ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
Durante la conspiración cívico-militar que condujo al pronunciamiento del 4F, un sector de los conjurados, alguna vez vinculado a la guerrilla venezolana, llegó a tener contacto con miembros de la insurgencia colombiana. El motivo central de esa relación la explicó el comandante Francisco Arias Cárdenas, uno de los jefes del alzamiento.
Al plantearse los jóvenes oficiales los posibles escenarios de reacción foránea a la insurrección cívico-militar el primer teatro analizado fue el correspondiente a la posición que adoptaría la Casa Blanca. Se llegó a la conclusión de que Estados Unidos quedaría neutralizado si se le garantizaba el suministro petrolero y se respetaban las inversiones de sus empresas. Mientras tanto, se ganaría tiempo para ir instalando la revolución.
Pero todos los caminos conducían a Colombia. Según Arias Cárdenas, «Colombia era lo que más nos preocupaba, porque podía producirse un reclamo sobre el Golfo. Se daría un avance de Colombia por occidente hacia La Guajira, para tomar el Golfo» (Alberto Garrido, De la Guerrilla al Militarismo, Ediciones del Autor, Mérida, p.35).
Por esa razón los jefes de la insurrección autorizaron las conversaciones con la vecina guerrilla. Entendían que existía un enemigo común, definido como la oligarquía dominante en Colombia.
La discusión de los comandantes febreristas no fue estéril. Varios años después, con Chávez mandando en Miraflores por el camino electoral, uno de los primeros movimientos diplomáticos realizados por la Casa Amarilla fue tranquilizar a Washington asegurándole que ni el suministro petrolero ni las inversiones estadounidenses serían afectadas por el nuevo go bierno.
La Casa Blanca suspiró aliviada y Chávez encontró en el embajador Maisto uno de sus mejores aliados para crear una imagen internacional de confianza en la «revolución pacífica y democrática», tal como la bautizó Jimmy Carter. La vieja caracterización había sido correcta.
Pero, con respecto a Colombia, los pasos hacia la confrontación siguieron el camino trazado desde décadas atrás por los dos estados.
Apenas tomó posesión de la Presidencia, Chávez declaró su neutralidad frente al conflicto bélico colombiano, ofreció a Venezuela como sede de posibles conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, ordenó a su Cancillería protestar airadamente la detención de varios jóvenes venezolanos apresados en un procedimiento realizado por el Ejército colombiano en Villavicencio, dio instrucciones a la FAN para que efectuara ejercicios militares en Castilletes, y se negó a firmar el Plan Operativo Vigente (POV), que legaliza la coordinación de las fuerzas de seguridad de Venezuela y Colombia para atender problemas de seguridad.
La posición del Gobierno venezolano quedó claramente establecida cuando representantes de las FARC participaron en un encuentro realizado en la Asamblea Nacional para analizar el Plan Colombia y su repercusión en América Latina, situación que motivó un fuerte editorial de El Tiempo, de Bogotá. El influyente diario se refirió al suceso acusando que la presencia de los dirigentes guerrilleros en Caracas se produjo «sin autorización ni conocimiento del Gobierno colombiano (y) complica todavía más las ya tensas relaciones» (entre ambos estados).
El Tiempo finalizaba su editorial con una advertencia: «La inaceptable intromisión de Venezuela en nuestros asuntos internos está a punto de hacer reventar la cuerda».
Haciéndose eco de esa preocupación, el entonces embajador, Germán Bula Escobar, dejó escapar ante periodistas que tenía informaciones sobre la posibilidad de un conflicto entre Venezuela y Colombia.
Posición de las FARC
Con una larga historia de guerra en Colombia, cuya raíz algunos historiadores colocan en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (1948), y otros académicos en la primera operación militar de envergadura contra la República Independiente de Marquetalia (Tolima), en mayo de 1964, la insurgencia de Marulanda contra el bipartidismo colombiano encontró fondo al trazarse un programa agrario, y forma al definirse como una guerrilla de base campesina con columnas móviles preparadas para una guerra prolongada.
