Ana Barón. WASHINGTON. CORRESPONSAL
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Más de 1.100 argentinos creyeron que estaban ahorrando en el exterior para cuando les llegara el momento del retiro. Soñaban con cobrar una jubilación privada y en dólares. Pero los planes de pensión que les vendió una compañía estadounidense —invocando falsamente los nombres de bancos de inversión tan conocidos los de Merryl Lynch, Lehman Brothers o HSBC— eran en realidad un fraude.
Según una demanda presentada por la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (popularmente conocida como la SEC, Security Exchange Comision), la compañía norteamericana Pension Fund of America (PFA) y sus socios principales —Luis Cornide (de 39 años) y Roberto de la Riva (37)— falsificaron documentos para estafar a un total de 3.400 inversores latinoamericanos de diferente poder adquisitivo. Casi la mitad de ellos serían argentinos.
Cornide y De la Riva tenían su cuartel general en Coral Gables, uno de los barrios residenciales más exclusivos de Miami. Vendiendo los llamados «planes fiduciarios de jubilación», que supuestamente combinaban un seguro de vida con inversiones de fondos mutualistas, llegaron a recaudar un total de 127 millones de dólares.
La demanda de la SEC, a la que Clarín tuvo acceso en exclusividad, dice que hasta «el 90 por ciento de los fondos invertidos por los inversores latinoamericanos se esfumaron en el pago de comisiones desorbitantes a agentes de ventas, así como en honorarios administrativos y otros costos». Sus clientes jamás lo supieron porque los resúmenes de cuenta estaban falseados.
La demanda alega que desde octubre de 1999 y hasta ahora, la compañía PFA se valió de una red de más de 500 agentes de venta en América latina para promover sus fondos de jubilación, describiéndolos como «inversiones más seguras y más rentables que otros productos similares», cuando en realidad eran un fraude perfectamente diseñado.
«En el 2003, Cornide y De la Riva crearon una compañía pantalla en las islas Caimnes, PFA Internacional, supuestamente para manejar las ventas y las operaciones de comercialización de los planes», dice textualmente la demanda.
Se ofrecían dos versiones: The Liberty Trust, un plan que exigía contribuciones mensuales de entre 1.000 y 20.000 dólares durante períodos de 10 a 15 años y contemplaba multas considerables en caso de extracción prematura; el Capital Trust, que exigía una contribución mínima de 10.000 dólares. Ambas modalidades incluían un seguro de vida.
«Los acusados no les dijeron a los inversores que todo el programa de inversión que ofrecían era un esquema falso concebido para enriquecerse ellos mismos y sus agentes», dice la demanda.
En una audiencia que tuvo lugar el 27 de marzo último, el juez del Tribunal de Distrito de Florida, Michael Moore, decidió congelar las cuentas bancarias de Cornide y De la Riva.
Además, intervino a PFA y nombró a Thomas Shultz como administrador judicial. Esto significa que Shultz está a cargo ahora de la investigación, cuyo objetivo principal es determinar —entre otras cosas— si los ahorristas podrán recuperar algo del dinero que invirtieron.
«Todavía es muy temprano para saberlo. Pero esperamos recuperar lo máximo posible. Somos conscientes del problema que esto representa para quienes confiaron en el esquema», dijo Shultz a Clarín. Y estimó que, al término de la investigación, acaso el número de damnificados llegue a los 6.000.
Shultz dijo a esta corresponsal que, en una audiencia que tuvo lugar el 7 de abril pasado, los socios principales de PFA, Cornide y De la Riva, aceptaron cooperar con la investigación a cambio de que se les permitiese acceder a fondos suficientes como para poder vivir y como para poder pagar los honorarios de sus abogados.
La demanda de la SEC indica que con la plata de los inversores argentinos y de otros países, Cornide y De la Riva se dedicaron entre 2002 y 2004 a comprar para ellos casas e edificios.
Cornide adquirió tres casas en Coral Gables y una en Key Biscayne, otro cotizado suburbio de Miami. La mansión de Key Biscayne fue valuada en 3 millones de dólares.
De la Riva, por su parte, compró dos casas en Coral Gables valuadas en 2 millones de dólares. Una de las numerosas compañías que se fundaron para ejecutar el fraude, Shadow Investements, compró un edificio de oficinas que es donde la compañía tiene ahora su sede.
Mientras que Shultz se dedica a investigar el fraude, un consultor —Gerold Ibler— fue contratado para ocuparse de las operaciones diarias y para contestar las preguntas de los inversores.
«Está revisando documentos y tratando de identificar todo lo que se pueda», agregó Shultz, quien adelantó que el proceso puede ser largo.
