LINCHAMIENTOS EN MEXICO *
Antonio Fuentes Díaz**
Los linchamientos en México expresan diferentes motivos, temporalidades y están posibilitados de manera general por dos momentos: a) por la histórica debilidad del Estado y b) por los procesos desencadenados a partir de la reestructuración económica iniciada en la década de los ochenta. Los linchamientos aparecen como un recurso fatal para controlar parte del desorden que el crimen introduce a la vida de poblaciones que han sufrido sistemáticamente de una escasa impartición de justicia y que han soportado los embates de políticas económicas desfavorables.
LOS HECHOS
Dos hombres son conducidos a la plaza principal, se les inculpa de haber intentado secuestrar a cuatro menores entre 8 y 10 años de edad de la escuela primaria «Fausto Careta de la Vega». Los golpes y empujones anticipan su destino.
Todo empieza cuando son detenidos por elementos de la policía local de Huejutla, Hidalgo en marzo de 1998 acusados de presunto secuestro, mientras viajaban en una camioneta pick up del estado de Veracruz de donde eran originarios. De inmediato se les encarcela y al día siguiente se les dicta auto de formal prisión. Sin embargo, a través de una estación de radio se filtra el rumor de que serán liberados y se llama a la población a no permitirlo. Alrededor de unas mil personas se reúnen frente a las oficinas del juzgado mixto de primera instancia en donde retienen al juez y al personal administrativo. Destrozan dos patrullas, la camioneta de los presuntos raptores y las instalaciones del juzgado. Penetran al palacio municipal y lo rocían con gasolina amenazando con incendiarlo. Se dirigen a la cárcel – localizada en el interior del palacio municipal- y sacan a los presuntos raptores. Hasta ese lugar llegan a bordo de un helicóptero el gobernador del Estado, Jesús Murillo Karam y el procurador Omar Fayad para persuadir a la población de no hacerse justicia por propia mano, ofreciendo aplicar la justicia «conforme a la ley». No obstante, aproximadamente una treintena de personas alcoholizadas según versión del propio gobernador- incitan a la multitud a matar a los acusados. Ambos hombres son golpeados y lacerados con machetes, a uno de ellos le extirpan la lengua y le cortan la cabeza; al otro, le arrastran por el kiosco, lo matan a golpes y se le cuelga – ya muerto- en la plaza pública. Días después se sabe que solo trataban de vender estampas y juguetes a las afueras de la primaria. Los familiares de los linchados declaran que se dedicaban a la venta de artículos de papelería de poblado en poblado. El alcalde de Tihuatitlán, Veracruz declaró: «eran jóvenes sanos, trabajadores y con una manera honesta de vivir; eso a mí me consta ya que los conocí desde pequeños». La policía solo aprehende a cinco «presuntos» participantes en el linchamiento.(1)
Algunos autores han clasificado al linchamiento dentro del llamado vigilantismo que además comprende otros tipos de acciones, como los escuadrones de la muerte, la violencia paramilitar y parapolicial, la creación de grupos de vigilantes y el fenómeno de los justicieros (Huggins, 1991; De Souza, 1991 Benavides-Fisher, 1991); en términos generales el vigilantismo se refiere a la acción de pobladores a tomar la justicia por propia mano de manera ya sea espontánea o más o menos organizada. Estudios realizados en Brasil, Sudáfrica y Guatemala indican que el fenómeno se presenta de manera general en aquellos poblados con escasos medios de procuración de justicia por parte de las instituciones encargadas de ello. Un aspecto relacionado es la creación de rondas vigilantes organizadas para la autoprotección, ejemplos de esto se tienen en países como Argentina, Brasil, Guatemala y Colombia (Fazio, 2000). En México en fechas recientes se ha visto la propagación de grupos vigilantes en diversos puntos del país, como en Tulyehualco en el Estado de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua y en barrios de Tijuana en el Estado de Baja California, donde grupos de vecinos se turnan para hacer vigilancia por las noches ante el asedio de robos en comercios y casas. Tales hechos muestran un clima de aceptación a proceder por encima del Estado de derecho y a tomar la justicia por cuenta propia, por ejemplo en Tulyehualco tales acciones han resultado en detenciones arbitrarias e intentos de linchamiento que han sido evitados por la policía. (Zarco, 1999; Cornejo, 1999; Villalpando, 1999)
Los motivos que provocan estas respuestas son variados, las causas son diversas y no aparecen de manera claramente visible; se presentan intempestivamente ante el rebasamiento de los niveles de tolerancia a situaciones de impunidad, de tensión acumulada y desesperación. La transformación anímica de comunidades y su discurso de fatalidad dan un aire de fatiga que asimila el horror a la instauración ejemplar de un acto escaso de justicia, que transforma metonímicamente todo lo representado como incorrecto (asaltos, robos, violaciones, homicidios y ofensas simbólicas) reproduciendo la violencia histórica a la que han sido sometidas. La desconfianza a lo externo como significante de intrusión muestra la adscripción a lo parroquial como reclusión que reacciona violentamente ante cualquier figuración de amenaza mediante un ritual de desagravio. El linchamiento como acto es un fenómeno que presenta varios desafíos para su estudio, ¿Qué expresan? ¿Qué los motiva? La hipótesis sostenida aquí sobre la emergencia de un número cada vez mayor de linchamientos en los últimos años lleva a reflexionar sobre las condiciones sociales y políticas del país, la procuración de justicia, el funcionamiento del Estado de derecho, las oportunidades de empleo, la pobreza y en general a los efectos de la reestructuración provocada por la inserción de México al libre mercado.
