James Bargent es un periodista independiente con amplia experiencia en América Latina. A finales del mes de septiembre de este año, escribió para el portal InSight Crime, un artículo sobre el secuestro en Venezuela. Basado en cifras extraoficiales, dado que el Estado venezolano mantiene la resistencia a publicar datos oficiales, reflejaba lo que se presumía en el ámbito de quienes estamos relacionados directa o indirectamente con el estudio de este tipo de delito. No solo se mantiene un crecimiento en el número de secuestros y por ende de las personas víctimas, sino que la capacidad del Estado para enfrentar con éxito a los criminales sigue en franco descenso.
Esto evidenciaría entre otros aspectos, que la más de una veintena de planes de seguridad oficialmente implementados, han sido un lamentable pero estruendoso fracaso. Y es que ningún plan para enfrentar el delito, en este caso el secuestro, puede ser exitoso sino cumple con requisitos básicos. La improvisación en su implementación ha sido una constante lo que, por ejemplo, se comprueba con la limitadísima información que en primera instancia reciben los mismos funcionarios policiales que son los responsables de llevar adelante las acciones del plan. Por otra parte, no se establecen presupuestos acordes con los objetivos previstos y mucho menos se rinden cuentas sobre el avance en el manejo de los recursos asignados.
Experiencias foráneas de éxito, las cuales deben ser consideradas, analizadas y adaptadas a nuestra realidad no son estimadas. En las mismas una constante ha sido la participación de equipos multidisciplinarios, donde el conocimiento y experiencia técnica y profesional, prevalece sobre cualquier consideración político-partidista-ideológica. Los objetivos están enfocados a obtener resultados, no a mantener simpatías. La constante formación académica y el relacionamiento con organizaciones internacionales permiten intercambiar experiencias y mejores prácticas para diseñar propuestas de implementación local.
Así mismo, pareciera que el factor corrupción sigue carcomiendo las bases de las instituciones del Estado que deben ser las garantes del cumplimiento de las leyes. Las llamadas “cifras grises” están conformadas por aquellos casos de quienes, siendo víctimas del secuestro, prefieren negociar con los delincuentes directamente o por medio de intermediarios, no hacer denuncias y por ende evitar la participación de los cuerpos policiales. Esta alternativa a todas luces riesgosa, es considerada por la mínima confianza de estos ciudadanos, en los organismos de seguridad. Existe el temor, por ejemplo, que existan acuerdos entre las bandas de secuestradores y ciertos funcionarios policiales que se prestan a facilitar información y logística. También alimenta el temor, los antecedentes de algunos policías y militares que han optado por el secuestro como negocio. No hay duda que la mayoría del recurso humano de los cuerpos de seguridad del Estado, son personas honestas, pero la impunidad y la ausencia de una campaña constante de comunicación con los ciudadanos, entre otros, afectan gravemente la reputación de las instituciones.
Una característica común que ha favorecido el crecimiento del delito en Venezuela y en esto se incluye obviamente al secuestro, es la cada vez más amplia brecha que separa y aventaja al crimen de los cuerpos de seguridad, en lo que a recursos se refiere. Podemos analizar algunos casos. Es pública la continua, abundante y disponible cantidad de armas de fuego y municiones de alto calibre en manos de los criminales. Por otra parte, es conocida la capacidad de fluida movilidad que tienen los delincuentes, la numerosa cantidad de inmuebles disponibles para mantener a los secuestrados y la conformación de redes de comunicación alrededor de los mismos. Estos recursos, sumados a la impunidad y a los positivos resultados económicos que arroja el secuestro, incentiva a que un número mayor de individuos incursionen en esta modalidad delictiva. En contraste, cada vez menos jóvenes optan por la carrera policial y muchos funcionarios se retiran para dedicarse a otras actividades: Los que aún de manera admirable y honesta permanecen al frente de sus cargos, deben mantener un combate con equipamiento escaso, desactualizado y con problemas de funcionamiento, el cual en oportunidades contribuyen a reparar con sus propios recursos.
Sin menospreciar en absoluto la responsabilidad primaria del Estado en la seguridad de los ciudadanos, debemos admitir que, en algunos casos, en la población la cultura de prevención y hábitos de seguridad no termina de permear y practicarse como las circunstancias lo exigen. Venezuela se sitúa en los primeros lugares en el mundo en lo que a secuestro y violencia se refiere. Por tanto, el costo de minimizar la posibilidad de ser víctima en este país, pasa por una revisión permanente de nuestros hábitos y rutinas. En muchos casos es incómodo y hasta injusto, pero los hechos indican que los ciudadanos cada vez más deben ser protagonistas de su propia seguridad personal, no solo reclamando de forma permanente los derechos que los amparan, sino siendo participantes junto a sus comunidades, en el diseño e implementación de iniciativas de prevención. No espere que el delito lo alcance para activarse.
@alfredoyuncoza