Los líderes de la seguridad en las organizaciones desarrollan sus gestiones de la mano de una asignación de recursos, entre otros, financieros. De hecho, la ejecución eficiente de las asignaciones son parte importante de la permanente evaluación del titular del cargo por parte de sus supervisores, e incluso en algunos casos, de directores o propietarios. Así mismo, los funcionarios públicos de los estados, que son los responsables de la seguridad ciudadana, también reciben recursos por los cuales deben rendir cuentas en sus instituciones. Lo que con muy poca frecuencia sucede es que los ciudadanos conozcan los indicadores, su evolución y resultados finales. En un país en plena crisis económica y donde las noticias diarias indican un agravamiento en lo que corresponde al delito, bien cabe la incógnita sobre el costo de la seguridad en Venezuela, considerando que en América Latina la cifra del desarrollo del delito representa en promedio el 8% del Producto Interno Bruto.
Generalmente los costos del delito se clasifican en directos e indirectos, de acuerdo al impacto e influencia que generan. Sobre este tema, existe numerosa bibliografía, siendo una de las más recientes e interesantes, la publicada en el año 2015, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y titulada “Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América latina y el Caribe”. Allí se presentan argumentos de reconocidos expertos como Laura Jaitman, Roberto Guerrero (BID), Rodrigo Soares (Sao Paulo School of Economics) y Mauricio Olavarría (Universidad de Santiago de Chile).
Los llamados costos indirectos o intangibles, están representados por el subdesarrollo personal, costos de oportunidad, temor, recursos no percibidos, angustias, cambio de las rutinas, alteración de los procesos de avance o desarrollo individual o grupal, falta de confianza, entre otros. Estos costos que, de forma preliminar, no necesariamente son tangibles o cuantificables tienen un importante impacto negativo en los ciudadanos. Los costos directos del delito generalmente se identifican, entre otros, con aquellos que se refieren a aspectos legales, rehabilitación, personales o de familia, prevención y de atención institucional.
Desde el punto de vista contable, por lo general los costos de la seguridad se clasifican en costos por anticipación y costos por consecuencias directas. Entre los de anticipación se consideran los correspondientes a seguridad privada, pólizas de seguros, prevención de la delincuencia y sistemas de seguridad propiamente dichos, entre otros. Los costos por consecuencias directas son más numerosos e incluyen la propiedad robada, hurtada o dañada, los gastos de la reparación y apoyo a víctimas, el deterioro de la infraestructura física, los servicios de salud, cuerpos policiales, fiscalías, prisiones, cortes, magistraturas, defensa legal, investigaciones, rehabilitación y reinserción.
En Venezuela, por ejemplo, los más de dos decenas de planes de seguridad implementados en los últimos 16 años no han tenido de lejos, los resultados que se esperaban. Pero, por otra parte, no hay información detallada de los costos que dichos planes, tanto de forma individual como en su conjunto, significaron para el Estado y, por ende, de su real impacto positivo o negativo para los ciudadanos.
Los costos directos e indirectos de la violencia afectan al ciudadano y derivan en todo su entorno económico, laboral, familiar, escolar y social en general. Por la magnitud de sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, es imperativa la participación activa y continua de los Estados en franca e integral alianza con otros actores de la sociedad, a fin de sentar las bases de solución que permitan elevar la calidad de vida de la población. Es importante que los ciudadanos de cada país, recuerden el derecho y hasta el deber, de exigir a los gobernantes que eligen para su servicio, cuentas de la eficiencia de las gestiones realizadas, las cuales son soportadas por el pago de sus impuestos y la obligada administración eficiente de los recursos comunes.
@alfredoyuncoza