DEFINICIONES BASICAS
Los linchamientos en América Latina han provocado en los últimos años, la atención de diversos estudios en ciencia social. A partir de hechos respaldados en los reportes de prensa y de medios electrónicos. En este renglón los estudios sobre violencia social principalmente en países como Brasil y Guatemala han mencionado este tipo de fenómenos, relacionándolos con causas engarzadas a condiciones políticas autoritarias y represivas en países con dictaduras militares en el pasado reciente y a contextos económicos deprimidos.
Para Martha Huggins el linchamiento «implica la acción de ciudadanos en contra de otros ciudadanos que presumiblemente han cometido un crimen o han violado una norma social» (Huggins, 199: 4), una forma de «violencia secundaria» en tanto que implica «violencia contra algún otro acto que es definido como criminal o violento». (De Souza, 1991: 27)
En este documento se entenderá por linchamiento un acto colectivo, punitivo, anónimo, espontáneo u organizado, con diferentes niveles de ritualización, que persigue la violencia física de individuos que
presumiblemente han infringido una norma sea esta formal o virtual (instituida por la colectividad) y que se encuentran en una considerable inferioridad numérica. Estos actos homogenizan las infracciones al castigo físico o a la muerte del infractor.
Los estudios en Brasil han documentado abundantemente este tipo de fenómenos, De Souza (1991: 27) registró datos de 268 linchamientos e intentos de linchamiento a partir de reportes periodísticos en la prensa brasileña entre los años de 1979-1988, lo cual arrojaba un promedio de 27 linchamientos al año(2). En Guatemala la cifra para el periodo de 1994 a 1999 fue de 240 linchamientos (un promedio de 48 anuales).(3) En República Dominicana el delito de violación ha impulsado el linchamiento como respuesta espontánea contra quienes cometen ese tipo de ilícitos y además ha levantado el clamor de castración en contra de los violadores.(4) Un informe de la policía metropolitana de Caracas, Venezuela, para los meses de julio y agosto de 1999, registró 21 linchamientos -uno cada tercer día- en los barrios populares, producto de la inseguridad y la impunidad, la mayoría de las víctimas fueron hombres entre 25 y 40 años involucrados en robos y violaciones de menores.(5)
También se tienen estudios de linchamientos o formas comparables de actos justicieros en Sudáfrica, en donde bajo el contexto revolucionario, los ciudadanos de barrios pobres, sometían a aquellos a los que consideraban que atentaban contra las escasas posesiones o violentaban alguna norma (Scheper-Hughes, 1995), y en Irlanda, en donde el IRA fue presionado para proporcionar seguridad policial en las áreas que estaban bajo su control. (Munck, 1995)
Estados Unidos tiene una larga historia de linchamientos relacionada con el racismo, de 4,730 linchamientos reportados entre 1882 y 1952, el 90% de las víctimas fueron afroamericanos. (Benavides y Fischer, 1991: 36). No obstante el trasfondo racista y la propia conformación de Estados Unidos como país le da una dimensión específica, lo que hace que se diferencie del fenómeno observado en América Latina.
