SERGIO DE LEON
Associated Press
GUATEMALA – Comunidades afectadas por las construcción de la más importante hidroeléctrica guatemalteca que fueron desplazados y masacrados a inicios de los 80 para desarrollar ese proyecto, responsabilizan a los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID) de esas hechos y su empobrecida situación actual.
Los indígenas achíes, apoyados por los grupos internacionales Rights Action de Canadá y el Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (COHRE) con sede en Ginebra, denunciaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo acontecido en el embalse del río Chixoy.
«La represa Chixoy fue construida en los años 70 y 80, es una gran hidroeléctrica financiada y apoyada por el banco Mundial y banco Interamericano de Desarrollo… desarrollado durante los gobiernos militares», explicó en rueda de prensa Graham Russell, representante de Rights Action.
Según Russell, 23 comunidades asentadas en la región del río Chixoy fueron forzadas por el ejército a desplazarse para permitir la construcción de la represa, a unos 70 kilómetros al norte de la capital.
«Río Negro fue la más duramente golpeada, más de 400 personas fueron masacradas y la Comisión de Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas mencionó específicamente la relación entre las masacres y la (construcción) de la represa Chixoy como un factor causante», afirmó.
Según el activista, durante cinco años se han reunido en Washington y Guatemala con personeros de los bancos, del gobierno y del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) «para que se forme una mesa de negociación y una comisión de verificación de todo lo que se perdió y de ahí se concretice un plan global de reparaciones».
En septiembre, pobladores de esas comunidades manifestaron dentro de las instalaciones principales de la hidroeléctrica exigiendo resarcimiento. Ahora, los nueve indígenas que negociaron con oficiales del gobierno están siendo perseguidos penalmente, denunció el dirigente Antonio Vásquez.
«En ese tiempo nos trataron como guerrilleros ahora nos tratan como delincuentes», expresó.
Vásquez manifestó que, entre otros, enfrentan cargos de terrorismo por haber ocupado esas instalaciones públicas, aunque fue pacíficamente.
Sus pretensiones son «ver como nos iban a recompensar por nuestras tierras… no estamos pidiendo una limosna, lo que pedimos es la compensación de nuestras tierras inundadas que son 60 caballerías (2.700 hectáreas), el INDE nos compró 20 y nos faltan 40», explicó.
Un informe de COHRE «concluye que el gobierno de Guatemala con la complicidad del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, ilegal y forzosamente desalojó a la comunidad de Río Negro en 1982… con métodos que incluyen una serie de masacres».
También los culpa por las «penosas condiciones» en que ahora viven, por lo que exige que se complete el proyecto, «incluyendo la previsión de una adecuada vivienda alternativa y una compensación justa por la pérdida de sus viviendas, tierras, siembras y otras propiedades».
No se pudo contactar a oficiales de los bancos para tener sus comentarios.
El comisionado presidencial de Derechos Humanos Frank LaRue manifestó que «las comunidades tienen demandas legítimas, aunque tomaron acciones equivocadas, como la protesta en la generadora de electricidad.
«El mecanismo idóneo (para aclarar el caso) sería en el país y resolverlo internamente, pero entiendo que cuando sienten que no hay avances tienen derecho a acudir a al derecho internacional», declaró.
