La embajada de El Salvador en Venezuela entregó a dos ex funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas que desde el viernes pasado habían solicitado asilo político en esa delegación diplomática.
Los eventos de abril de 2002 forzaron la salida temporal del presidente Hugo Chávez.
El gobierno salvadoreño les negó el asilo por considerar que la solicitud de Henry Vivas y Lázaro Forero no cumplía con los requerimientos de los acuerdos internacionales que regulan la materia.
Las medidas de seguridad que se adoptaron desde la mañana del viernes en los alrededores de la embajada de El Salvador constituyeron la primera señal de cuál había sido la decisión.
Tras tensas horas de espera, Henry Vivas, ex director de seguridad de la Alcaldía Mayor de Caracas, y Lázaro Forero, ex director de la Policía Metropolitana, fueron entregados a las autoridades y de inmediato una fiscal dictó orden de arresto en su contra.
Ambos son señalados como autores intelectuales de la muerte de al menos 20 personas el 11 de abril de 2002, durante unas manifestaciones poco antes de la intentona golpista en contra del presidente Hugo Chávez.
Más de 80 personas resultaron heridas en el incidente.
Previo a la entrega de los ex funcionarios policiales, algunos de sus familiares irrumpieron en la embajada de El Salvador y exigieron que se les garantice la integridad física.
Las investigaciones
Vivas y Forero habían sido citados a la fiscalía en dos ocasiones, pero no se presentaron.
En una entrevista que ofreció a un medio local desde el interior de la embajada dos horas antes de su entrega, Lázaro Forero reiteró que él y su compañero tomaron la decisión por la persecución política que, según dijo, ha desatado el gobierno tras el atentado en el que murió el fiscal Danilo Anderson.
Los ex funcionarios son acusados de asesinato durante unas manifestaciones previas al intento de golpe.
Forero señaló que no confía en que se realizará un juicio justo en su contra. Dijo, además, que temía por su integridad física y recordó que dos sospechosos de participar en el atentado de Anderson murieron en las últimas semanas en enfrentamientos con la policía.
Tras el asesinato del fiscal, que tenía a su cargo la mayoría de los casos relacionados con el intento de golpe contra el presidente Hugo Chávez, han aumentado las presiones por parte de un sector de la población para que se lleve a juicio a los presuntos responsables.
Sin embargo, el gobierno ha negado enfáticamente que en el país haya persecución alguna. El ministro del Interior, Jesse Chacón, dijo en días pasados que la solicitud de asilo de Henry Vivas y Lázaro Forero podría indicar que ambos tienen algo que esconder en relación al caso.
Conversaciones
La negativa de El Salvador fue anunciada tras varios días de conversaciones entre el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, y el enviado especial del gobierno salvadoreño, Hugo Carriles, quien llegó a Caracas el fin de semana pasado.
El canciller de El Salvador, Francisco Laínez, declaró a la prensa local que la solicitud no era compatible con los acuerdos internacionales sobre asilo político.
La negativa de El Salvador fue anunciada tras varios días de conversaciones entre el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, y el enviado especial del gobierno salvadoreño, Hugo Carriles
Sin embargo, señaló que, atendiendo a la preocupación de los ex funcionarios policiales, se firmó un acta en la que Venezuela se comprometió a garantizar un juicio justo y respetar su integridad física y moral.
Laínez añadió que las embajadas de Argentina, México, España y Costa Rica sirvieron de garantes de este acuerdo.
Ésta no es la primera vez que El Salvador aparece en el centro de una polémica vinculada con el golpe de abril de 2002.
El año pasado, el país otorgó asilo al contralmirante Carlos Molina Tamayo, investigado en relación con el caso.
Algunos analistas han señalado que en esta ocasión pesó más el interés de El Salvador por mantener buenas relaciones con un vecino que además es el quinto productor mundial de petróleo.
