La corrupción en América Latina se ha convertido en uno de los problemas endémicos que más afecta la estabilidad democrática de la región. Su alcance ha hecho tambalear hasta los gobiernos más estables.
Incluso ha sacado del poder a presidentes de Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela.
Rosa Inés Ospina, vicepresidenta de Transparencia Internacional una organización no gubernamental con sede en Alemania-, consideró que una de las principales consecuencias de la inadecuada utilización de los recursos públicos es la pérdida de la gobernabilidad y la inestabilidad democrática.
“Cuando los ciudadanos no encuentran reglas claras, y ven que hay abuso en el manejo de poder, dejan de confiar en las autoridades e instituciones, y por lo tanto se van deteriorando las condiciones para el desarrollo democrático y para una gobernabilidad estable. La desconfianza en los líderes políticos es una de las consecuencias más negativas”, advirtió.
Este flagelo ha traspasado las fronteras y se ha convertido en un fenómeno trasnacional. Su alcance preocupa a organismos como la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y el Banco Mundial, entre otros, que consideran a la corrupción como un misil contra la democracia en la región, por lo que han elaborado convenios para atacar este flagelo.
“La corrupción significa una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la ética y justicia”, señala por ejemplo, la Convención de la ONU contra la Corrupción, que pese a que fue suscrita en 2003 aún no ha entrado en vigencia porque sólo ha sido ratificada por 29 países, de los 30 necesarios.
Según fuentes de la Cancillería, Venezuela podría convertirse en el país que permita la entrada en vigencia de dicho convenio. La Ley Aprobatoria de la Convención de la ONU contra la corrupción fue aceptada por la Asamblea Nacional el 23 de mayo y se encuentra en consulta en la Procuraduría. Luego pasará a ser firmada por el canciller y por el Presidente de la República. Inmediatamente después sería ratificada ante la ONU.
Venezuela también fue uno de los promotores de la convención anticorrupción aprobada por la OEA en 1996.
Herramientas de lucha
Para Silke Pfeiffer, directora regional del Departamento de América de TI, una de las deficiencias en la lucha contra la corrupción en América Latina es la ausencia, entre otras cosas, de un sistema de control de los fondos públicos, de rendición de cuentas de las campañas electorales y de valores éticos.
Agregó que: “Los países de la región no cuentan con sistemas nacionales rigurosos que prevengan, identifiquen y sancionen hechos de corrupción. Es decir las contralorías, las fiscalías, los sistemas judiciales y hasta los parlamentos son débiles”.
Por su parte, Ospina insistió en la necesidad de establecer la protección al denunciante. “Una de las principales preocupaciones, y sobre las cuales trabajan las convenciones contra la corrupción tanto de la OEA como de la ONU, es en el tema de la protección a los denunciantes. En términos generales, los latinoamericanos son testigos de este flagelo, pero no se atreven a denunciarlo porque no confían en la justicia y tienen miedo de sufrir represalias”, enfatizó.
Desconfianza en aumento Según el Barómetro Global de la Corrupción de TI en 2004, 45% de los entrevistados (de 50.000 personas en 64 países), cree que los niveles de corrupción aumentarán en los próximos tres años, mientras que 17% espera una baja.
Pfeiffer estimó que esta desconfianza se genera por dos razones. La primera tiene que ver con los medios de comunicación. “A diario se puede leer en los periódicos casos de corrupción que involucran a los líderes de los gobiernos de la región, por lo que el ciudadano común percibe un aumento en el desvío de los fondos del Estado. Sin embargo, hay que destacar que la participación de los medios favorece la lucha contra este flagelo porque ayuda a que los delitos no queden impunes”, mencionó.
La segunda razón está relacionada con las falsas promesas de los líderes políticos. Pfeiffer comentó que, en América Latina, la mayoría de los que han llegado a ser presidentes se comprometieron, durante su campaña electoral, a crear mecanismos para combatir la corrupción. “Una vez en el poder, los líderes se olvidan de sus obligaciones”, añadió.
Los delitos por corrupción han llevado a gobernantes como Carlos Andrés Pérez (Venezuela) y Fernando Collor de Melo (Brasil) a renunciar a la silla presidencial para hacer frente a la justicia.
También Alberto Fujimori debió huir de Perú y dimitir a la jefatura del Estado luego de un escándalo por pago de sobornos que lo involucraba a él y a sus colaboradores más cercanos.
