En octubre de 1982 loshabitantes de Chicago se enfrentaron a una nueva amenaza. Varios ciudadanos comunes comenzaron a sufrirlos efectos de una fuerte intoxicación. El único vínculo aparente entre todos ellos era que habían ingerido píldorasdel conocido analgésico Tylenol.
De inmediato lafábrica de este producto (Johnson & Johnson) así como las autoridadesfederales y locales sacaron de la venta todos los paquetes en existencia en esaciudad, aproximadamente 280 mil. Laspruebas de laboratorio determinaron que las pastillas habían sido alteradas concianuro. Siete personas perdieron la vida.
21 años después esteexpediente todavía no ha sido resuelto. Solamente una persona fue encausada, pero no por los envenenamientossino por haber intentado extorsionar a la firma productora obligándola a pagar1 millón de dólares. James Lewis fuesentenciado a 20 años de prisión, y ya para el año 1995 estaba nuevamente enlibertad bajo palabra.
Este fue el primer casomundialmente conocido de alteración de productos por parte de terceros. David Fischer (Hard Evidence, 1996) lo calificó como “un nuevo tipo de crimenmortífero”. El autor observó que el casoTylenol tomó por sorpresa a las autoridades, pues no había un procedimientogeneralmente aceptado para el empacado de esas u otras píldoras adquiribles sinprescripción, ni para determinar si el contenido de cada pote había sidomodificado.
La Federación deComunicaciones Americanas, una organización no gubernamental destinada a laorientación de periodistas en su ejercicio diario, señaló que la Administraciónde Alimentos y Drogas (FDA) de Estados Unidos no lleva una estadísticapormenorizada de este delito, aún cuando ese despacho sí posee su Unidad deInvestigación Criminal.
Desde septiembre de2001 las preocupaciones sobre la alteración de productos se han incrementadohasta el punto en que la FDA emitió un conjunto de normas sobre el empacado detodo tipo de mercancías de consumo masivo. Estas normas afectan no solo a losfabricantes ubicados dentro de Estados Unidos, sino a todo el que desee accedera ese mercado. Otra consecuenciaeconómica de la llamada guerra contra el terrorismo.
Pero hasta el momentolos casos investigados y reportados por la FDA son meramente locales. Enoctubre de 2001, por ejemplo, un ama de casa de Michigan fue sentenciada a 6meses de encierro en su casa luego de haber modificado el contenido de unafórmula infantil (Nutramigen) con el de otra marca.
El uso de esteprocedimiento como arma para el terrorismo todavía no es más que unahipótesis. No obstante, los consumidoresde todos los países relacionados comercialmente con Estados Unidos y laComunidad Europea deben tener el ojo puesto en tales casos, así como en losalertas que emitan las autoridades de los países donde se fabrican losproductos. La agilización del comerciointernacional y unos sistemas aduaneros corruptos y poco eficientes puedenjugarnos una trastada.
¿Qué recurso le quedaal consumidor para evitar la adquisición e ingesta de productos desechados enotras latitudes? La FDA, por ejemplo,tiene una página electrónica en la que emite constantes reportes sobre losproductos sospechosos. Pero, comorecomiendan ellos mismos, el comprador es “el último juez en cuanto a laseguridad de la comida que adquieren”. Cada ítem debe ser inspeccionado antesde sacarlo del anaquel. Si tienealteraciones en su aspecto externo, aboyaduras o roturas en sus envoltorios esmejor entregárselo al vendedor para que lo saque de circulación. Estas previsiones deberían ser redobladas sila compra es hecha a un vendedor ambulante, de esos que no poseen un localfijo. Si éste muestra alguna renuencia a tomar en cuenta nuestras exigencias esmejor notificar a las autoridades. Amenudo los despachos encargados de la vigilancia de estos tópicos poseen una“línea caliente”. Úsela, y a así prevendrá daños mayores. Aquí como nunca se aplica ese principio segúnel cual “el cliente siempre tiene la razón”.
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