En el medio de un vasto huerto de palma, Cristóbal Jiménez, un antiguocultivador de coca, soporta los rigores de un calor húmedo y de una diminutaplaga, de esas cuya picada deja un escozor de varios días.
El campesino se expresa en una mezcla de castellano con aymara, uno de losdialectos indígenas del Trópico de Cochabamba, la región de Bolivia donde hacedos décadas se formó una de las siembras de coca más grandes del mundo, sólocomparable con las del Alto Huallaga peruano.
El cocalero de antaño ahora preside la Asociación de Productores de Palmitoy Frutas de esa localidad. Su conversión a la economía legal lo ha enfrentado asus colegas de aquellos tiempos. Se queja: «Esta es una especie de guerra.Estamos abandonados. No hay seguridad. Tiene que haber más autoridad delGobierno».
La nueva vida de Jiménez es el resultado de los programas de desarrolloalternativo que adelanta el gobierno del general Hugo Banzer Suárez, con amplioapoyo de Estados Unidos. Un respaldo que se ha traducido en la transferencia demás de 800 millones de dólares, para la ejecución de distintas iniciativas.Algunas, como la del palmito, con futuro prometedor gracias a los mercadoseuropeos. Otras, como por ejemplo las destinadas a la implantación de injertosde piña, fracasaron y ya fueron reformuladas.
No es filantropía de Washington. Dos décadas atrás, el tráfico de drogasamenazaba con aislar a Bolivia, mientras su precio bajaba constantemente en lascalles de Estados Unidos. El actual vicepresidente de ese país, Jorge Quiroga,recordó que los primeros parlamentos de la película Caracortada eran dedicadosa su tierra. La historia, protagonizada en el celuloide por Al Pacino,proyectaba la imagen de un Estado ideal para los delincuentes, gracias a laprotección de un régimen de facto. La fama se la habían ganado desde elgobierno militar del general Luis García Meza (80-81), cuando Bolivia fuecalificada como una «narcocracia», y Roberto Suárez como uno de losprincipales traficantes de alcaloide del mundo.
Ahora, según Quiroga, el país está haciendo todo lo humanamente posible paradejar atrás aquellos tiempos. La meta se dice fácil: «cero coca» enel Chapare (Trópico de Cochabamba), el lugar donde vive el campesino Jiménez. Ala vuelta de un año, sólo podrán permanecer los cultivos ancestrales de los»yungas», un sector cercano a la capital, La Paz.
Según las cuentas oficiales, avaladas por Washington, en las adyacencias delaltiplano puede ser producida suficiente hoja para suplir al comercio legal,representado por las industrias farmaceutica y de las bebidas, así como lademanda de los aborígenes, quienes durante horas continuas»acullican» la hoja cruda en sus cachetes para obtener energía. Ellímite de las siembras será 12 mil hectáreas. Todo excedente será erradicado,mediante negociaciones o manu militari. Como están haciendo en Cochabamba.
Oro blanco
Con el cultivo de la coca viene toda una cultura. No en balde,ambas palabras tienen la misma raíz. Entre los abrigos de alpaca y las joyasdel Potosí, las tiendas de souvenirs en Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba yLa Paz, venden franelas cuyo único estampado es una hojita y una leyenda:»La coca no es droga».
El discurso del Gobierno, sin embargo, es claro en cuanto a que ese arbustogenera un circuito que inevitablemente finaliza en la cocaína. Por lo tanto,concluyen, debe ser erradicado.
De la coca llegaron a vivir más de 60 mil familias, solamente en el área delChapare. Según Oswaldo Antezana, ex ministro de Agricultura boliviano y actualasistente en ese país de la Estrategia Nacional Antidrogas (NAS) de EstadosUnidos, para 1995 la economía ilícita ofrecía empleo directo a más de 72 milpersonas en esa región. Tal era la demanda de mano de obra que provocó unamigración desde los cordones de miseria de las ciudades hacia el campo.
Según su relato, 20 mil familias de mineros se asentaron allí, buscando eldinero fácil de la hoja de coca. Apenas tenían que cuidar los plantíos, pues enla época de cosecha llegaban los grandes compradores con personal entrenadopara sustraer la materia vegetal. Pagaban y se iban.