En México el linchamiento o los intentos de linchamiento son desencadenados por situaciones diversas y con diferentes niveles de participación. Son precedidos principalmente por acusaciones de asalto, robo, asesinato, violación, inculpación de brujería o de robo de infantes. Estos hechos se han presentado con frecuencia abundante en los últimos años; la investigación en reportes periodísticos y los informes de organismos no gubernamentales sobre violaciones a los derechos humanos dan muestra de ello. Por ejemplo la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi reportó a La Jornada de nueve linchamientos ocurridos en el Estado de Oaxaca durante los últimos cinco años que arrojaron 17 muertes (6) y el México Country Report on Human Rights Practices for 1996 señala el aumento de linchamientos «básicamente en las comunidades rurales con limitado acceso al sistema de justicia criminal» (SU. Department of State, 1997).
Cierto que el linchamiento se ha presentado en distintos períodos de la historia de México. Por ejemplo durante la Colonia se presentaba ligado a las sublevaciones y motines de poblaciones indígenas (Taylor, 1987) y durante el período pos-revolucionario se presentaron ajusticiamientos como forma de contención de las bandas de asaltantes en las zonas rurales. En fechas más cercanas el linchamiento más recordado ha sido el de San Miguel Canoa, Puebla en septiembre de 1968, ya que además se imbricaba en el contexto de represión, descrédito y desinformación hacia el movimiento estudiantil y hacia cualquier tipo de disidencia con el régimen político en México en aquellos años.(7)
El presente trabajo es una aproximación a la complejidad del fenómeno, que pretende el acercamiento al linchamiento como manifestación de prácticas articuladas a un proceso de larga duración. Debe entenderse al linchamiento como un fenómeno complejo en el que se entrelazan varios motivos y temporalidades. Prácticas que se ahondan en las formas históricas de interpelación, en las condiciones sociales y económicas también históricas- y en el desarrollo de instituciones estatales sólidas. Es decir, en toda una forma de articulación subjetiva de relaciones constituidas en los ciclos largos. La personificación del castigo, la penalidad sobre el cuerpo del inculpado y toda la ritualización, hacen pensar en la constitución histórica, como sustancia, de categorías como lo nacional, lo estatal, lo penal y lo corporal.
Estos hechos desde luego se relacionan con la configuración histórica y política prevaleciente en el país: la conformación del Estado y las formas en que se han construido y funcionado los niveles de interpelación entre éste y los sectores desde el verticalismo autoritario-, formas que pasan por la mediación institucional en los sistemas de procuración de justicia, de representación política, de educación, de salud, de empleo, de justicia social, así como el impacto que sobre estos han tenido- en los últimos años- las reestructuraciones económicas y políticas a partir de la inserción de México en el mercado global.
LINCHAMIENTO Y FRAGMENTACION
Desde la perspectiva de esta investigación, el linchamiento implica dos momentos que se cierran uno sobre el otro, por un lado, la historia de la construcción del estado-nacional y su inscripción en la subjetividad; y por otro, las condiciones de trastocamiento en la reproducción de los actores sociales a partir de la apertura económica de México en la década de los 80.
El primer momento respondería a la debilidad histórica en la conformación de una esfera pública fuerte, incluida una escasa centralización del monopolio de la violencia; en donde comunidades suplieron la organización y control del Estado en formas de gobierno paralelas. Por ejemplo, algunas haciendas del norte de México durante el siglo XIX se constituyeron como verdaderas regiones independientes con sus propios regímenes de gobierno interno. El mismo caso sería para las comunidades indígenas que se conformaron alrededor de los núcleos de intercambio mestizo, caracterizadas por una permanente situación de precarios niveles de vida: desnutrición, pobreza, analfabetismo, alta mortalidad y morbilidad.
Debido a estos procesos históricos y estructurales de marginación, esta forma de resolución de disputas ha sido localizable en mayor medida en contextos rurales aunque no de manera exclusiva, presentándose ante el rebasamiento tolerable de las condiciones de precariedad y de lucha contra la muerte, de igual manera se entiende el por qué dicha reacción es dirigida contra cualquier amenaza potencial a la integridad comunitaria, sea esta simbólica, social o material (por ejemplo los casos de robo de imágenes religiosas, de brujería, robo de infantes-robachicos-o de la intrusión de agentes externos que se perciben en el imaginario como peligrosos) (Shadow y Rodríguez-Shadow 1991).
