Secuestradores del avión de Aires podrían pagar 42 años de cárcel
El hombre en silla de ruedas que se tomó la aeronave, tenía cinco granadas y pedía 14 y medio millones de pesos de indemnización.
El fiscal General de la Nación confirmó que Porfirio Ramírez Albana, de 42 años, y su hijo Lissin Jawer Ramírez Reinoso serán procesados por secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y apoderamiento de aeronave.
El secuestro del aparato finalizó a las 5:09 p.m. El aparato de Aires había partido de Florencia seis horas antes.
Al parecer, Ramírez tomó la decisión de secuestrar un avión, a raíz de que el Consejo de Estado le negó una indemnización por su invalidez, provocada por un disparo que recibió durante un operativo antinarcóticos de la Policía en Playa Rica (Caquetá) el 2 de abril de 1991.
“Él instauró un proceso pidiendo resarcimiento, pero no le dio resultado” dijo una fuente policial.
La Procuraduría Delegada para la Policía, en un fallo emitido en 1996, archivó las investigaciones contra los miembros de la institución por ese incidente y dejó sin posibilidades las aspiraciones de Ramírez.
Pese a ese hecho, él siguió peleando por una indemnización. Lo que no está claro es cómo tomó la decisión de secuestrar un avión para hacer su reclamo.
Lo cierto es que un allanamiento realizado ayer en su casa del barrio Ventilador, en la capital del Caquetá, fueron hallados planos de un avión similar al DHS 8301, de Aires, y de matrícula HK 4030.
“Estaba muy resentido con la Policía, pero nunca pensé que fuera capaz de realizar un secuestro”, dijo una vecina de Ramírez.
Según el personero local, Horacio López, este hombre se registró como un desplazado con su esposa y sus dos hijos.
Aunque el secuestro se resolvió sin víctimas, luego de la mediación de una comisión, Ramírez y su hijo quedaron a disposición de la Fiscalía, que decidió procesarlos bajo el nuevo sistema oral.
Eso significa que su caso, que pone de nuevo en la picota pública la fragilidad de la seguridad en los terminales aéreos, tiene la opción de una rebaja de pena del 50 por ciento, siempre y cuando se acojan a sentencia anticipada. Su exigencia de ser escuchados se logró, pero su método de seguro los mantendrá mucho tiempo tras las rejas.
