupuesta fondos y crea policías para la lucha contra el delito y por el otro, destruye o no incentiva el respeto a las leyes y normas. Resulta vergonzoso escuchar desde el poder discursos que son dardos enardecidos de odio hacia el adversario con una retórica que pretende convencernos que transitamos la senda del progreso.
Es incompatible hablar de seguridad cuando se descalifica y se ataca al adversario político como si fueran delincuentes y ni se menciona a la delincuencia en un silencio cómplice.
No se puede pedir respeto a las normas cuando estas se diseñan partiendo de la premisa que todos somos unos violadores potenciales de la ley.
Los indicadores de seguridad no mejoran simplemente porque la cantidad y calidad de las amenazas que explotan a la ciudadanía son incontrolables utilizando los medios convencionales de represión del delito y orden público.
La segunda paradoja aparece cuando el gobierno cede espacios geográficos, entrena y entrega armas a grupos paramilitares y milicias y al mismo tiempo, se presenta preocupado por los niveles de organización de la delincuencia e intenta combatir al hampa con grupos militares muy poco preparados para entender la complejidad del problema y menos aún para implantar soluciones.
En relación a los elementos claves para neutralizar el deterioro y luego revertir la tendencia caótica, son varias las piezas que deben ensamblarse, además de recuperación de la institucionalidad y las políticas públicas coherentes.
Nos referimos a acciones ejemplarizantes de lucha frontal contra el delito y la desarticulación de bandas criminales de conocidas zonas de operación y cada vez más organizadas, pero los administradores del Estado una vez más construyen la gran paradoja de la inseguridad: en una dirección impulsan leyes parafiscales para recaudar fondos que alimenten el combate contra el tráfico de drogas y el crimen organizado y en otra, facilitan la logística para el paso a través del territorio nacional de toneladas de estupefacientes.
La seguridad no puede servir a dos señores al mismo tiempo y menos cuando son antagónicos en sus fines.
Sin embargo, algunos actores involucrados en la construcción de la seguridad ciudadana juegan en varios equipos al mismo tiempo, lo que hace prácticamente imposible movernos en la dirección correcta. Una seguridad transparente, coherente y consistente es lo que reclama el país.
@seguritips