Ahora bien, la otra vertiente incluye a los linchamientos aparecidos en el contexto de la reestructuración económica de los 80, posibilitados por los escenarios de fragmentación social, incremento de la pobreza urbana, migración transnacional, desempleo, deserción escolar, crisis agrícola y delincuencia, el de los parias urbanos sin acceso a satisfactores y servicios, el del México roto, cuyo esfuerzo es ordenar desde abajo, lo que se percibe como un desorden inducido por las configuraciones recientes (Zermeño, 1996). A ambos momentos los atraviesa como forma común la débil solidez en el ejercicio institucional de la gobernabilidad, pero sobre todo la dificultad de obtener justicia de manera pronta y expedita. A este respecto, en un estudio sobre la vulnerabilidad del Estado de derecho en México, el penalista Rafael Ruiz Harrel (2000) concluye que para 1996 el número de posibles delincuentes que merecían sanción fue de 1, 675, 000, los que al pasar por el proceso judicial reducían su número a 110, 337 detenidos, cantidad que representaba el 6.6%. De estos 110.337 el total que quedó sujeto a proceso fue de 47.883 es decir el 2.8%. Entonces se tiene que de cada 1.000 delitos cometidos quedaron impunes 971, el 97%.
La procuración de justicia tiene limitaciones estructurales. Por un lado se tiene la falta de capacitación, la falta de personal que atienda en las procuradurías, bajos salarios de la policía judicial, mala selección de los Ministerios Públicos, falta de profesionalización en la investigación de los delitos, además de haberse convertido en instituciones clientelares y corruptas. Esto da como resultado que no haya la capacidad suficiente de dar cauce a las demandas de justicia, que no haya la posibilidad de que se investiguen todos los delitos denunciados. Ahora bien, estos datos nos llevan a la siguiente reflexión, si constitucionalmente el Estado expropia la violencia privada y canaliza los desagravios a través de las instituciones correspondientes, ante la impunidad generada por la incompetencia en la procuración de justicia y la corrupción del sistema político, lo que se perfila es la privatización del derecho penal, el tomar la justicia por propia mano, acto » en el que el impulso procesal lo tiene que hacer la víctima ante la pasividad, negligencia o corrupción de las autoridades» (Zepeda, 2000:173) En este punto coinciden juristas sobre la proliferación de linchamientos: «graves fallas, irregularidades, prácticas de corrupción, falta de profesionalización y leyes obsoletas que caracterizan la inoperabilidad de las instituciones del ramo, en las cuales la población ya no confía.» (Contreras, 1996)
RESULTADOS
Los resultados preeliminares que se presentan a continuación fueron obtenidos de la revisión hemerográfica, de diarios y revistas de circulación local y nacional, las fuentes consultadas han sido: La Jornada, Reforma, La crisis, Proceso y la agencia Detrás de la Noticia.
La investigación ha tomado un período de diecisiete años, de 1984 al 2000. Durante este período se han recabado 186 casos de linchamientos o intentos de linchamientos. En la siguiente tabla se puede observar que el 63.9% del total de los casos corresponde a linchamientos cometidos en zonas rurales, el 27.3% fue cometido en zonas urbanas, mientras que el 8.7% restante se cometió en zonas conurbanas (Tabla I).
Tabla I. Porcentaje (%) de linchamientos cometidos en
zonas urbanas, rurales y conurbanas.
ZONA PORCENTAJE DE LINCHAMIENTOS
Urbana
Rural
Conurbana
Total de casos 27.3
63.9
8.7
186
Un punto importante en el fenómeno, sobre todo en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, es aquel que se relaciona con la muerte de los inculpados. De los casos de linchamientos encontrados en la investigación el 30.2% terminó con la muerte de la víctima, si consideramos los casos donde aparte de las muertes se presentaron también heridos e ilesos el porcentaje se incrementa a un 40%. Los casos donde la víctima salió ilesa debido a la intervención de las autoridades o por desistimiento de los participantes corresponde al 25.3% de los linchamientos. Hubo un 32.4% de los casos en donde las víctimas solo fueron heridas.
El linchamiento termina con la muerte de la víctima en un 30.2 %, si se considera el porcentaje de víctimas muertas en casos dónde también hubo heridos e ilesos, el número de muertes se aproximaría al 40%; el 25.3% de ilesos tiene relación con el rescate de la víctima por parte de autoridades o por desistimiento. (Tabla II)
Tabla II. Porcentaje de personas muertas, heridas e ilesas en
los linchamientos cometidos en México durante el período 1984-2000
RESULTADO PORCENTAJE
Ilesos
Heridos
Muertos
Muertos y Heridos
Muertos e Ilesos
Porcentaje total 25,3
32,4
30,2
4,9
4,9
97,7
Nota: En el 2.3% de los casos no se reportó el estado de la víctima
Del porcentaje total de muertes ocurridos en los linchamientos registrados durante la investigación, el 30.1% de las muertes se presenta en casos ocurridos en la zona rural. El 5.9% corresponde a muertes ocurridas en la zona urbana durante el desarrollo del fenómeno. En los linchamientos llevados a cabo en la zona conurbana solo el 2.1% culminó con la muerte.
