EDUARDO GALLARDO
Associated Press
SANTIAGO DE CHILE – Mientras se reanudó el lunes la búsqueda de 19 soldados desaparecidos en una tormenta en la cordillera de los Andes, el gobierno desestimó versiones de que el jefe del ejército debería renunciar a raíz de la tragedia que ya ha costado las vidas de 26 reclutas.
El general Juan Emilio Cheyre «sin dudas, da garantías al gobierno como comandante en jefe del ejército», dijo el domingo en la noche el vocero presidencial Francisco Vidal.
El lunes, bajo adversas condiciones climáticas, las patrullas de rescate salieron nuevamente a la montaña en busca de 19 soldados aún desaparecidos, luego que cinco cuerpos fueron hallados el sábado.
La tarea se realiza con el convencimiento general de que ya es imposible hallar sobrevivientes.
El trabajo de las patrullas es extremadamente lento. Los rescatistas se forman en una fila, codo a codo, cada uno provisto de una varilla metálica que va enterrando en la nieve cada pocos centímetros. Cuando la varilla topa algo, se cava para ver de qué se trata. La mayoría de las veces, el resultado es una decepción.
Cheyre ha coordinado personalmente las tareas en Los Angeles, 650 kilómetros al sur, sede del regimiento de montaña al que pertenecía la compañía sorprendida por la tormenta el miércoles cuando regresaba de un ejercicio en la montaña.
Cheyre, segundo jefe del ejército desde que el ex dictador Augusto Pinochet dejó el mando, ha cooperado con los esfuerzos del gobierno por restañar las heridas de las masivas violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura.
En los inicios de su mando de cuatro años en 2002, proclamó un solemne «nunca más» a los abusos, que le ganó elogios de diversos sectores.
Mientras el ejército enfrenta el peor desastre militar Chileno en tiempos de paz, algunas voces han sugerido que Cheyre debería renunciar, asumiendo responsabilidad de mando.
Hasta ahora, respaldado por el gobierno y dirigentes de izquierda y derecha, él ha descartado dejar el cargo.
Por el contrario, desde el principio se trasladó a Los Angeles a coordinar la búsqueda y enfrentar a los desesperados, a veces furiosos, familiares de los soldados para mantenerlos informados.
Esta última tarea resultó especialmente compleja y sensible, ya que a menudo familiares enfrentaron con gritos a insultos a otros oficiales, acusando al ejército de ocultar información sobre lo ocurrido. También acusaron a los comandantes de negligencia por hacer marchar a los jóvenes de noche y en medio del mal tiempo.
Cheyre negó rotundamente cualquier ocultamiento de información, y acusó a «infiltrados» y «agentes del mal» de hacer circular informes falsos.
Admitió, en cambio, que fue un error iniciar la marcha fatal, y removió de sus cargos y llevó a la justicia militar a los dos máximos jefes del regimiento y al oficial al mando de la compañía afectada.
El lunes, un fiscal militar interrogaba a los tres. El fiscal deberá determinar si enfrentarán cargos de delito, negligencia o incumplimiento de deberes militares. Podrían sufrir penas de cárcel de tres meses a dos años.
Algunos de los familiares dijeron que podrían presentar demandas criminales contra los oficiales.
Mientras, algunos comenzaron a insistir que lo ocurrido demuestra la necesidad de profundos cambios en el servicio militar que unos 30.000 jóvenes chilenos cumplen cada año.
«Se debe estudiar a fondo una reestructuración del servicio militar, de las formas de entrenamiento, de la capacitación de los oficiales y suboficiales que adiestran a los reclutas», dijo el diputado socialista Antonio Leal, miembro de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
Una meta, señalan los críticos, debe ser terminar definitivamente con los abusos a los reclutas que se denuncian con frecuencia.
Cheyre anunció el año pasado la creación de una Oficina para los Derechos del Soldado, pero aún no está en funcionamiento.
El lunes el ejército anunció una serie de beneficios a las víctimas de los soldados muertos, incluyendo pago completo de sus servicios fúnebres, un seguro y una pensión a recibir por su familia.
