La justicia venezolana condenó a prisión a ocho personas por los eventos de abril del 2002, que determinaron la breve salida del poder del presidente Hugo Chávez.
Pasada la medianoche un tribunal emitió su veredicto de culpabilidad contra los imputados, a quienes se acusaba de intentar deponer violentamente a Ronald Blanco La Cruz, gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia.
El 12 de abril de 2002, después de que fuera anunciada en cadena de televisión la renuncia del presidente Hugo Chávez, una turba se concentró frente a la residencia del gobernador del Táchira para exigir su salida del cargo.
Entre ellos figuraban los condenados, que son empresarios, líderes vecinales y estudiantiles, y obreros del estado Táchira.
Tres de ellos fueron hallados culpables de complicidad inmediata en el delito de rebelión, mientras que otros cinco -incluida una mujer- fueron condenados por cooperación. Les impusieron penas que varían entre tres y seis años de prisión.
Sin armas
Tras anunciar que apelarán el fallo, el abogado defensor, José Luis Tamayo, aseguró que con la sentencia «se están violando los derechos constitucionales de libertad de expresión, de manifestación e inclusive hasta el derecho a huelga».
Tamayo afirmó que el concepto de rebelión civil no era procedente porque los acusados «no llevaban armas».
Se están violando los derechos constitucionales de libertad de expresión, de manifestación e inclusive hasta el derecho a huelga
José Luis Tamayo, abogado defensor
La defensa insistió en que no está bien establecido de quién eran cómplices sus defendidos y donde está el principal responsable.
«Solicitar la renuncia no es deponer. Yo pregunto: ¿el general Lucas Rincón Romero incurrió en rebelión civil por haberle solicitado la dimisión a Chávez?», dijo Tamayo.
Se refería a la alocución de radio y televisión en la que Rincón Romero anunció que el presidente había «aceptado» la renuncia que le pidió el alto mando militar.
Rincón Romero era el general de más alta graduación y fungía de Inspector Jefe de la Fuerza Armada Nacional. Ya en situación de retiro, se desempeñó hasta hace poco como ministro del Interior.
Muchos aseguran que la clave de los confusos eventos de abril está en explicaciones que sólo Rincón Romero podría ofrecer, porque fue él quien a oficializó la salida de Chávez de la presidencia.
No hubo golpe
En octubre de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que no hubo rebelión militar durante los eventos de abril y, por lo tanto, no hubo golpe de Estado, ya que no se registró movilización de tropas y ni de armamento.
Eso libró de responsabilidad a los jefes militares, que públicamente retiraron su apoyo al presidente Chávez y pidieron su renuncia después de que una marcha opositora no autorizada fuera atacada por francotiradores cuando se aproximaba al palacio de Miraflores, en el centro de Caracas.
Los acusados exigieron la renuncia del gobernador de Táchira tras el anuncio de la dimisión de Chávez.
En aquella jornada, 21 personas murieron por causa de disparos cuya procedencia todavía no ha sido esclarecida.
Los analistas consideran que el resultado del caso del Táchira deja un precedente legal importante justo cuando la Fiscalía ha empezado a citar a más de 400 personas que firmaron el documento de creación del breve gobierno de Pedro Carmona Estanga.
Se espera que muchos de quienes suscribieron ese único decreto constitutivo del fallido «gobierno provisional» sean acusados de rebelión civil en los próximos días.
Hasta ahora muchos confiaban en la improcedencia de la tal acusación, basados en la sentencia del Tribunal Supremo.
