Mantener el orden público durante manifestaciones y disturbios es un desafío para los gobiernos. Las fuerzas policiales utilizan armas menos letales para controlar los disturbios, dispersar multitudes, mantener el orden público, desalentar la criminalidad, proteger a las personas y resguardar propiedades. Estas armas menos letales se utilizan para limitar la escalada de un conflicto donde el uso de fuerza letal es indeseable.
Se supone que las armas de control de manifestaciones no son letales, lo que permite a las autoridades hacer cumplir la ley sin poner en peligro al ciudadano. Los químicos utilizados causan irritación temporal a los ojos, boca, garganta, pulmones y la piel. Sin embargo, al utilizarlos incorrectamente, existe el riesgo de lesiones graves cuando el individuo es golpeado por un cartucho de gas lacrimógeno y causarle hematomas, pérdida de la vista, fractura de cráneo e incluso la muerte.
La Policía antidisturbios es una unidad especializada de agentes de la fuerza policial o militar para controlar multitudes, dispersar las manifestaciones violentas y la recuperación de zonas ocupadas ilegalmente. Adicionalmente son requeridos para mediar entre grupos de manifestantes con ideales opuestos y evitar que se hagan daño entre ellos, prevenir altercados en eventos masivos y a la protección de personalidades.
La función de estas unidades es el mantenimiento del orden público. Controlando protestas para evitar que causen daño a personas y bienes públicos. La intención es mantener la normalidad de la vida cotidiana. Por este motivo sus funciones se centran en la prevención, control y restauración de la normalidad.
La función de estas unidades es el mantenimiento del orden público. Controlando protestas para evitar que causen daño a personas y bienes públicos. La intención es mantener la normalidad de la vida cotidiana. Por este motivo sus funciones se centran en la prevención, control y restauración de la normalidad.
Las fuerzas del orden público utilizan armas menos letales como bastones, gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma, taser eléctrico, dispositivos acústicos de largo alcance, cañones de agua, vehículos de combate blindados, vigilancia aérea, caballos y perros policía, entre otros.
Los oficiales que realizan el control antidisturbios llevan equipo de protección como cascos antidisturbios, viseras faciales, armaduras corporales, chalecos, protectores de cuello, rodilleras, máscaras de gas y escudos antidisturbios. Estos están diseñados para proteger al funcionario de aquellos peligros que provienen de objetos contundentes, botellas o ladrillos.
A veces se recurre a vehículos blindados con cañones de agua para dispersar a la multitud. También se emplean otros vehículos protegidos frente a agresiones con artefactos explosivos (cócteles molotov, cohetes pirotécnicos, etc.). En algunos casos también pueden involucrarse a caballos de la policía montada.
Dependiendo de cada país, hay diferentes tácticas para el control de los disturbios. Por ejemplo, en América Latina el uso del gas lacrimógeno está ampliamente extendido. Normalmente, los oficiales lanzan granadas con estos gases para así disolver a las multitudes. También es común que los policías realicen cargas frontales contra los manifestantes.
Controversias al controlar manifestaciones y disturbios
Existe una línea borrosa entre controlar el orden público y violar los Derechos Humanos. Hemos visto protestas ciudadanas que a veces son pacíficas y se convierten en vandalismo.
Las fuerzas del Estado tienen la función de proteger al ciudadano. Sin embargo, es común recurrir a las fuerzas especiales de antidisturbios para hacer frente a protestas en contra del gobierno, incluso siendo pacíficas, atendiendo intereses políticos más que a la seguridad de los manifestantes. Muchas veces estas fuerzas son usadas para censurar la opinión ciudadana y mantener bajo control a ciertos grupos políticos que no concuerden con la ideología dominante.
Las fuerzas del Estado tienen la función de proteger al ciudadano. Sin embargo, es común recurrir a las fuerzas especiales de antidisturbios para hacer frente a protestas en contra del gobierno, incluso siendo pacíficas, atendiendo intereses políticos más que a la seguridad de los manifestantes. Muchas veces estas fuerzas son usadas para censurar la opinión ciudadana y mantener bajo control a ciertos grupos políticos que no concuerden con la ideología dominante.
Otro problema es el abuso de la fuerza por oficiales hacia los manifestantes. Su uso injustificado ha sido denunciado debido a torturas, tratos vejatorios, violentos, humillantes y anticonstitucionales.
También ha sido criticado el uso indebido de material antidisturbios de las balas de goma, bastones y gases, habiendo provocado incluso la muerte de ciudadanos. Además, el efecto del gas pimienta puede traer riesgos de salud en niños, ancianos, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias.
En Venezuela, la policía antidisturbios es una herramienta de represión política al desplegar francotiradores, utilizar gases lacrimógenos y armas con balas de plástico para disolver las protestas, reprimir la disidencia y la desobediencia civil.
Israel está inmerso en una guerra «asimétrica» entre un ejército que posee la mejor tecnología y un adversario palestino con actitudes suicidas. La estrategia israelí para monitorear las protestas está basada en el uso de tecnologías para permitirle a las fuerzas de seguridad concentrarse y lidiar rápidamente con incidentes graves.
Sus oficiales son reclutados de las unidades de combate del Ejército y la Policía Fronteriza. Estos oficiales utilizan varios tipos de armas. Las autoridades se aseguran de que las tropas obedezcan las normas y utilicen estas armas dentro de los parámetros legales. Los soldados y policías que violen estas reglas son procesados por la justicia israelí.
¿Continuarán las protestas sociales en América Latina?
En el contexto latinoamericano el problema no es el populismo sino el continuismo de malas políticas públicas. La perpetuación en el poder es lo que más daño le hace a América Latina. Esto se refleja con más de 20 años de Chávez y Maduro en Venezuela; un par de décadas de Lula y Dilma en Brasil; 13 años de Evo en Bolivia, 1 década con Correa en Ecuador, además de los Kirchner en Argentina.
Aunque los desencadenantes y la dinámica política son distintas en cada país, los temas subyacentes son la desigualdad económica, la corrupción y los políticos desconectados de la realidad de sus ciudadanos.
Para finalizar, todo Estado debe tener equipamiento de Orden Público y en paralelo formar y capacitar a los oficiales responsables de estos asuntos. Una policía entrenada en las buenas prácticas del orden público minimiza el daño de protestas violentas y cuida la integridad del ciudadano.
Éticamente aspiro que las autoridades de seguridad utilicen estos dispositivos, tecnologías y metodologías para el bienestar de los ciudadanos y la convivencia entre todos.
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