Las FARC se identifican hoy como marxistas-leninistas-bolivarianas. El bolivarianismo lo entienden como un «latinoamericanismo antiimperialista», que anuncia la internacionalización de su proyecto. En su «Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional» se puede leer «La doctrina militar y de Defensa Nacional del Estado será bolivariana. Dijo el Libertador que el destino del Ejército es guarecer la frontera. Dios nos preserve de que vuelvan sus armas contra los ciudadanos» (ver FARCEP, Nuestra Frontera es la Paz, Ediciones El Centauro, Caracas, 1998, p.21).
Su militancia comunista las hace partidarias de abolir la propiedad privada. Al igual que el gobierno bolivariano de Venezuela, las FARC rechazan la democracia representativa, por entender que es el «gobierno de la oligarquía».
En marzo de 1996 las FARC dieron a conocer un comunicado dirigido «A las Fuerzas Armadas de Venezuela y al pueblo venezolano». Allí se dice, en su punto 5, que «la Octava Conferencia Nacional Guerrillera, realizada el 2 de abril de 1993, le asigna especial atención al referido tema (relación con los países vecinos) y convierte en norma de obligatorio cumplimiento para sus integrantes la decisión de no intervenir militarmente contra los ejércitos de los países fronterizos en sus territorios».
En otro documento («Nuestra Frontera es la Paz»), firmado por la Comisión Política-Diplomática FARC-EP el 3 de mayo de 1996, se señala: «Las FARC-EP han proclamado que no está en nuestras hipótesis y estrategias conflicto alguno con las Fuerzas Armadas de los países vecinos. Sí advertimos que la diplomacia colombiana y norteamericana vienen trabajando para comprometer el Ejército ecuatoriano y venezolano en la guerra contrainsurgente que lleva el Estado colombiano sin éxito alguno hasta el momento» (Ibidem, p.45).
Esa posición oficial de las FARC _no agresión militar en los países vecinos_ tuvo mucho que ver con la decisión de algunos de los gobiernos venezolanos (CAP-Caldera) de permitir representaciones diplomáticas oficiosas en Venezuela. La más conocida fue la de Andrés París (Comandante Ariel) en el segundo mandato de Rafael Caldera.
Hernando Gómez Buendía, influyente columnista de la revista Semana, de Colombia, dejó caer sobre el papel cierto ácido, de elaboración compartida con un sector de la dirigencia colombiana: «Apaciguar la guerrilla para evitar desmanes en su territorio es lo que adecos y copeyanos discretamente hicieron desde siempre (…). Para un militar de carrera como Chávez, la guerrilla debilita al Ejército co lombiano, que es el gran adversario eventual de Venezuela». (Semana, diciembre de 2000).
El problema
Morris Busby, embajador de Estados Unidos en Colombia cuando se produjo la localización y muerte de Pablo Escobar (1993) con la colaboración de la Fuerza Delta, impulsó en el Departamento de Estado la tesis de que había que combatir simultáneamente guerrilla y narcotráfico. De ahí al concepto de narcoguerrilla el trecho fue muy corto.
Sin embargo, las FARC fueron tratadas durante varios años más como una fuerza simplemente insurgente-revolucionaria. Con esa calidad se abrieron las negociaciones de paz con Andrés Pastrana. Paralelamente se fue desarrollando el Plan Colombia (20002005), con dos objetivos en la mira: guerrilla y narcotráfico.
Las conversaciones de Los Pozos sirvieron para que Colombia reforzara sus Fuerzas Armadas por la vía del Plan Colombia, y las FARC, a su vez, utilizaron ese tiempo para rearmarse y diseñar un plan de penetración en las grandes ciudades para activar milicias urbanas. Cuando Pastrana dio por finalizadas las negociaciones, tanto su Ejército como las FARC estaban listos para un enfrentamiento de mayor envergadura. Se había producido un clásico proceso de acumulación de fuerzas.
