Más tempano que tarde, luego que esta oscura niebla política se disipe, llegarán los tiempos para encarar los más grandes retos que como nación tenemos. La reinstitucionalización del país, la estabilización económica y, por supuesto, la seguridad y el orden público son apenas la punta de un inmenso iceberg que habrá que comenzar a sacar bajo las aguas. Pero, ¿Por dónde comenzar? y mejor aún, ¿existe alguna estrategia para reencausarnos en la senda del progreso?
Quisiera pensar que sí tenemos respuestas oportunas y asertivas a estos problemas, y que por sus niveles de crisis, parecieran no pueden esperar grandes discusiones, sino más bien acciones de efectividad comprobada. No tendría justificación el argumento de“no hemos tenido tiempo de pensarlo”.
En este sentido, me atrevo a adelantar algunas ideas que pueden servir de base para desarrollar una estrategia de éxito en relación a la seguridad ciudadana y el orden público.
En primer término, la seguridad tiene que ser garantía de reducción de la impunidad y la recuperación del territorio perdido a manos de la delincuencia y grupos irregulares. Las fronteras, el campo, los pueblos, las carreteras, autopistas y las ciudades deben volver a ser espacios soberanos, ocupados por los ciudadanos que añoran la paz para vivir más tranquilos y con mucho menos incertidumbre.
Bajo esta premisa caben entonces ocho ejes estratégicos para avanzar:
Liderazgo y coordinación interinstitucional: se refiere a la acción militar y policial en labores integradas de orden público, operando como un equipo de tareas en el espacio geográfico nacional, combatiendo las modalidades del delito por región y llevando a la justicia a los delincuentes.
Fiscalía-tribunales-cárceles: es la integración de las instituciones responsables de la judicialización de casos funcionando en un plan especial que permita la aceleración de causas a través de la incorporación de fiscales y jueces especiales, con el fin de lograr el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, el descongestionamiento de los retenes y la construcción de nuevas cárceles. Adicionalmente, este grupo deberá abordar el análisis del Código Orgánico Procesal Penal que conduzca a su reforma expedita y facilite la acción de la justicia criminal en el país.
Reinstitucionalización y equipamiento policial: se orienta a la formación y tecnificación de los cuerpos policiales del país devolviéndoles la meritocracia perdida, elevando las condiciones socioeconómicas del funcionario policial y restaurando la moral de cuerpo. Esto, deberá acompañarse con el sensible mejoramiento del equipamiento policial y la modernización tecnológica de las policías.
Reducción de amenazas criminales: es la acción policial y militar coordinada e inmediata para la identificación, abordaje y minimización de las principales bandas delincuenciales del país. Se trata de una operación de carácter simultáneo que no solo entre en los espacios tomados por el hampa, sino que se mantenga en los sitios a los fines de proveer respuestas de Estado para llenar los vacíos de la pérdida de institucionalidad en zonas severamente marginadas del país.
Inteligencia e investigación: se trata de las labores permanentes y necesarias para recolocar la acción policial en posiciones más preventivas y menos reactivas. Se logra, mediante el despliegue tecnológico y físico de unidades de vigilancia en zonas identificadas de actividad criminal, orientadas a la detección temprana de amenazas y al análisis de modos de operación y patrones que permitan predecir y neutralizar el trabajo de grupos al margen de la ley.
Involucramiento ciudadano: es la sensibilización del individuo hacia la detección temprana de vulnerabilidades y la creación de conciencia al riesgo. Es una tarea permanente de cambio cultural orientada a formar personas involucradas con la seguridad y la generación de espacios de certeza.
Educación para la prevención: se refiere a un objetivo ambicioso de formación de ciudadanos hacia una cultura más previsiva y resiliente, así como, la reeducación de aquellos delincuentes que, por falta de oportunidades, tomaron el camino del delito. De igual forma, debe contemplar la formulación de un plan nacional por el rescate de valores como el respeto, la confianza, el trabajo, la educación y el mérito.
Rescate del espacio público: es un esfuerzo por la recomposición, reparación y mantenimiento continuo de áreas verdes, parques, calles y avenidas, colegios, instalaciones deportivas y centros culturales para el disfrute programado de los ciudadanos, sobre todo de jóvenes y adolescentes, a los fines de crear verdaderas alternativas de desarrollo y progreso para la población.
Toda estrategia debe complementarse con la medición de sus avances. Cada uno de los ejes enunciados deberán acompañarse de un conjunto de indicadores que permitan evaluar de manera oportuna si el proceso de recuperación institucional y la reducción de la impunidad se está logrando en los términos diseñados. Es a través del despliegue planes como el que apenas aquí esbozamos podremos conseguir un país más seguro para todos.