Esos mineros, dice Antezana, son los que están retornando a las urbes desdeque comenzaron a poner en práctica los planes de desarrollo alternativo,dejando en el Trópico a los verdaderos agricultores.
De raspadores a labriegos
La estrategia del gobierno de Banzer está resumida en elllamado Plan Dignidad, que comenzó a ser aplicado en el año 98. Antes de esaetapa, el campesino podía vender al Estado su producción de coca, sin quenecesariamente tuviese que dejar de sembrarla. Según Antezana, esto provocó un»círculo vicioso perverso». Al ser iniciada la nueva estrategia, yael labriego no recibiría una retribución individual sino colectiva, en forma deescuelas, hospitales y otras obras que le darían más arraigo en el sector, peroque todavía están a medio terminar.
El individuo, además, recibía la garantía de poder incorporarse a losprogramas centrados en el cultivo de la piña, la parchita, el palmito, lapimienta y el cambur. Los proyectos piloto prosperan actualmente en Chimoré, enenclaves muy cercanos a la base militar donde opera la fuerza de tarea conjuntaque lleva a cabo la erradicación manual del arbusto.
Las vías que llevan hacia esos centros de producción están siendo empedradaspara utilizar mano de obra y recursos naturales locales. A los lados, todavíase ven las improvisadas casas de tablón y los patios para el secado de la hojade coca. Los que ahora son cultivadores de cambur tienen los dedos hinchados yllenos de cayos por tanto «raspar» la planta, una práctica quesupuestamente ya han superado.
Como el resto de sus compañeros de faena, el presidente de la AsociaciónNacional de Bananeros, Erasmo Flores, suele masticar esta hoja durante toda lajornada. «Es de los yungas», aclaró.
Otros, más sinceros, admiten que la planta todavía se produce y se comerciaen la localidad, aunque no en forma tan intensa como antes. La escasez explicaríala gran elevación del precio de la hoja cruda durante los últimos dos años. Unjoven campesino recordó que una bolsa de 50 libras llena de coca se cotizaba aun precio 15 veces mayor que el de una caja de cambures para exportación. En elcaso de la piña, las ganancias por hectárea casi se igualan, sólo que elcultivo y la cosecha del fruto implican un esfuerzo mucho mayor.
Según el delegado del NAS la lógica trabajo-ganancia, que en principiofavorece a la coca, puede ser rota mediante rigurosos programas de supervisiónpolicial, complementados con el aseguramiento de los mercados para losproductos del desarrollo alternativo. Los réditos de la coca, añadió, sólo seven cada tres meses y se diluyen de inmediato, en medio de un gasto frenético.Mientras que los generados por los cultivos lícitos están a la vista cadasemana, y estimulan.
Pero aún entre los cultivadores de la piña persisten las dudas sobre elfuturo del programa. Tal es el caso de Edwin Villarroel: «Sólo laobligación del Gobierno impide que se resiembre la coca».
El cumplimiento de ese compromiso es, precisamente, el que está ocasionandoel desplazamiento de grupos humanos, no sólo hacia otras partes de Bolivia sinotambién a regiones del Trópico de Cochabamba que hasta el momento se manteníanprácticamente vírgenes.
«Los cocaleros se han mudado al parque nacional», afirmó un mayorde la Fuerza Aérea de ese país, dedicado a labores de detección de los cultivosilícitos. Pronto recibirán la «visita» de los militares.
Tenaz resistencia
Según el embajador de Estados Unidos en Bolivia, ManuelRocha, en el Chapare se ha registrado una «tenaz resistencia» a losprocesos de erradicación, atribuida a «grupos inescrupulosos comprometidoscon el narcotráfico que han herido, torturado y cobrado la vida de miembros delas fuerzas militares y policiales».
El gobierno de
Washington ha aportado casi todos los activos utilizados porlas fuerzas del orden bolivianas en los procesos de erradicación manual, asícomo el entrenamiento a sus efectivos en labores de inteligencia,contrainteligencia y contrainsurgencia.