Luego del atentado del 11S, el calificativo de terrorista adquirió otro significado. Las FARC, el ELN y las AUC ingresaron a la lista de fuerzas terroristas. La asociación guerrilla-terrorismo pasó a ser un peligro para un gobierno de intención revolucionaria. Esa percepción condujo al gobierno de Hugo Chávez a institucionalizar la revolución cívico-militar y condenar toda forma de «guerrilla-terrorismo», comenzando por las locales FBL.
Pero Estados Unidos tiene en el continente americano su propia forma de intervención preventiva: el Plan ColombiaAndino. Pese a haber fracasado en su propósito original (lograr que la guerrilla negociara, derrotada, hacia fines de 2005), el Plan Colombia ha conseguido que los ejércitos de Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil se comprometan a actuar coordinadamente contra la insurgencia y frente a posibles «amenazas insidiosas» o «populismos radicales».
Por otra parte, ante el fracaso militar del Plan Colombia, el Ejército colombiano, con la asesoría del Comando Sur, ha comenzado a desarrollar el Plan Patriota, excluyentemente bélico. El Plan Patriota, de acuerdo con los jefes del Comando Sur, debería finalizar antes del año 2008. El Plan Colombia (fase 3) se instalará en la frontera colombo-venezolana este año 2005. Entre 2005 y 2008 muchas cosas habrán de ocurrir en la región andina.
Granda y Trinidad
La caída de Simón Trinidad en Ecuador y el secuestro de Rodrigo Granda, el llamado «canciller» de las FARC, en Venezuela, demuestran que el Plan Colombia-Patriota ya ha ingresado a la fase andina, y comenzó su accionar con trabajos de inteligencia interfuerzas.
La detención de Granda ocurre cuando las FARC desarrollaban una ofensiva diplomática con el fin de lograr el reconocimiento como «fuerza beligerante» (guerra contra el Estado, organización militar consolidada, control territorial parainstitucional y capacidad de imponer costumbres de guerra), mientras respaldaban la realización, en 2005, del Primer Congreso Continental de la Coordinadora Bolivariana, otra de las organizaciones revolucionarias bolivarianas internacionales.
Por cierto, la Secretaría General de la Coordinadora Continental Bolivariana le había enviado, con fecha 6 de diciembre de 2004, una carta al Congreso Bolivariano de los Pueblos. Allí se hacía una petición: «Nos dirigimos a nuestros compañeros del Congreso Bolivariano de los Pueblos para que nos acompañen en la justa campaña que hemos emprendido para conseguir la no extradición del compañero Simón Trinidad, vocero de paz de las FARC-EP, y la libertad de los 5 patriotas cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos (…)».
Para muchos seguidores de la izquierda bolivariana, la circunstancia de que Chávez haya declarado su neutralidad ante el conflicto armado colombiano al inicio de su mandato significaba reconocerle a la guerrilla el carácter de beligerancia.
Ahora, con el secuestro de Granda en Caracas, algunos de sus principales intelectuales aliados le piden que aclare la posición del Estado venezolano frente a otras fuerzas que se reivindican bolivarianas.
«Usted ha ofrecido ser neutral ante el conflicto interno colombiano y ayudar a buscar caminos de paz por intermedio de la negociación política, lejos de lo que se proponen Estados Unidos y el Plan Colombia. Le pedimos respetuosamente, presidente Chávez, que establezca una investigación especial independiente para esclarecer responsabilidades por el secuestro de Granda y, ojalá, por el de otros dirigentes colombianos en territorio venezolano», apunta la carta titulada «Personalidades de América y Europa piden a Chávez que investigue el secuestro de Ricardo González de las FARC», firmada por Noam Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, James Petras y Margarita López Maya, entre otros.
Cualquiera sea la explicación que ofrezca Chávez, nada será igual a partir del secuestro de Granda. Ni en el gobierno de Uribe, ni en la Casa Blanca, ni en las FARC, ni en el palacio de Miraflores.
