Hace una semana, me correspondió ser anfitrión de un pequeño grupo de jóvenes profesionales que por primera vez después de una larga ausencia visitaban el país. Como es normal en cualquier parte del mundo, ellos esperaban encontrar espacios seguros donde desarrollar una variada vida nocturna de sano esparcimiento. El entusiasmo inicial dio paso a la realidad que al igual que en Caracas, impera en la casi totalidad de las principales ciudades del país. Al final, el tiempo libre lo dedicaron a actividades dentro de los espacios del hotel donde estaban hospedados. Una de las preguntas reiterada era ¿Cómo pudo convertirse la capital de Venezuela en una ciudad tan hostil? Aunque pueden mencionarse varios factores, la inseguridad ciudadana es la principal protagonista.
Ya a principio del año 2016 el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., dentro de un ranking que incluye a 50 urbes, clasificaba a Caracas como la ciudad más violenta del mundo con poco más de 119 homicidios cada 100 mil habitantes. Venezuela tenía en dicha lista más del 10% ya que la antiguamente conocida como “sucursal del cielo” estaba acompañada de Maturín, Valencia, Ciudad Guayana, Barquisimeto, Cumaná, Barcelona y Maracaibo. Luego a finales de ese mismo año, el Observatorio Venezolano de Violencia proyectaba en casi 28.500 los homicidios, lo que representa una tasa de mortalidad violenta de aproximadamente 91,8 cada 100 mil habitantes. Para el Centro de Investigación de Crimen Organizado InSight Crime, la estimación fue de 30.000 fallecidos en el mismo período. Cabe destacar para aquellos poco acostumbrados a estos indicadores, que la Organización Mundial de la Salud califica de “epidemias de homicidios” aquellos casos donde los indicadores sobrepasan los 10 cada 100 mil habitantes.
Ante esta realidad del país, los ciudadanos muchas veces por simple intuición e instinto de supervivencia, modifican sus rutinas personales al costo de disminuir su calidad de vida. En el “Informe regional sobre desarrollo humano” (2013–2014), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el documento “Por una América Latina más segura” (2014) de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se incluyen interesantes datos e información de las percepciones de los ciudadanos sobre las amenazas de los delitos violentos, los cambios y restricciones en sus actividades personales.
La libre movilidad y disfrute de los espacios públicos es uno de los derechos más negativamente impactados. No sólo se trata de las limitaciones a encuentros sociales en sectores de las ciudades que pudieran percibirse como más vulnerables sino, por ejemplo, la disminución de actividades deportivas o recreativas de diversa naturaleza al aire libre.
Los movimientos comerciales cesan antes que anochezca tanto por el temor a ser blanco de los delincuentes y no contar con auxilio policial, como por implementar una medida de prevención para sus trabajadores que se apresuran por llegar a sus residencias con luz del día.
Servicios públicos como el transporte inter urbano de personas, incluso en trayectos relativamente cortos entre urbanizaciones se ven comprometidos. Cuando se trata de cargas, es casi unánime la decisión de no transitar por las autopistas o carreteras del país en horarios nocturnos, evitar a toda costa rutas identificadas como de alto riesgo, coordinar caravanas de vehículos, así como contratar servicios de acompañamiento. Todas estas consideraciones afectan los costos finales y la productividad.
Se hace cada vez más difícil para los centros de salud, contar con profesionales que presten sus servicios a altas horas de la noche. Por lo general aquellas emergencias que requieren de especialistas que no están presentes, deben esperar hasta que amanezca para disponer de la atención debida.
Los centros de estudio en especial de educación superior, han implementado medidas alternas que permitan cubrir aquellos contenidos programáticos originalmente planificados para sesiones de clases en las últimas horas de la noche. También en educación básica y media, la incorporación de sistemas de seguridad tales como video vigilancia, cercas, portones, muros, alarmas y vigilancia privada, incrementan sus presupuestos y, por ende, tienen sus consecuencias en las matrículas de las instituciones privadas o en los aportes adicionales de padres y representantes.
La seguridad ciudadana es un derecho el cual, en el caso de Venezuela, se califica como de carácter civil por la actual Constitución vigente. Las deficiencias o ausencias del Estado en ese ámbito, indudablemente se traducen como un incumplimiento directo a sus deberes y en la exposición y deterioro de la calidad de vida de quienes está llamado a proteger y servir.
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