«Por años se supuso que las asociaciones de productores de cultivosilícitos podrían ejercer suficiente presión y control para evitar que susmiembros continúen produciendo coca. Se comprobó que ese supuesto eraequivocado. Esta experiencia nos permite concluir que no es efectivo castigar auna comunidad entera por el incumplimiento de una minoría», recordó.
Para que la lucha antidrogas sea efectiva, explicó el diplomático a un grupode periodistas del área andina, es necesario poner en práctica un enfoquemultifacético, que incluya estrategias de erradicación, interdicción,desarrollo alternativo, concientización pública y reforma al sistema dejusticia.
«Gracias a los esfuerzos antinarcóticos, la relación riesgo-recompensaen el Chapare ha aumentado considerablemente haciendo mucho más difícil laproducción, procesamiento y comercialización de coca y cocaína», aseguró.
Según sus cálculos, la escasez en cuanto a la disponibilidad de la hoja decoca ha provocado un incremento de 263% en sus precios al por mayor. En losúltimos tres años, añadió, la superficie de cultivos legales de otros productosse ha elevado de 96 mil a 114 mil hectáreas. «El volumen de exportacionesde banano y palmito se ha incrementado 59%», indicó.
«Sabemos que las amenazas, la intimidación y la inseguridad están aúnlatentes para los agricultores, empresas y organizaciones de desarrolloalternativo», reconoció.
Rocha explicó que no se puede bajar la guardia en las regiones donde la cocaha sido erradicada, pues la experiencia de años anteriores indica que en unaparte de ellas el arbusto será replantado.
Los norteamericanos enfocarán su atención en los próximos días en la regiónde los Yungas, cercana a La Paz. El embajador anunció que allí será aplicado unplan distinto al del Chapare, en esa área existen siembras de coca legales.
El lobby de la hoja
La coca todavía cuenta con numerosos defensores en lapolítica boliviana. «Todos los alcaldes (del trópico cochabambino) soncocaleros, y todos los concejales son pisacocas», sentenció el presidentede la Asociación de Productores de Palmito de esa localidad.
Periódicamente, los cocaleros organizados han dado demostraciones de fuerzaen los propios escenarios del programa de desarrollo alternativo. El bloqueo alos precarios caminos ha obligado al gobierno de La Paz a tender «puentesaéreos», para impedir desabastecimientos. En abril, la crisis fue de talmagnitud que produjo el compromiso del Ejecutivo de suavizar los plazos delPlan Dignidad y a acelerar la construcción de ciertas obras de interés social.
«La Iglesia y las organizaciones de derechos humanos están en manos deellos. Si algo pasa con nosotros los palmiteros no dicen nada. Tiene que haberun poquito de autoridad del Gobierno», afirmó el líder campesino.
Los defensores del arbusto tienen su propia estación de radio. El principalvocero del llamado «lobby de la coca» es el diputado del Movimientoal Socialismo boliviano, Evo Morales. Es el segundo integrante de la CámaraBaja en acumular más votos uninominales.
Morales se declaró sin titubeospartidario de la legalización de la coca, cuyo cultivo considera tradicional ensu país, aunque «a los traficantes de drogas les daría pena demuerte». Señaló que buena parte del tren ejecutivo está de acuerdo con él,pero que no lo declaran porque eso disgustaría a Estados Unidos, y mermaría lacuantiosa ayuda económica que ese Gobierno le da a Bolivia.
El reemplazo de los plantíos de coca ha ocasionado brotes de violencia querayan en el terrorismo. Bombas cazabobos, disparos a los helicópteros quetransportan tropas y enfrentamientos armados han obligado a la fuerza de tareaconjunta a emplazar comandos especiales en la zona.
La semana pasada, un líder cocalero habría confesado a la Fiscalía que estosgrupos cuentan con «entrenadores extranjeros». Al respecto, eldiputado sostiene que el pueblo «tiene derecho a organizarse yluchar».
«Morales es un anarquista»,señala Oswaldo Antezana. «Obviamente, tiene a gente que lo respalda, perose irá quedando solo. Actualmente, hay una profunda división del campesinado.El descalifica los programas de desarrollo alternativo. Hay un discurso falso ydemagógico que paulatinamente se irá cayendo», vaticinó.