Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, de los cuales se cumplen este domingo 15 años, Estados Unidos vive en un estado de emergencia permanente.
Eso no es una metáfora, sino una realidad legal.
Tres días después de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el entonces presidente George W. Bush emitió la orden 7.463 mediante la cualdecretó una emergencia nacional, que le otorgaba al jefe del Ejecutivo poderes extraordinarios.
Esta orden fue renovada desde entonces cada año tanto por Bush como, luego, por su sucesor, el actual mandatario Barack Obama, quien la renovó por última vez el pasado 30 de agosto.
Esta declaración le permite a quien ocupe la Casa Blanca tomar medidas excepcionales como, por ejemplo, aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas, convocar a la Reserva u ordenar la reincorporación a filas de oficiales retirados.
Eso no es todo. Según dijo a BBC Mundo el abogado Patrick Thronson, esaordentambién da base legal a la lucha contra el autodenominado Estado Islámico y ha sido fundamental para que Estados Unidos pueda tener presencia militar en 135 países del mundo.
George W. Bush asumió poderes especiales tras el 11-S.El experto indicó que esa declaración de emergencia nacional junto a la autorización del Congreso de 2001 para perseguir a los responsables de los ataques del 11-S, permiten al presidente desplegar tropas en cualquier parte del mundo, siempre que esté relacionado de alguna manera con el terrorismo.
Poderes muy amplios
«Si las personas realmente supieran qué tipo de poderes le dan al Presidente las declaraciones de emergencia nacional estarían muy nerviosos», dijo Thronson, quien publicó una extensa investigación sobre el tema en la Revista sobre Reforma Legal de la Universidad de Michigan.
«Básicamente lo que hacen es permitir al Presidente y a la rama Ejecutiva del gobierno ejercer control sobre vastas áreas de la vida estadounidense», agregó.
Explicó que la legislación estadounidense establece unas 160 medidas, en ámbitos muy distintos, a las que puede recurrir el presidente en esas circunstancias.
La emergencia nacional por el 11-S da base legal al despliegue de fuerzas especiales de Estados Unidos contra EI.«Una declaración de emergencia nacional permite señalar a alguien como un «terrorista global especialmente designado».
Eso significa que el gobierno «puede cortar cualquier acceso que esa persona tenga a instituciones financieras y exige que requiera permiso gubernamental incluso para recibir cuidados médicos de emergencia», dijo.
«También permite al gobierno tomar el control de la estaciones de radio, de los canales de televisión y de internet o, en el campo judicial, impedir la ejecución de una medida de habeas corpus (una orden de un juez que ordena la liberación de un detenido)», agregó.
Múltiples emergencias
La declaración de emergencia nacional se sustenta en una ley aprobada en 1976. Desde entonces, los presidentes de Estados Unidos han hecho uso de esa herramienta en decenas de oportunidades.
De hecho, en la actualidad siguen vigentes una treintena de declaraciones de emergencia nacional relacionadas con temas muy variados.
La más antigua es una aprobada por el presidente Jimmy Carter, tras la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos ocurrida en Irán en 1979.
La orden de emergencia nacional más antigua que sigue en vigor fue aprobada tras la toma de los rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Irán en 1979.La legislación establece que, para permanecer en vigor, estas declaraciones deben ser renovadas anualmente, por lo que la orden acordada por Carter ha debido ser ratificada por los cinco presidentes que le sucedieron en el cargo hasta ahora.
En el caso de Obama, durante su estancia en la Casa Blanca ha hecho 13 declaraciones de emergencia nuevas y ha renovado otras 21aprobadas por sus antecesores, según informó el diario USA Today.
Entre las nuevas declaraciones se encuentran, por ejemplo, una que establece sanciones para quienes Estados Unidos considera responsables de intentar subvertir el orden democrático en Ucrania; una que buscaba hacer frente a la epidemia de gripe H1N1; y otra que ordena sanciones contra algunos funcionarios del gobierno de Venezuela, a quienes Washington considera responsables de graves violaciones de los derechos humanos.
Fuente: bbc.com