GERARDO REYES
El Nuevo Herald
BankAtlantic, una de las instituciones financieras más grandes del sur de la Florida, acordó pagar $10 millones al gobierno de Estados Unidos por fallas en su sistema de detección de operaciones de lavado de dinero presuntamente producto del narcotráfico, informó ayer desde Washington el Departamento de Justicia.
»Los controles internos inefectivos, pruebas independientes inefectivas, correctivos inefectivos… llevaron a un fracaso por parte del BankAtlantic en el reporte oportuno de transacciones sospechosas y en prevenir adecuadamente el uso del banco para el lavado de dinero», afirma la declaración factual de un acuerdo judicial firmado por representantes del banco y funcionarios de la división de confiscaciones y lavado de dinero del Departamento de Justicia.
En un documento de información criminal radicado en la corte Federal de Fort Lauderdale, la fiscalía acusó al banco de un cargo por no mantener un programa contra el lavado. El banco se acogió a un acuerdo judicial de postergación de un encausamiento.
El presidente del banco, Alan B. Levan, reconoció que hubo deficiencias en el cumplimiento de la ley para prevenir el lavado.
»Desde entonces [cuando fueron notificados de la acción] hemos trabajado incansablemente para asegurar que estamos cumpliendo la ley y otras regulaciones… estamos contentos de que hemos dejado este tema en el pasado», dijo Levan en una declaración publicada por el banco en su sitio en internet.
El acuerdo judicial no identifica los nombres de los cuentahabientes involucrados ni de los beneficiarios finales de las operaciones de lavado, pero sí describe la forma en que una de las sucursales del banco fue usada para depositar los dividendos producto presuntamente de la venta de drogas.
Según la declaración factual, oficiales encubiertos de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA) recibían dinero en efectivo, entre $150,000 y $500,000, de recaudadores callejeros que trabajaban para narcotraficantes.
En espera de las instrucciones de los expertos en lavado de la organización criminal, la DEA depositaba el dinero en una cuenta encubierta de un banco.
Al recibirse las instrucciones, los agentes se percataron de que más de $7 millones debían ser depositados en varias cuentas del BankAtlantic manejadas por el gerente de una sucursal. El gerente no fue identificado.
A pesar de que las cuentas donde fue depositado ese dinero mostraban varias señales obvias, »que debían poner en alerta a BankAtlantic de un creciente riesgo de lavado», el banco no identificó ni reportó las actividades sospechosas, afirma el sumario.
Entre las actividades sospechosas, los investigadores señalaron el flujo de transferencias cablegráficas de numerosas cuentas en Estados Unidos e internacionales, cuyos fondos eran enviados luego, en cheques o en forma cablegráfica desde estas cuentas, a individuos y empresas generalmente dedicados el negocio de exportación en Colombia, y no relacionados en nada con los remitentes.
El movimiento de una de las cuentas sospechosas fue analizado durante cuatro años y arrojó actividades que definitivamente debían encender las alarmas antilavado del banco, según el gobierno.
Según el documento, el gerente de la sucursal del banco tenía estrecha amistad con las personas relacionadas con las cuentas sospechosas.