El hecho de que en las zonas urbanas se han presentado un menor número de casos de deceso en las víctimas del fenómeno, cuando se compara con la zona rural, se puede deber a la mayor rapidez de los
cuerpos policíacos y servicios de ayuda en las ciudades para rescatar a la víctima y a que la concentración de personas participantes en el linchamiento es comparativamente menor que las que participan en las zonas rurales.
En la exposición de los resultados de la investigación, se destaca el carácter eminentemente rural del linchamiento en donde además es altamente ritualizado y la víctima resulta en el mayor de los casos muerta. Los reportes hechos en esta investigación indican (hasta el momento), a la ciudad de México como la que mayores linchamientos ha tenido, esto es, la ciudad de mayor concentración del fenómeno. Si bien contabilizando para el resto del país el linchamiento aparece como más numeroso en zonas rurales, el número de mayores sucesos ocurre en una mega urbe, lo cual tendría que ponderarse en un futuro análisis. (Gráfica I y II)
Gráfica I. Número de linchamientos por entidad federativa
Una de las hipótesis con la cual se ha trabajado es que aunque históricamente se trata de un fenómeno rural, al menos en México, los linchamientos urbanos o peri-urbanos se han manifestado en números crecientes a través de la crisis económica. (Tabla III y Gráfica II). Ya que dentro de las infracciones que desencadenan esta reacción se encuentran en primer lugar los crímenes en contra de la propiedad (robo, asalto, desalojo), seguidos por los cometidos en contra de la integridad física de la persona (secuestro, asesinato, violación) y aquellos que infringen una norma de sociabilidad (brujería, robo a iglesia, fraude, traición). La violencia en contra de la propiedad es el motivo principal para que se tome justicia por propia mano, esto induce a pensar que estos crímenes situados en contextos de privación y aumento de condiciones de pobreza pueden representar un atentado en contra de la sobrevivencia de las familias, pueden ser visto como un obstáculo en contra de la propia reproducción socio-económica.
Tabla III. Linchamientos por año (1984-2001)*
AÑO FRECUENCIA PORCENTAJE
1984
1985
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
200
2001
Total 1
5
2
3
4
6
2
18
25
32
12
10
13
22
26
5
186 1%
3%
1%
2%
2%
3%
1%
10%
13%
17%
7%
5%
7%
12%
14%
3%
100%
*Para el año de 1986 no se encontraron registros, para 1990 la revisión aún no concluye.
CONCLUSIONES
En términos generales se puede ver en el linchamiento una violencia que enfrenta a personas contra personas a los que se define como criminales, a las que se les da un carácter de extraño y contra quienes se descarga una tensión social. Implica además, un rebasamiento de las condiciones de desigualdad socialmente aceptada. Ante las transformaciones de los últimos años: el retiro estatal, la fragmentación social y sus manifestaciones (pobreza, marginación, deserción escolar, migración, corrupción, delincuencia, crimen organizado, vigilantismo, violencia paramilitar, militarización de la seguridad pública), ante el despoblamiento de lo público y la desarticulación de espacios de interpelación, el esfuerzo por «ordenar» las nuevas dinámicas que se creen «desordenadas» se articula bajo los parámetros inmediatos de acción que manifiestan la debilidad o ausencia histórica de la mediación estatal y del horizonte político de la práctica. La sustitución de todo el sistema de administración de justicia detentado por las instituciones estatales a un efímero juicio sin oportunidad de defensa implica la no consolidación y ruptura del estado de derecho, la fragmentación comunitaria y la otrorización vigilante. Las manifestaciones de la fragmentación han conducido a la reapropiación de la violencia o su retención. Estas manifestaciones se pliegan sobre sí y originan efectos que reflexivamente informan la reapropiación y retención desembocando en acciones privatizadas, por propia mano. A través del linchamiento las comunidades (o segmentos de ellas) sustituyen al Estado y ocupan el lugar que éste ha abandonado, pero de forma tal que simplemente invierten, y de esa manera preservan, la violencia a la cual las comunidades mismas han estado históricamente sujetas.
