Tribunales militares especiales de Estados Unidos comienzan este jueves a revisar los fundamentos de la detención de los prisioneros alojados en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
Cerca de 600 sospechosos de ser «combatienes ilegales» podrán presentar evidencia en su favor e, incluso, llamar a testigos que aporten elementos en su defensa.
Sin embargo, no se les permitirá acceso a abogados civiles, lo que ha generado cuestionamientos a la legitimidad de estos procesos.
Las revisiones judiciales de las detenciones fueron dispuestas recientemente por la Corte Suprema de Justicia estadounidense.
La medida no concuerda con la postura de varios miembros del gobierno de George W. Bush.
Muchos funcionarios sostienen que los detenidos son prisioneros de guerra y, por lo tanto, no están protegidos por el derecho nacional o internacional.
El proceso
Si la revisión determina que un prisionero no ha sido legalmente detenido, deberá ser liberado y devuelto a su país de origen.
Los llamados Tribunales de Revisión del Estatus de Combatiente estarán integrados por tres oficiales militares.
Sin embargo, los detenidos seguirán sin tener acceso a abogados civiles para presentar su caso ante estos tribunales y sólo contarán con la asistencia de un oficial militar.
Grupos defensores de derechos civiles denunciaron que sin una adecuada representación legal, las revisiones serán «una farsa».
Los prisioneros habían sido notificados oficialmente, la semana pasada, sobre su derecho a cuestionar judicialmente su detención.