Los más afectados
El sector más afectado por este flagelo es el que tiene menores recursos económicos. Según una encuesta realizada por Transparencia en México, el ciudadano mexicano con un salario promedio gasta 7% de su sueldo anual en pago de sobornos.
“La corrupción genera pobreza y afecta a los más desprotegidos”, dijo Pfeiffer.
Para Ospina la corrupción afecta tanto al ciudadano común como a las empresas privadas. “Si bien es cierto que las personas pagan sobornos para tener acceso a los servicios básicos, también los pequeños y medianos empresarios pagan para obtener licitaciones que ofrece el Estado”, agregó.
Epidemia en la región
La mayoría de los países latinoamericanos se han visto envueltos en casos de corrupción, ya sea por pago de sobornos, por desvío de los fondos públicos o por financiamientos ilícitos de campañas electorales, entre otros.
Más allá del escándalo público, las consecuencias han llegado a afectar la gobernabilidad de los países. Un ejemplo palpable fue el del colombiano Ernesto Samper cuyo periodo presidencial (19941998) estuvo centrado en el supuesto financiamiento ilícito de su campaña electoral, lo que le dejo un estrecho para gobernar.
El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva atraviesa una profunda crisis que podría llevarlo a correr con la misma suerte, luego de que se descubrió que el Partido de los Trabajadores que lo llevó al poder utilizó una entramada red de sobornos.
ESCÁNDALOS CON ECO INTERNACIONAL
Brasil:
A 28 meses de haber asumido el mando, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no escapó de los escándalos por corrupción.
El diputado laborista Mauricio Marinho acusó al Partido de los Trabajadores de pagar 13 millardos de dórales a legisladores aliados del Gobierno para que apoyara las propuestas oficialistas en el Congreso. En consecuencia, el Congreso instauró dos comisiones parlamentarias para que investiguen el financiamiento ilegal de campañas electorales, la doble contabilidad de los partidos y la compra de votos en el Parlamento. El escándalo ya traspasó las fronteras, ya que la Policía Federal de Brasil solicitó a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos su colaboración para investigar las cuentas bancarias de Marcos Valerio, acusado de fraude y evasión fiscal. El escándalo le ha costado a Lula una pérdida de 4 puntos en su popularidad.
Costa Rica:
Los ex presidentes costarricenses Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), José María Figueres (19941998), y Rafael Ángel Calderón (1990-1994), se encuentran bajo prisión preventiva acusados por corrupción. Rodríguez, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por problemas de salud, se vio obligado a dimitir en octubre a su cargo como secretario general de la OEA, para enfrentar un juicio por haber aceptado 550.000 dólares de un multimillonario contrato de la empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel. Calderón es investigado por delitos de cohecho, enriquecimiento y asociación ilícita. Figueres debió dimitir, en octubre, a la dirección ejecutiva del Foro Económico Mundial en Ginebra para enfrentar a la justicia por recibir 900.000 dólares en comisiones con la empresa Alcatel.
Nicaragua:
El ex mandatario Arnoldo Alemán (19972002), del Partido Liberal Constitucionalista, fue condenado a 20 años de prisión domiciliaria por lavado de dinero y corrupción. Al ex gobernante se le acusó de desviar 100 millones de dólares de las arcas del Estado. 500 funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se llenaron los bolsillos con ese dinero.
También el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, y el vicepresidente, José Rizo, fueron salpicados por el escándalo. Al Jefe de Estado y a su ex compañero de fórmula se les investiga por haber recibido parte del dinero desviado durante el gobierno de Alemán para financiar la campaña electoral del PLC en 2001. El 5 de septiembre el Parlamento decidirá si retira la inmunidad de Bolaños y Rizo para que sean procesados por la justicia.
Colombia:
Pocos días antes de que Ernesto Samper asumiera el cargo de Presidente de la República, el 7 de agosto de 1994, apareció en la palestra pública una grabación en la que demostraba que el narcotráfico había financiado la campaña del recién electo mandatario. Este escándalo fue conocido como el proceso 8.000.
Santiago Medina, tesorero de la campaña del Partido Liberal, confesó la entrada de dineros ilícitos. A su vez, la Fiscalía dejó al descubierto que Fernando Botero Zea, entonces ministro de Defensa, también estaba relacionado con el caso. El 22 de enero de 1996, Botero confesó que el gobernante tenía conocimiento de que su campaña había sido financiada con fondos del narcotráfico. El 27 de febrero de 1996 la Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió una investigación formal contra el gobernante. El 6 de julio de ese mismo año, Samper fue absuelto por la Cámara.
